La separación entre el Estado de Chile y la Iglesia Católica romana, consumada en 1925, fue un hito fundacional de nuestra República. Cien años después, la tarea de construir una laicidad que refleje nuestra diversidad sigue vigente. No se trata de un modelo único, sino de un desafío que cada democracia moderna resuelve a su manera.
En el Chile post-dictadura, la democracia en reconstrucción necesitó repensar esta relación. El Estado fue dotando a su institucionalidad de herramientas para erigir una infraestructura acorde con un país que se declara laico, pero cuya sociedad es profundamente diversa en su fe y espiritualidades. Fue en este espíritu que nació, al alero del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos (ONAR).
Durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric, que ahora culmina, la ONAR asumió el desafío de fortalecer el vínculo entre el Estado y las entidades religiosas con un horizonte claro: una laicidad democrática que, sin confundir ámbitos, permita converger en aquellas convicciones comunes que construyen país. La premisa es simple pero poderosa: la religiosidad y las espiritualidades son parte de la cultura y cosmovisión de millones de chilenos. Ignorarlas al diseñar políticas públicas no solo es irracional, sino que desconoce que las organizaciones basadas en la fe son un pilar fundamental del tejido social, resolviendo problemas públicos y encarnando valores tan importantes como la solidaridad.
Para llevar adelante esta visión, se definieron cuatro pilares de gestión: la promoción de la libertad religiosa, el fomento del diálogo interreligioso, el reconocimiento del rol de las comunidades de primera acogida, y la mediación y facilitación. Este trabajo no solo orientó el quehacer de la oficina, sino que posicionó el modelo chileno de laicidad como una referencia en la reflexión regional, específicamente en el seno de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El camino, sin embargo, no estuvo exento de obstáculos. Desde dentro del propio gobierno, hubo que convencer a autoridades escépticas, que veían en este acercamiento un riesgo para el pluralismo y la laicidad. Y, al mismo tiempo, fue necesario resistir la tentación —siempre latente— de caer en un trato clientelar con las comunidades de fe, reduciéndolas a un reservorio de votos.
El balance de esta gestión no es una página en blanco, sino una base sobre la que se debe seguir construyendo. Queda por ver si las nuevas autoridades sabrán resistir las mismas tentaciones del pasado y si las fuerzas políticas estarán dispuestas a seguir problematizando la importancia del hecho religioso en nuestra realidad republicana. Porque el verdadero riesgo, al final del día, no es que la fe se separe del Estado, sino que, en un afán mal entendido de laicidad, terminemos separando a la propia sociedad.
