En este momento de asunción del poder por los partidos de derecha, conducidos por la expresión organizada de la extrema derecha que representa la Presidencia de la República asumida por José Antonio Kast, cuya principal impronta política de gobierno será mermar, suspender y de ser posible desconocer y suprimir los derechos laborales, sociales y democráticos de las y los trabajadores manuales e intelectuales del país.
Lo anterior generará una grave crisis social, económica y política que no hará posible sostener el modelo actual de manejo económico, tranquilidad social y estabilidad política que mal que bien desde el retorno a la democracia hasta ahora ha caracterizado al país.
Luego de la precuela de la crisis total que se cierne sobre el país, que va desde el estallido social (2018) a la elección del Presidente Boric (2022), la inestabilidad institucional del país se caracteriza y queda marcada por la definitiva crisis constitucional que causa el pueblo de Chile al ser consultado por institucionalidad política del país y haber rechazada sucesivamente, con contundentes mayorías tanto la Constitución de 1980 (2020), con un 78,3%, como la propuesta constitucional de las izquierdas elaboradas por la Convención Constitucional, con un 61,8% (2022), como también la elaborada por las derechas en el Consejo Constitucional, rechazada por un 55,7% (2023) de las y los chilenos, quedando así revalidada, sin que se sepa porque, la Constitución de 1980, que ya había sido rechazada con la más alta de las mayorías referidas.
Bien sabemos que las derechas basaron su campaña electoral en el tema de la inseguridad, las migraciones y, sobre todo, un nuevo y mejor manejo de la economía. Principalmente disminuyendo el gasto fiscal y el tamaño mismo del estado, ya que según ellas la demanda impositiva actual y la que se proyecta sobre el sector productivo privado es insostenible para los inversores y sus instancias de financiamiento. Asimismo, las derechas consideran injustas para la inversión privada y sus respaldos financieros las reformas laborales alcanzadas, tales como la jornada laboral de 40 horas semanales, la negociación colectiva, la titularidad sindical, el derecho de huelga, el salario mínimo, la obligación de la previsión social, la sala cuna universal, las guarderías infantiles, la igualdad de salarios entre hombres y mujeres, etc.
Dado que no hay propiamente tal una crisis de seguridad ciudadana, ya que tenemos la más baja victimización de la región y una de las más bajas del mundo, además hace años que la victimización entre los miembros de los hogares en está disminuyendo constantemente (de 27% a 22% entre 2017 y 2025) (ENUS-INE); tampoco hay una crisis migratoria, sino que una demanda creciente de migrantes por la carencia de fuerza de trabajo local, debido a la disminución de la natalidad en el país, así, ya el próximo año tendremos más defunciones que nacimientos. Obviamente es de esperarse espectaculares y publicitadas medidas tanto para aparecer controlando la delincuencia organizada como a las migraciones ilegales, con: intervenciones masivas en los barrios populares buscando “crimen organizado”, y al Tren de Aragua que viene de afuera, así como, expropiación de las mercancías de los vendedores callejeros y destrucción de sus puestos, también, cacerías de inmigrantes ilegales registrados, etc. Para todo este espectáculo y su parafernalia se impondrá el “Escudo de las Américas” que ha establecido el Presidente Trump para enfrentar en términos de guerra al narcotráfico y el crimen organizado, como ha sido suscrito por Kast antes de asumir su cargo de Presidente.
No obstante, las acciones prioritarias del nuevo gobierno no serán solo aquellas. Para las derechas y su actual liderazgo extremo sólo se recuperará el país de la crisis económica recortando o suprimiendo derechos laborales que resultan muy caros para el capital y sus expectativas de ganancias, solo así se garantiza el crecimiento. Para los expertos de las derechas y sus medios de comunicación hay que quitarle grasa al estado y transferir al sector privado la mayor parte de las funciones públicas, con costo al estado y sus mismos usuarios. En el gasto público: ¡Hay que ahorrar! Esa es la consigna. Pues así no hay que subir los impuestos, es más, bien se puede bajarlos, como se ha propuesto de un 27% a un 23% a las ganancias de capitales. En los hechos, antes de asumir el Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha ordenado recortar el presupuesto de cada uno de los ministerios en un 3%. Es de tener presente que la economía internacional se está viendo fuertemente afectada por la guerra declarada por Estados Unidos de América e Israel en contra de Irán, lo que, entre otras cosas, está elevando los precios del petróleo que han superado los USS 100 dólares el barril.
A no dudarlo, estas medidas de alto rigor en el gasto, tanto público como privado, generarán el aumento de un conjunto de parámetros socioeconómicos negativos, tales como: desempleo, endeudamiento, empobrecimiento, problemas intrafamiliares, trastornos de salud mental y victimización por delincuencia, etc., para la mayoría de la población; de igual manera, para las propias empresas proveedoras de bienes y servicios lo anterior causará la disminución de las ventas y aumentos de las deudas de sus clientes (insolvencia), lo que generará recesión económica. En fin, bien sabemos que: sin redistribución del ingreso no hay crecimiento económico.
Si se cumple lo anterior, no es necesario un análisis político muy avezado, para prever en un plazo acotado otro estallido social, como aquel que culmina en pleno segundo mandato del Presidente Piñera en 2018, o una sucesión de ellos según diversas circunstancias particulares, lo cual incluso ha sido temerosamente previsto por analistas de las derechas. Es a partir de aquí que deben surgir nuestras propuestas alternativas a las medidas económicas restrictivas del gasto público y la redistribución del ingreso entre quienes viven de su trabajo y quienes viven de las rentas de sus inversiones, no se trata de anunciar estos estallidos, sino de tomar medidas para prevenirlos.
Para los partidos de izquierda y los sectores progresistas del país, la única manera de tener convocatoria y recuperar la confianza de quienes viven la venta de la fuerza de trabajo es ser capaces de identificar, con ellos, sus demandas fundamentales, que son: los derechos sociales garantizados e ingresos que cubran sus necesidades cotidianas. Estas garantías socioeconómicas y sociales para las grandes mayorías nacionales son, además, determinantes en la demanda de bienes y servicios que conforman la única garantía y seguridad de crecimiento económico.
Pero para garantizar lo anterior se necesita asegurar tanto la existencia de instituciones públicas como de actores sociales y políticos que defiendan frente al estado y los representantes del empresariado y el capital los derechos de las y los trabajadores, esas son las organizaciones laborales, esos son los sindicatos, así como, la legislación laboral que reconoce y defiende sus derechos.
Hoy los partidos de las izquierdas y otros sectores progresistas y democráticos cuentan con cuadros políticos y profesionales que bien pueden organizar y ofrecer asistencia constante y de calidad a las organizaciones laborales, sean sindicatos, federaciones y confederaciones y otras formas de organización de las y los trabajadores, para que estas bien puedan defender y preservar sus derechos y el de las mayorías de las chilenas y chilenos. Esta que es la tarea inmediata y urgente que deben realizar los partidos de las izquierdas ahora, en estos momentos de predominio político de las derechas, no tan sólo para respaldar a las organizaciones laborales y sus representados, además, y esto es lo importante, para asegurar su sobrevivencia y desarrollo como partidos políticos que esos derechos dicen representar.
