El asesinato de un joven chileno, sucedido anoche, el atropello criminal, también por un vehículo policial de otros dos jóvenes en los meses pasados, la muerte de otro por un apaleo policial despiadado y otros innumerables casos de violencia policial que en nada tienen que ver con mantener el orden publico, tienen responsables políticos que no pueden quedar en la impunidad. Es la violencia institucional la causante de estas muertes y abusos, no son “los violentos”, como califica el gobierno a los y las manifestantes que reclaman por sus derechos los que causan esto, es la violencia ejercida desde el estado la que está haciendo estragos en la población y que se ha normalizado en el ejercicio del poder.
El gobierno es hoy el principal promotor de la violencia institucional, que ejerce carabineros, e insiste en hacer caso omiso de esta realidad, evitando tomar medidas efectivas para controlar a la fuerza policial y dejar de avalar los atropellos a los DDHH que está cometiendo carabineros para poner fin a esta situación. El gobierno con esto está cimentando la impunidad, legitimando los 30 casos de asesinatos, las denuncias de torturas, de agresiones sexuales y violaciones a jóvenes en cuarteles policiales, generando con ello el rechazo a la fuerza policial y la perdida de confianza de los chilenos y chilenas en la democracia y en las instituciones democráticas.
Queda en evidencia con esto que el gobierno cambió de rumbo, aislado y arrinconado entre la democracia y el autoritarismo, se reorientó hacia el ADN de sus principales asesores y hacia la herencia de la dictadura, cuyo concepto central no es el de un gobierno que procura niveles de igualdad de participación entre los ciudadanos y ciudadanas para participar en los asuntos públicos. Todo demuestra que sus acciones se sustentan en la relación de mando obediencia, situación en la que la noción de gobernar no se guía por el apoyo o el rechazo que los ciudadanos prestan a sus instituciones, fundamentalmente a través de las opiniones, sino que a través de la imposición sea de políticas injustas o de la represión en toda su extensión.
La rebelión social que levantó a millones de personas es también en contra de esta violencia institucional, que es ejercida por la represión policial y también por un modelo económico, el que reproduce la desigualdad del orden social institucional y legal existente. Agrediendo a las personas, ejerciendo su violencia día a día en contra de la vida de millones de chilenos y chilenas, a través del abuso y la desigualdad social, con el maltrato permanente del pueblo y en particular a los sectores humildes de la población.
El gobierno dice “rechazar la violencia venga de donde venga” pero en la práctica solo reprime a quienes no comparten el modelo de sociedad que pretende defender, esconde la violencia y la corrupción que causa miles de muertes cada mes y que afecta fundamentalmente a los trabajadores y trabajadoras. Cuántos chilenos y chilenas son agredidos o abusados por quienes les pagan sueldos miserables, que les privan de protección social, cuántas familias son maltratadas por la indiferencia y negligencia funcionaria, cuántos mueren todos los meses por falta de recursos médicos, por falta de soluciones o, que son ofendidas cuando se presentan a reclamar por sus derechos.
Por esto es que el pueblo está en las calles, reclamando en contra de esta violencia institucional, manteniendo latente el espíritu de rebelión justa, aguantando una represión brutal, justificada en los medios de comunicación social, de manera irresponsable, como la lucha del gobierno, supuestamente, por la paz y el orden social. Y por eso también queremos terminar, como un primer paso, de una pelea larga, con la Constitución heredada de Pinochet y con todos sus enclaves autoritarios, porque es hoy, la única manera de empezar a terminar con el imperio del abuso de las cúpulas políticas, empresariales y militares que limitan y coartan nuestros derechos políticos, económicos y sociales.
Para el gobierno, desprestigiado y rechazado por la mayoría de los chilenos y chilenas, esta realidad no existe, pretende en cambio insistir en la represión cada vez más descontrolada y en una agenda social “que es de titulares y luces”, que estruja el Estado antes de exigir a los dueños del país a pagar impuestos y resolver así los recursos que se necesitan para dar respuestas sinceras a las demandas ciudadanas que gatillaron la crisis social actual. Se agrega a esto, la campaña del miedo que está impulsando la derecha con el objetivo de mantener la constitución diseñada e impuesta por la dictadura, utilizando a los medios de comunicación social, particularmente la televisión y los medios escritos, para crear la imagen de un país sumido en la violencia, ocultando la verdadera carnicería desatada por carabineros en contra de estudiantes y manifestantes en general.
Esta lectura mentirosa de la realidad, ha centrado el discurso en la necesidad de “aislar a los violentos” para recuperar la paz y el orden ciudadano, introduciendo leyes que centran la atención en mas facultades para reprimir la protesta social y justificar la sistemática violación a los derechos humanos que hoy sufrimos en Chile. Pero no solo es el gobierno el que avala estas conductas represivas y dictatoriales, también lo hacen los parlamentarios que rechazados por la mayoría de los chilenos y chilenas continúan legislando en contra del pueblo, aprobando leyes que le entregan mas facultades al gobierno para que utilice a Carabineros y a las FFAA en el control publico. La clase política está desconectada con los intereses del pueblo, actúa como si en Chile no hubiera pasado nada, no se hace cargo de sus responsabilidades, como actores principales, de su vinculación a la corrupción. De la política cupular que implementaron, alejándose del pueblo que les eligió, articulando la decadencia política y moral que la crisis social actual pone al descubierto.
