Las emergencias tienen una virtud incómoda: arrancan el maquillaje. En cuestión de horas dejan al descubierto aquello que el discurso oficial, la publicidad corporativa y las estadísticas suelen ocultar. Cuando un territorio colapsa, no solo se pone a prueba la capacidad de respuesta del Estado. También queda en evidencia el tipo de sociedad que hemos construido, las prioridades que hemos decidido normalizar y el modelo de desarrollo que hemos privilegiado durante décadas.
Nos gusta repetir que vivimos en un país moderno, eficiente y resiliente. Sin embargo, cada crisis vuelve a mostrar una realidad menos cómoda. La emergencia no crea las desigualdades ni las fragilidades; simplemente las hace visibles. Lo que durante años parecía funcionar queda expuesto cuando los servicios esenciales fallan, las instituciones reaccionan tarde y miles de personas descubren que están mucho más solas de lo que imaginaban.
Barrios enteros quedan aislados porque el uso del suelo fue definido más por la rentabilidad inmobiliaria que por criterios de seguridad y planificación territorial. Se construye donde resulta más rentable vender, no necesariamente donde resulta más seguro habitar. Humedales rellenados, quebradas intervenidas, infraestructura crítica insuficientemente protegida y ciudades que crecieron sin considerar los efectos cada vez más intensos del cambio climático son parte de un modelo que privilegió el negocio por sobre el interés colectivo.
No se trata de culpar a la naturaleza por las consecuencias de decisiones profundamente humanas. Los fenómenos extremos existen y seguirán ocurriendo. Lo que determina la magnitud de sus impactos son las decisiones políticas, económicas y regulatorias tomadas durante décadas. Y ahí la responsabilidad es compartida: de un Estado que muchas veces renunció a planificar y regular con firmeza, y de intereses privados que encontraron escasos límites cuando la rentabilidad entró en conflicto con el bienestar común.
La emergencia también desnuda otro problema estructural: la relación profundamente desigual entre las grandes empresas y las personas. Mientras las utilidades suelen estar protegidas por contratos, seguros y mecanismos financieros, los ciudadanos enfrentan call centers saturados, plataformas que no responden, promesas automáticas de "estamos trabajando para solucionar el problema" y una cadena de derivaciones donde nadie parece asumir responsabilidad.
Hace tiempo dejamos de ser ciudadanos para convertirnos en clientes. El problema es que ni siquiera como clientes somos tratados con dignidad cuando los servicios esenciales fallan. Empresas que administran infraestructura crítica operan bajo estándares donde la continuidad del servicio y la atención efectiva durante una crisis parecen ser objetivos secundarios. Las compensaciones llegan tarde —cuando llegan— y la respuesta inmediata suele depender más de la buena voluntad de funcionarios locales o de la organización vecinal que de protocolos robustos de quienes administran servicios indispensables para la vida cotidiana.
Esa ausencia de mecanismos eficaces de respuesta inmediata no es una falla accidental. Es la consecuencia de un modelo que durante años entendió la regulación como un obstáculo y no como una garantía para proteger a la ciudadanía. Mientras el mercado produce ganancias, se exalta su eficiencia. Cuando falla, en cambio, los costos recaen sobre las personas y las responsabilidades se diluyen entre contratos, concesiones y procedimientos administrativos.
Ciertamente, el debate no consiste en reemplazar toda iniciativa privada por acción estatal. El punto es otro: existen bienes y servicios cuya continuidad no puede depender exclusivamente de incentivos económicos. La energía, las telecomunicaciones, el agua o la conectividad no son simples bienes de consumo; son condiciones básicas para ejercer derechos, trabajar, estudiar y enfrentar precisamente una emergencia. Cuando esos servicios fallan, no basta con compensaciones posteriores. Lo que está en juego es la capacidad misma de una sociedad para proteger a sus habitantes.
Del mismo modo, la planificación territorial no puede seguir subordinada a intereses particulares. La regulación del uso del suelo debe recuperar su sentido original: proteger a las personas, preservar los ecosistemas y anticipar riesgos, aunque ello implique limitar proyectos altamente rentables. Gobernar también significa decir que no cuando el beneficio privado compromete la seguridad colectiva.
Hay otro elemento que las emergencias revelan con fuerza: la enorme capacidad de solidaridad que existe entre las personas. Mientras instituciones y empresas buscan responsables o afinan comunicados, vecinos se organizan, comparten generadores, despejan caminos, preparan alimentos y cuidan a adultos mayores, niños y mascotas. Esa respuesta espontánea demuestra que el problema nunca ha sido la falta de comunidad. El problema es que, demasiadas veces, nuestras instituciones funcionan por debajo del estándar de solidaridad que muestran los propios ciudadanos.
Quizá esa sea la contradicción más profunda. Somos un país capaz de reaccionar colectivamente frente a la adversidad, pero incapaz de construir instituciones que reflejen ese mismo compromiso cotidiano. Hemos naturalizado que las emergencias sean administradas más que prevenidas; que las empresas respondan solo cuando la presión pública las obliga; y que el Estado llegue tarde porque durante demasiado tiempo se debilitó su capacidad para anticipar, fiscalizar y coordinar.
Cada desastre abre una ventana para preguntarnos qué entendemos por desarrollo. Si la respuesta sigue siendo únicamente crecimiento económico, repetiremos los mismos errores. Si entendemos que el desarrollo también implica reducir vulnerabilidades, fortalecer las capacidades públicas, regular con decisión a quienes administran servicios esenciales y planificar el territorio pensando en las próximas generaciones, entonces las emergencias dejarán de ser únicamente tragedias para transformarse también en una oportunidad de corregir el rumbo.
Las emergencias no cambian a un país: lo revelan. Muestran qué protegemos, qué abandonamos y quiénes terminan pagando el costo de decisiones tomadas mucho antes de que comenzara la lluvia o se cortara la electricidad. Si cada crisis vuelve a exhibir las mismas fragilidades, entonces el problema ya no es la emergencia. El problema es el país que hemos decidido construir y, sobre todo, el que todavía no nos atrevemos a transformar.
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Rossana Carrasco Meza es Profesora de Castellano, PUC; Politóloga, PUC; Magíster en Gestión y Desarrollo Regional y Local, Universidad de Chile
