En memoria de Patricia Ojeda Campos
Quizás lo que leas será incómodo, lamentablemente, porque nuestra sociedad aún permanece sin cuestionar transversal y universalmente las distintas formas en que se manifiesta la violencia de género, pero no puedo permanecer en silencio.
A diario muchas personas, familias y comunidades lamentamos cómo mueren mujeres en manos de hombres con quienes mantuvieron un vínculo de familia o pareja, las distintas formas de violencia no constituyen un fenómeno aislado ni una sucesión de hechos individuales. Por el contrario es la expresión de una estructura histórica de desigualdad que, durante siglos, ha normalizado la subordinación femenina, legitimando diversas formas de discriminación, exclusión y violencia. Comprender esta realidad nos interpela a mirar el pasado para entender por qué, en pleno 2026 las mujeres continúan enfrentadas a situaciones de violencia sólo por el hecho de ser mujeres.
En Latinoamérica, particularmente en Chile, la construcción de las sociedades republicanas no significó la igualdad entre hombres y mujeres. Aunque discursos marcados de conceptos como libertad e independencia propiciaron el nacimiento de los Estados nacionales, las mujeres permanecieron excluidas de los espacios de decisión política, de la ciudadanía plena y de la autonomía sobre sus propias vidas. El derecho al voto, el acceso a la educación superior, la administración de sus bienes y el reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos fueron conquistas alcanzadas tras décadas de organización y resistencia .
Las manifestaciones de violencia hacia la mujer, no se limitan solamente a la agresión física, se hace presente también en la violencia psicológica, sexual, simbólica, institucional, política y en el control económico. Todas ellas tienen un origen común: la desigual distribución del poder entre hombres y mujeres, sostenida por patrones culturales y de conducta profundamente arraigados, que como sociedad tenemos el desafío monumental de re educar. Históricamente han sido los movimientos feministas latinoamericanos, desplegados por los territorios, quienes han denunciado que los asesinatos de mujeres no eran homicidios simples, sino crímenes motivados por la condición de género de las víctimas, por ser mujeres. Diana Russell, académica y activista feminista, acuñó el término femicide en la década de 1970, posteriormente desarrollado en América Latina por intelectuales como Marcela Lagarde, quien impulsó el concepto de feminicidio para enfatizar también la responsabilidad del Estado cuando existe impunidad o negligencia institucional, cuando los poderes del Estado no cumplen su rol.
En Chile, el delito de femicidio fue incorporado mediante la Ley N. º 20.480, promulgada en 2010, inicialmente apuntada a los asesinatos cometidos por cónyuges o convivientes. Posteriormente, la Ley N. º 21.212, más conocida como Ley Gabriela, amplió significativamente este delito, reconociendo que la violencia extrema contra las mujeres puede producirse también fuera de las relaciones de convivencia, cuando está motivada por razones de género. Este avance en materia jurídica significó un cambio cultural fundamental, donde el Estado deja de considerar estos asesinatos como simples delitos comunes, para reconocer que su raíz está presente en la estructura de desigualdades de género. Cabe destacar que una ley en sí misma no genera un cambio cultural, eso nos exige mucho más que la legalidad.
En el presente siglo XXI las movilizaciones feministas en Chile y Sudamérica han dejado en evidencia que la violencia contra las mujeres trasciende todos los espacios sociales. El movimiento “Ni Una Menos” , surge en Argentina en 2015 y rápidamente se extiende por el continente, convirtiendo el rechazo a los femicidios en una demanda regional por acciones concretas de prevención, justicia y reparación. En Chile, las movilización feminista de 2018 visibilizó con determinación la violencia sexual, el acoso en universidades, la discriminación laboral y las desigualdades permanentes. Más tarde, en pleno estallido social de Chile en 2019, la performance "Un violador en tu camino" , creada por el colectivo Las Tesis, se transformó en un símbolo mundial de denuncia contra la violencia patriarcal y la impunidad. Éstas movilizaciones de mujeres no han ido en busca del privilegio; exigen derechos fundamentales: vivir sin miedo, transitar libremente, trabajar en condiciones de igualdad y desarrollar una vida libre de violencia. Chimamanda Ngozi Adichie en su charla TED (2012), convertida en un ensayo fundamental de lo que significa ser feminista en el siglo XXI, Todas deberíamos ser feministas, nos señala: "La cultura no hace a las personas. Las personas hacen la cultura. " Siendo esta afirmación en emplazamiento a nuestra sociedad, que nos lleva a reflexionar acerca de la violencia contra las mujeres, como conducta normalizada culturalmente, que también es posible re educar, para lograr un trato distinto, basado en el respeto, la igualdad y la dignidad humana.
