El Informe Final de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento (CPPYE) representa un esfuerzo inédito en cuanto a metodología, pluralismo de voces y diagnóstico sobre el conflicto histórico entre el Estado de Chile y la nación mapuche. Sin embargo, su potencial transformador se ve atenuado por una omisión crítica: el reconocimiento explícito del carácter genocida que ha tenido la relación estatal con el pueblo mapuche desde la invasión militar a Wallmapu en el siglo XIX.
A lo largo de casi 150 años, las políticas estatales han operado mediante mecanismos que hoy, bajo el prisma del derecho internacional, se inscriben en lógicas genocidas: despojo territorial, destrucción de estructuras de gobernanza ancestral, asimilación cultural, prohibición lingüística y desplazamientos forzados. Todo ello ha contribuido a la desarticulación de la nación mapuche como sujeto colectivo con autodeterminación. Como sostiene el equipo de investigación del libro AzMapu, “el pueblo mapuche habita en un territorio gobernado por el pueblo chileno, en un orden político y económico impuesto y no consentido [...] por lo tanto, podemos reafirmar la vigencia del colonialismo interno en el sur de Chile” (Melin et al. 2016, p. 100).
El informe de la CPPYE reconoce la existencia de un conflicto estructural, propone una agencia de reparación y una inversión máxima de 4.000 millones de dólares para la restitución de tierras (2025, p. 72-88). Pero las propias cifras que contiene revelan la ineficiencia del modelo vigente: a este ritmo, se requeriría más de un siglo y medio para resolver la demanda de tierras ya reconocidas por el Estado. La restitución, piedra angular de cualquier intento de reparación, se encuentra hoy coartada en un engranaje burocrático, presupuestario y legal.
La Comisión se limitó a evaluar las compras realizadas por el mecanismo del artículo 20B de la Ley Indígena, excluyendo el artículo 20A y sin considerar otras formas de restitución administrativa. Como revela el propio informe, existen 1.252 comunidades con solicitudes en espera de reconocimiento de aplicabilidad y 727 con aplicabilidad ya otorgada, pero sin tierras asignadas (2025, p. 57).
Además, el sistema actual obliga a las comunidades a identificar predios que propietarios privados estén dispuestos a vender, muchas veces en contextos de especulación o tensión social. La CONADI, por su parte, no siempre cuenta con recursos inmediatos. Y una vez adquiridas, las tierras deben ser administradas colectivamente bajo normas que impiden subdividir, arrendar o establecer alianzas productivas. Este modelo produce frustración, subutilización de suelos y un nuevo ciclo de dependencia estatal. Como advierte Elisa Loncon, “No es cierto que seamos pobres, sino que nos han empobrecido quitándonos el territorio, la lengua, la sabiduría, nuestra forma de pensar”, profundizando que “[e]l despojo territorial y lingüístico está en la base de la colonización y de la imposición de este sistema económico y cultural (2023, Página 12).
La reparación debe ir más allá de la tierra: debe ser simbólica, cultural, institucional y política. Debe incluir el reconocimiento explícito del daño histórico, la oficialización del mapuzugun, el apoyo efectivo a la revitalización cultural y la devolución de sitios sagrados. La justicia no se reduce a hectáreas; también es memoria, dignidad y verdad. Como afirman los propios participantes de los Diálogos Interculturales convocados por la Comisión, el reconocimiento constitucional y el derecho a la autodeterminación son condiciones indispensables para un nuevo pacto de convivencia (2025, p. 37).
En este marco, urge establecer un mecanismo de restitución administrativa que permita al Estado devolver tierras sin la mediación mercantil, especialmente aquellas que están en manos fiscales o de empresas forestales beneficiadas por políticas extractivistas del propio Estado. Es igualmente urgente crear una institucionalidad mapuche autónoma, vinculante y dotada de poder real para incidir en políticas públicas. Tal como plantea el historiador Fernando Pairican, la lucha por la autodeterminación del movimiento mapuche ha tenido una dimensión profundamente territorial, en tanto proyecto de reconstrucción nacional frente al despojo estructural del Estado chileno (2020).
El informe de la CPPYE constituye una base legítima de trabajo y consenso transversal. Pero la paz no se logra sin verdad completa. Aún falta el paso político y ético de mayor envergadura: que el Estado de Chile reconozca el genocidio histórico cometido contra la nación mapuche. Y que, a partir de esa verdad, se construya una reparación integral, con autonomía territorial efectiva, justicia redistributiva y derechos colectivos garantizados por una nueva Constitución.
No basta con escuchar; hay que transformar. No basta con cifras; hay que sanar. No basta con intenciones; hay que restituir. Solo entonces podremos hablar de paz y entendimiento verdaderos.
Referencias:
Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento (CPPYE). (2025). Informe final. Gobierno de Chile. Disponible en: https://www.comisionpazyentendimiento.gob.cl/wp-content/uploads/2025/05/INFORME-FINAL.pdf.
Loncon, E. (2023). El despojo territorial y lingüístico está en la base de la colonización y de la imposición de este sistema económico y cultural. Página 12. Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/577680-elisa-loncon-el-despojo-territorial-y-linguistico-esta-en-la.
Melin Pehuen, M., Coliqueo Collipal, P., Curihuinca Neira, E., & Royo Letelier, M. (2016). AzMapu: Una Aproximación al Sistema Normativo Mapuche desde el Rakizuam y el Derecho Propio. Disponible en: https://bibliotecadigital.indh.cl/server/api/core/bitstreams/1d561f02-5b7a-4093-9c4a-00af8fd93d06/content.
Pairican, F. (2014). Malon: La rebelión del movimiento mapuche 1990-2013. Pehuén Editores.
