Ante el avance del calendario electoral, las candidaturas presidenciales comienzan a delinear sus estrategias de cara a fin de año. En este marco, resulta llamativo que en el campo de las derechas persista un silencio casi absoluto —salvo algunas excepciones puntuales, como la del senador Francisco Chahuán (Renovación Nacional) en el programa Stock Disponible de Canal Via X— respecto de dos cuestiones que me parecen de gran relevancia en el debate público.
La primera encrucijada tiene que ver con la relación ambigua de las derechas frente al voto extranjero. En Chile, las personas extranjeras con residencia pueden votar, pero no estarían obligadas a hacerlo, ni tampoco reciben sanciones si según el proyecto que se está debatiendo actualmente en el Congreso. Esto ya representa una paradoja normativa. Sin embargo, lo más problemático es la contradicción política que emerge: figuras como Johannes Kaiser y José Antonio Kast, quienes han sostenido un discurso duro contra la inmigración —el segundo incluso propuso en 2017 la construcción de una “zanja” para detenerla—, podrían, sin embargo, verse beneficiados electoralmente por ese mismo voto extranjero, particularmente de comunidades como la venezolana. Es un hecho paradójico: sectores migrantes que votan por candidatos que, en teoría, querrían expulsarlos. La pregunta es evidente: ¿cómo va a resolver esta contradicción las derechas? ¿Persistirá en una retórica de cierre mientras aprovecha los beneficios de ese electorado?
La situación se vuelve aún más tensa si se considera que, lamentablemente, la inmigración venezolana ha sido percibida de manera cada vez más negativa en el imaginario social, en parte por la infiltración del crimen organizado procedente de ese país, como es el caso del Tren de Aragua. Esta organización criminal ha operado con la colaboración de personas que incluso se encontraban en situación migratoria regular, y que asumían funciones clave dentro del aparato financiero del grupo. Tal hecho ha contribuido a una criminalización generalizada de la comunidad venezolana, lo cual ha reforzado un rechazo social que, conviene advertir, no se aplica con la misma intensidad a inmigrantes provenientes de Europa, Norteamérica o incluso Brasil. Se trata, por tanto, de un rechazo selectivo, racializado y condicionado por percepciones sobre seguridad y delincuencia.
En este punto, sería pertinente conocer qué tipo de política migratoria y de seguridad implementaría un eventual gobierno encabezado por José Antonio Kast o Johannes Kaiser. ¿Se propondrán una política de expulsiones masiva al estilo Donald Trump? ¿O optarán por una línea más pragmática, adaptada a las limitaciones legales y diplomáticas actuales?
El segundo gran silencio de las derechas tiene que ver con el escándalo de los narcomilitares en la Fuerza Área de Chile (FACh). Hasta ahora, ningún candidato relevante del sector ha asumido públicamente una postura clara sobre este caso. Resulta preocupante, dado que las Fuerzas Armadas ocupan un lugar privilegiado en el imaginario nacionalista chileno, donde se las concibe como la reserva moral de la nación. Que ese mismo cuerpo haya sido infiltrado por redes de narcotráfico extranjero representa una profanación de ese ideal. No se trata de una mera irregularidad administrativa, sino, como lo señaló el propio director general de la FACh, Hugo Rodríguez González, de una verdadera “traición a la patria”. Soldados enviados a custodiar la frontera terminaron coludidos con el crimen organizado, tentados por el dinero fácil que ofrece el mercado de la ketamina, dominado precisamente por el Tren de Aragua, según ha indicado el fiscal nacional Ángel Valencia.
En este escenario, uno esperaría una reacción firme por parte de estas candidaturas una postura clara. Pero, hasta ahora, reina el mutismo. Urge, en cambio, abrir el debate sobre medidas más estructurales, como la posibilidad de levantar el secreto bancaria en casos relacionados con crimen organizado.
Como advirtió Giovanni Falcone —el célebre juez antimafia italiano asesinado en 1992—, las mafias son, en última instancia, la vanguardia del capitalismo más brutal; es decir, una expresión extrema de un capitalismo desregulado, orientado a la acumulación e internacionalización de operaciones sin límites ni escrúpulos. Lo que quiero resaltar con esto es que el crimen organizado no es lo “opuesto” al capitalismo, sino su versión sin máscara, sin Estado, sin derechos laborales, sin impuestos, sin responsabilidad social, sin reglas. Como un capitalismo sin Estado de derecho que opera con lógica empresarial: diversificación, inversión, lavado de dinero, expansión transnacional y monopolio territorial. Combatirlas requiere valentía institucional y decisiones políticas que no siempre resultan rentables en lo inmediato.
Para las derechas —y en particular para los candidatos como José Antonio Kast o Johannes Kaiser— el combate al crimen organizado transnacional exige reformas que implican regular al capitalismo (por ejemplo, levantar el secreto bancario o fiscalizar los grandes capitales), lo cual incomoda a no pocos grupos empresariales que valoran la opacidad financiera y la mínima intervención del Estado como forma de acumulación de capital. Mi pregunta, ante esto, es: ¿se puede combatir el crimen organizado sin tocar los mecanismos que lo hacen posible y rentable dentro del capitalismo global?
A mi juicio, este escenario no resolverá fácilmente en el corto plazo. Las derechas han actuado con ambigüedad y contradicciones, pero el gobierno actual tampoco ha dado señales de decisión ni firmeza; se debió a ver convocado al Consejo de Seguridad Nacional (CONSENA) tras el escándalo de los narcomilitares, y no se hizo. La actitud del gobierno, sobre todo del ministro de Seguridad Pública Luis Cordero (“Por ahora no hay antecedentes que justifiquen la citación al COSENA”), transmite una peligrosa tendencia a minimizar hechos que, en rigor, constituyen un ataque directo a la soberanía nacional.
En el fondo, el gran error del gobierno ha sido trivializar la seguridad pública. Ese vacío práctico, de hecho, fue rápidamente aprovechado por las derechas como idea-fuerza para rearticular su discurso. Esta negligencia le pasó la cuenta. Hoy, ir a jugar fútbol amateur el fin de semana puede terminar en tragedia por la proliferación de armas ilegales. La ketamina circula sin control. Y no ha existido —ni desde La Moneda ni desde ningún ministerio— una campaña pública en televisión, redes sociales o radio contundente contra el uso de armas o consumo de drogas. La ciudadanía sigue esperando una política de comunicación estratégica que advierta de manera clara los riesgos que enfrentamos.
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Fabián Bustamante Olguín. Doctor en Sociología. Académico del Instituto de Ciencias Religiosas y Filosofía, Universidad Católica del Norte, Coquimbo