Siguiendo esta línea, Rosa Luxemburgo advertía: "Quien no se mueve, no siente las cadenas. Esto quiere decir que la transformación social no ha constituido una promesa o un obsequio de quienes están en la cima del poder; más bien es la consecuencia de personas que se determinaron a cuestionar o preguntar el por qué de una estructura que parecía inamovible. Por ello las luchas de las mujeres por derechos fundamentales como la educación universitaria, el voto, participación como candidatas en elecciones populares y vivir una vida libre de violencia, son una respuesta a las estructuras cargadas de injusticia. Teniendo presente este contexto, resulta imposible permanecer indiferente a los casos de violencia, y su manifestación más nefasta, el femicidio, que continúan ocurriendo a diario en nuestro país.
El femicidio de Patricia Ojeda Campos, terapeuta ocupacional y funcionaria de la Municipalidad de Temuco, ocurrido recientemente el 26 de junio de 2026 y de conocimiento público, nos duele profundamente y hace reflexionar que detrás de cada mujer hay una vida, una familia, vecinas y vecinos, espacios laborales compartidos y una sociedad que debe preguntarse qué estructura institucional falló para impedir que Patricia siguiera entre nosotras y nosotros, sabiendo que cumplía una tarea profesional como Terapeuta Ocupacional llena de convicción y un trato digno a las personas que atendió, una mujer joven, madre de dos niñas que no encontró justicia, pese a la denuncia por violación que hizo a su agresor, Yerko Mendoza Carrasco (27), que transitaba libremente por las calles de Temuco, pese a que ese delito amerita la prisión preventiva, que pidió el Ministerio Público y el Tribunal de Garantía desestimó. A Patricia la mataron por el hecho de ser mujer. Y esto nos hace reflexionar sobre la necesidad de fortalecer las redes de protección, mejorar la respuesta institucional, reforzar la perspectiva de genero en las instituciones y poderes, así como desarrollar una labor tendiente a consolidar una cultura que no tolere ninguna forma de violencia contra las mujeres. Porque cada mujer asesinada, cada mujer agredida, cada niña violentada y cada víctima silenciada representan un fracaso colectivo e institucional.
Aún produce incomodidad hablar de violencia de género, pero quisiera enfatizar que hablar de ello no significa enfrentarnos, significa dar cuenta de una realidad presente, estudiada y documentada durante décadas por los Estados y sus instituciones, por la academia y organismos internacionales. Es comprender que la igualdad no constituye una amenaza a nadie; significa algo mucho más importante, fortalecer la democracia y que toda la sociedad pueda sentirse protegida por sus derechos adquiridos.
Para avanzar en disminuir y a futuro erradicar la violencia de género, debe existir una apertura en todo nivel para educar en igualdad, fortalecer las políticas públicas, garantizar el acceso efectivo y universal a la justicia, que ello no dependa del nivel socioeconómico o los contactos personales. Es una cuestión cultural, ¿un desafío a mediano o largo plazo?.
El verdadero sentido del feminismo o las luchas de las mujeres no la supremacía de un sexo sobre otro, sino la convicción profunda de que todas las personas nacen con igual dignidad y deben vivir libres de violencia.
Patricia Paillao Millán, Trabajadora Social, Mg. en Gerencia Social, Consejera Regional de La Araucanía, ppaillao@gorearaucania.cl
