Sorprende el discurso de la UDI, hasta hace unas semanas, es decir antes de que terminara el proceso en mi contra, la muerte de Jaime Guzmán era un crimen terrorista y de lesa humanidad. Hoy para los fines de extraditar a Galvarino Apablaza desde Argentina, ajustan su perorata diciendo que se trata de un delito común, argumento que según ellos es suficiente para quitarle el status de refugiado que le otorgó el país hermano. La pregunta es porqué el gobierno de Chile, al menos el Canciller, su embajador en Argentina y algunos de sus ministros, se suman a esta cruzada de la UDI, repitiendo argumentos que no le son propios, o que no deberían serlo. Será que no se dan cuenta o no quieren hacerlo, que bajo la manipulada cruzada antiterrorista de la UDI, se está persiguiendo a quienes luchamos en contra de la dictadura, oponiéndonos a esta, empleando cuando esto fue necesario el legitimo derecho a la rebelión.
La UDI no busca justicia sino venganza por la muerte de su líder y progenitor, el ideólogo de la dictadura Jaime Guzmán e intentan levantar, a la fuerza, su figura en la actualidad. Al final de cuentas son ellos los que defienden a raja tabla la Constitución que este diseñó para darle apoyo jurídico e institucional al sistema político y económico que crearon en 1973, cuando refundaron el país a balazos dando origen a la dictadura cívico militar de la cual formaron parte activa.
Y que busca el gobierno o que gana con ponerse a la cabeza de esta persecución enfermiza y que además contrate abogados para concretar tal atropello a los derechos de una persona, legalmente favorecida con el status de refugiado político. Porque en Chile , según mi experiencia vivida, no existen las condiciones para que sea juzgado en un juicio justo y respetándosele las normas del debido proceso.
Me pregunto entonces porque este gobierno no hace lo mismo y le pone el mismo empeño en presionar a la UDI para que aprueben la ley enviada por la presidenta Bachelet al Congreso, para derogar la Ley de Amnistía que Pinochet dictó para proteger a todos los involucrados en el golpe cívico militar de 1973 y particularmente a los militares y civiles torturadores y comprometidos en crímenes de lesa humanidad. O porque este gobierno o los anteriores, no han hecho nada para extraditar desde Estados Unidos a Armando Fernández Larios y a Pedro Barrientos, asesino este ultimo de Victor Jara, quienes viven en ese país desde hace ya varios años, en ambos casos, haciendo caso omiso de las reiteradas solicitudes de los familiares de detenidos desaparecidos y asesinados durante la tiranía de Pinochet.
Aunque la UDI diga lo contrario, los hechos demuestran que en Chile no existen las condiciones para que Apablaza sea juzgado en un juicio justo, respetando las normas básicas del debido proceso. Si le aplican la ley antiterrorista tal cual lo hicieron en mi caso, que se violaron los principios de presunción de inocencia, se violentó la legalidad y legitimidad del juzgamiento y se me condenó sin pruebas, con testigos falsos, violentándose todas las garantías constitucionales y procesales a las cuales no tuve derecho, lo que están haciendo es condenarlo antes de iniciar el proceso, de hecho se le pretende extraditar sin dar pruebas, a la justicia argentina, de su participación en el crimen que se le acusa.
Quien puede dudar entonces de que esta persecución paranoica de la UDI no es para que se haga justicia, es por venganza política, ellos saben que el crimen de Jaime Guzmán es un caso resuelto por la justicia chilena, sus autores fueron capturados y todos reconocieron los hechos hace mas de veinte años, por los cuales fueron condenados a largas condenas de prisión. Por tanto aquí no hay impunidad, por el contrario hay una actuación eficiente de la justicia, ¡otra cosa es que los autores del hecho se fugaron de la cárcel ¡. Por lo tanto si la UDI está en una cruzada para encarcelar a todos los dirigentes del FPMR, acusándonos de autores intelectuales de la muerte de su líder, lo que no es aceptable es que un gobierno democrático, ni menos el que dirige una presidenta hija de un general asesinado, por oponerse al golpe cívico militar de 1973, se vincule a la persecución de luchadores sociales. Podrán haber múltiples opiniones sobre lo que hizo o no hizo el FPMR, pero cosa distinta es perseguir a sus dirigentes y militantes en democracia, eso equivale a desconocer una verdad histórica, que el germen de la rebelión social de la cual formo parte el FPMR y que al final derrotó a la dictadura, surgió de un espacio ético político, ligado a la defensa de la vida y los derechos humanos, como una respuesta al terrorismo de Estado, cuando en nuestro país no había estado de derecho y en el periodo en el cual se violaron todos los derechos de los chilenos y chilenas.
Fue en ese contexto que el FPMR levantó el justo derecho de rebelión, el derecho de la resistencia ante la opresión de una tiranía de origen ilegítimo, que usurpó el poder y cometió graves abusos durante su ejercicio, la sistemática violación de los derechos humanos. En ese periodo histórico y mas allá de las distintas opiniones que hoy se levantan, fue moralmente válido usar el derecho legitimo de la fuerza para defenderse del terrorismo de Estado, con el fin de derrocar a la tiranía y para reemplazarla por un gobierno democrático.
Enrique Villanueva
Ex dirigente del FPMR
Perseguido político en democracia
