En las últimas semanas se reportó en la prensa inglesa que Ruth Perry, directora de una escuela pública en la ciudad de Berkshire, habría cometido suicidio debido, según su familia, a la presión por una reciente visita de inspección que recibió en su establecimiento hace algunos meses, y que resultó en un reporte negativo sobre la calidad de la educación en este. Las reacciones en dicho país no se hicieron esperar, asociaciones de directores de establecimientos educativos y sindicatos de profesores han exigido la abolición de la agencia encargada de la inspección escolar en Inglaterra, llamada Ofsted, y de este sistema de evaluación del desempeño por considerarlo punitivo. En su reemplazo, demandan un sistema que apoye de manera justa y efectiva la mejora de la calidad de la educación.
En Chile, el año 2011 fue promulgada la ley que crea el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación (más conocido como SAC), que implicó que los roles del Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Educación se vieran modificados, e introdujo dos nuevas instituciones: la Agencia de Calidad de la Educación y la Superintendencia de Educación. En esta nueva arquitectura del sistema escolar chileno, a la Agencia le corresponde evaluar y orientar el desempeño de todos los establecimientos educacionales del país, sin importar su dependencia. Para ello, las autoridades de la época, bajo el primer mandato del presidente Sebastián Piñera, se inspiraron marcadamente por el modelo de Ofsted, agencia que no ha estado exenta de críticas incluso antes de la lamentable muerte de Ruth Perry.
Bajo lineamientos del SAC, se espera que la Agencia implemente evaluaciones del desempeño de los establecimientos a través del SIMCE y otros instrumentos que recopilan información sobre otros indicadores de la calidad. Con esta información, se produce una ordenación de colegios desempeño en cuatro categorías de desempeño -Insuficiente, Medio Bajo, Medio y Alto- y aquellos en la categoría más baja (Insuficiente) reciben visitas de inspección de evaluadores de la Agencia, quienes emiten un informe evaluativo con recomendaciones. Crucial es que la ley establece el cierre de los colegios que persisten en la categoría Insuficiente por cuatro años consecutivos, algo que aún no ha sucedido, dadas las provisiones tomadas por parte de autoridades nombradas por los siguientes gobiernos y, notablemente, por la suspensión del SIMCE durante la pandemia.
Muchas y muchos hemos señalado que, más allá del cierre de colegios, la ley SAC actualmente tiene consecuencias negativas para las comunidades escolares, especialmente aquellos categorizados como de desempeño Insuficiente, donde se aprecia una mayor proporción de estudiantes vulnerables (cerca de 60% en promedio) comparado con colegios categorizados como de desempeño Alto (cerca de 40% en promedio). Pero más crucial aún, y pesar de los esfuerzos realizados por las últimas administraciones a cargo de la Agencia, no hay evidencia clara de que el actual enfoque del SAC haya logrado mejorar la calidad de la educación chilena en los últimos años. Por ejemplo, si bien se aprecia una disminución de establecimientos de enseñanza básica categorizados como Insuficiente, que pasó de 633 en el año 2016 a 345 en el año 2019, 292 de estos colegios cambiaron a y se han mantenido en la categoría de desempeño Medio Bajo, ¿Es posible considerar esto una mejora de la calidad?.
Por lo tanto, urge ingresar modificaciones a esta ley que impulsen un cambio de rumbo y de paradigma para promover la mejora, ya no desde la presión sino desde el acompañamiento a estas comunidades educativas que requieren aprender a mejorar. La alerta Ofsted está encendida.
Álvaro González Torres.
Investigador Centro de Investigación para la Transformación Socioeducativa ( CITSE) UCSH