Es cierto que el objetivo de la represión brutal de carabineros, de “sacar a la gente de las calles”, actuando como verdaderas jaurías rabiosas, se ha cumplido en parte, pero no ha terminado con la rebelión social iniciada en octubre pasado, la que se mueve ahora en el ámbito territorial. La rebelión social, que es más que un estallido para provocar una catarsis, tiene raíces profundas, es un reclamo por las injusticias sociales, el abuso y la corrupción, que es lo que la mantiene y hará que crezca aún más. En este contexto, la tarea hoy, es terminar con la Constitución dictatorial, porque es allí donde se precisan los derechos y obligaciones de los ciudadanos y las relaciones entre los poderes del Estado y éstos, con los ciudadanos y ciudadanas, relaciones que en la Constitución de Pinochet, se regulan por un marco ideológico ultraconservador impuesto, por una minoría, a balazos en 1973. Hoy, la derecha heredera del dictador pretende mantener la Constitución actual, aludiendo a lo de siempre, a infundir miedo e intranquilidad, reviviendo discursos añejos y sin sentido, sacando a relucir su eterno odio de clases, acusando a “la izquierda de violentista”, a “los comunistas” ( su eterno cuco quita sueño), intentando desconocer el plebiscito ya aprobado para este año, que con el “apruebo” se inicia el camino para terminar con la herencia pinochetista en todas sus formas.
La derecha argumenta que la Constitución no va a resolver los problemas del país, que cambiar la carta fundamental solo traerá incertidumbre y etc., lo que es una vulgar mentira, una nueva constitución sí que cambiará las cosas, porque en ella, en la actual se consagraron todas las trabas que hoy impiden terminar con el robo y saqueo del agua, con el abuso laboral, con el negocio que han hecho de la educación, con las pensiones entre otros. En la Constitución de Pinochet, defendida hoy, a ultranza por la derecha el país quedo bajo un sistema construido para el beneficio de la minoría que es la dueña de Chile, imponiéndonos un modelo económico y neoliberal, un modo de gobernanza, que implica una mínima intervención del Estado y que funciona bajo una lógica de mercado, en el cual el Estado es subsidiario y las reglas que rigen nuestra vida, son definidas por aquél, dejando a la mayoría ciudadana sin derechos y a la minoría, con facultades para imponer la desigualdad y el abuso que les permite acrecentar sus ya siderales riquezas.
Es cierto que ya han transcurrido mas de tres meses de movilización en la calles y que el gobierno sigue allí, parado y reprimiendo, pero es cierto también, que producto de esta masiva y significativa movilización social, el gobierno está atrincherado en el poder debilitado, sin legitimidad de ejercicio porque es rechazado por la mayoría de la población, junto con el parlamento y la clase política. Esto es un logro significativo del pueblo movilizado, como lo es también el aprobar la realización de un plebiscito para cambiar la Constitución, que es la base de apoyo donde se afirma y protege el modelo de sociedad y económico que alimenta la desigualdad social y el abuso, cambiar esto es un paso importante para alcanzar un país mas justo e inclusivo.
Chile está en movimiento, aunque los medios de prensa y el gobierno intenten mostrar una realidad de calma inexistente, la organización y la construcción social, el debate político recorre hoy ciudades y comunas. Se ha transformado en una solida base para asegurar este primer gran paso, que es aprobar el plebiscito y el cambio de la constitución dictatorial, para luego, manteniéndonos en las calles, lograr el segundo objetivo, que es diseñar y aprobar una nueva Constitución, incluyendo en ella la igualdad y los derechos de la mujeres y la participación de los pueblos originarios. En estos meses y debido a la movilización social, estamos viviendo el proceso de cambio constituyente con el pueblo en las calles, activando una política limpia desde las bases sociales, lo que es determinante en esta coyuntura constituyente. Los chilenos y chilenas hemos retomado la capacidad de construir organización social, lo que fue el camino y determinante para derrotar a la dictadura. Aprendimos también a defendernos de la agresividad del sistema opresor, una herencia que está presente hoy, en este proceso de rebelión social que se inicio el 18 de octubre y es una experiencia necesaria para enfrentar ahora un proceso que requiere de la capacidad de auto convocarse, educarse y ejercer el poder soberano, que es en la practica el poder constituyente.
En estos cuatro meses hay héroes y heroínas que han sacrificado sus vidas, su integridad física, muchos de los cuales perdieron sus ojos, luchando por un nuevo chile, si abandonamos las calles, si no fortalecemos la capacidad de auto convocarnos con disciplina, todo el daño producido cobardemente por un gobierno y por una fuerza militar policial deslegitimados, quedará en la impunidad. Todos estos esfuerzos deben plasmarse en mejores niveles de organización, construyendo hoy organización social para un futuro, para que la participación política del pueblo no sea solo asistir a votar, sino que, de participar activamente en la lucha por sus derechos y en exigir el cumplimiento de sus demandas por una vida digna y mejor.
Finalmente, los gobiernos autoritarios que usan el estado de derecho para justificar la violencia institucional, tienen un límite, como lo tuvo la dictadura de Pinochet, y el gobierno de Piñera no será la excepción. Reprimen el derecho a manifestarse, lo que es un delito, hasta un punto sin retorno, en el cual la violencia desprestigia y debilita el poder que lo sustenta y al final, la violencia termina siendo una herramienta ineficaz para la recomposición del gobierno, debilitado frente al pueblo que lo rechaza.
Así entonces, que sigan alzadas las bandera de libertad, que resuenen mas fuerte los cánticos rebeldes de Víctor Jara, de los cantores y cantoras populares, para renovar juntos los compromisos y las energías junto a la única voluntad valida, la de un pueblo en lucha por sus derechos y la justicia social…
Enrique Villanueva M.
