“No lo vimos venir”. Con esta frase se excusaba la clase política chilena a fines del año 2019 con ocasión de la explosión social. Sin embargo, las señales del malestar se habían manifestado de variadas formas desde fines de la década del 90[1]. Quizás la aletargada elite no quiso leer aquellas señales que “sí lo veían venir” o consideraron que eran las típicas consignas de alarmistas y pesimistas porque, después de todo, el “modelo” funcionaba y todos, al menos al interior de la elite transicional, parecían haber llegado a un consenso respecto de aquello. Tristemente patético fue entonces el tardío arrepentimiento de personajes afines a la derecha y “expertos en encuestas de opinión”, que no fueron capaces de advertir en sus propios informes la profunda rabia que albergaba buena parte de la sociedad.
“Con datos recogidos entre el 1 de julio y el 17 de septiembre de 2019, el estudio consignó que 73% de los chilenos declaró que le produce mucho o bastante temor no tener dinero suficiente para afrontar la vejez, y 82% señaló sentir la misma aprensión en el caso de no tener cómo pagar una cuenta médica en caso de una enfermedad grave (…) hoy existe una muy fuerte frustración de expectativas, sobre todo en la clase media, en especial e aspectos como el acceso a buenas remuneraciones.”[2]
El malestar e inconformidad social era evidente desde hace tiempo, al menos durante casi una década, y se expresó a través de manifestaciones y demandas ciudadanas de todo tipo: como movimientos regionalistas, ecologistas, No+AFP (desde el año 2016), “Educación Gratuita de Calidad” (año 2011), Movimiento Feminista (año 2018), etc. Quizás el movimiento social que auguró lo que está ocurriendo desde octubre de 2019 fue la movilización de los estudiantes en 2011, pues si bien dicho petitorio apuntaba a mejorar la educación, también se deslizaron otras demandas que afectaban a la totalidad de la población, y también comenzó a discutirse sobre la necesidad de una nueva Constitución.
“En la crisis evidenciada en 2011, pero larvada durante décadas, el movimiento liderado por la Confederación de Estudiantes de Chile y la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, volvió a hacerse cargo de la demanda ciudadana por un cambio estructural en el país, apuntando a los tres pilares del actual sistema político-económico: la economía de mercado, la representación política y el Estado subsidiario (…) El fin del lucro y la educación gratis y de calidad cuestionaron la piedra angular de la economía de mercado.”[3]
Aunque muchos reiteran que no vieron venir este fenómeno, todos los signos estaban en el aire, y mirando retroactivamente, se señala, por ejemplo, la frágil situación que enfrenta buena parte de lo que se ha denominado como “clase media”[4], especialmente, la que bordea la línea de la pobreza y que, ante cualquier contingencia puede perder, de un momento a otro, todo lo que ha logrado con esfuerzo. A este sector se le señala como uno de los grupos desencantados que estaría activamente en las movilizaciones enarbolando sus demandas. Se recuerda, a su vez, que buena parte del electorado que permitió el triunfo presidencial de Piñera provenía de esta misma clase media aspiracional, sin embargo, pese a deberle su éxito electoral, la derecha los minusvalora y considera un sujeto sumamente volátil a nivel político y que carecerían de una suficiente madurez cívica.
“De hecho, el programa “Clase media protegida”, cuyo nombre daba cuenta de una acertada visualización del problema, vino a lanzarse recién en el segundo año, diluyéndose su impacto. Desde esta perspectiva, una parte de las respuestas que puede dar el Gobierno frente al delicado escenario actual pasa por recuperar aquella priorización de las temáticas de la clase media que lo llevaron a ganar la última elección (…) Hay, por último, un factor político también involucrado en esta discusión. La experiencia comparada muestra que el debilitamiento de los sectores medios suele derivar en inestabilidad y dar pie al surgimiento de liderazgos populistas de toda índole.” [5]
La precarización de la clase media ya era un tema del que se discutía a nivel mundial luego de la crisis subprime del año 2008. Este grupo social fue la primera víctima de las debilidades de la economía financiera globalizada, y sus efectos no tardaron en llegar a Chile. Lo que los caracteriza, a grandes rasgos, es que son un grupo mucho más preparado académicamente que sus padres, pero, sin embargo, con un trabajo más precario y un futuro incierto. Y si en 2011 en Chile el descontento se expresó a través del clamor de los estudiantes universitarios, en otras partes del mundo dicho malestar fue mucho más inclusivo, generando cambios políticos profundos, y quizás la revuelta chilena del 2019 sea el resultado de la suma de demandas de grupos sociales que fueron madurando políticamente y coordinándose con el tiempo desde aquel momento.
“Esta ronda, en particular de protestas tal vez tome cuerpo o no, pero lo que no desaparecerá es la amplia coalición de aquellos a quienes el sistema les mintió y que ahora han despertado. No son solo los ambientalistas, los pobres o los desempleados. Es la mayoría de las personas, entre éstas la clase media con educación superior, la que siente que los resultados del crecimiento de las últimas tres décadas, va a parar al uno por ciento más alto.”[6]
Como señalamos, los problemas de gran parte de la población no comenzaron en la administración de Piñera, sino que venían arrastrándose desde los años 90. Estadísticas a nivel internacional concordaban con que las falencias materiales de los chilenos venían de la mano con su desencanto y poca participación política. Es decir, la Constitución guzmaniana si había sido exitosa en su cometido: desincentivar políticamente a la población y, al mismo tiempo, negarle derechos sociales básicos. Solo cinco días antes del estallido social, un diario de circulación nacional daba cuenta de las carencias materiales y valóricas de la sociedad chilena:
“El denominado Better Life Index o, en español, Índice para una Vida Mejor, analiza el nivel de bienestar en diferentes áreas de los 36 países miembros de la OCDE (…) Chile se sitúa por debajo del promedio del resto de los países en todos los temas analizados: ingresos, salud, empleo y salarios, educación, vivienda, balance de vida y trabajo, comunidad, seguridad, medio ambiente, bienestar subjetivo y compromiso cívico (…) De los 11 ítems considerados, es el capítulo de compromiso cívico donde Chile ocupa el último lugar del listado. De acuerdo a la OCDE, la participación electoral en las últimas elecciones fue de 47%, una de las más bajas entre los países que conforman el organismo.” [7]
De aquel estado de desafección y desencanto recién comenzamos a reaccionar el pasado octubre, y como toda revuelta que se precie de tal, la de octubre de 2019 comenzó casi como una jugarreta. La idea de los alumnos del Instituto Nacional de saltarse los torniquetes del metro de Santiago, como una forma de protestar por el alza del pasaje, aunque a ellos no les afectaba directamente (el valor del pasaje escolar no sufría modificaciones), pero el de sus padres sí, muchos de ellos parte de esa clase media tan vapuleada y vulnerable[8], de modo que esa alza afectaría la economía doméstica en su conjunto
El 14 de octubre comenzaron evadiendo el metro centenares de colegiales, luego se sumaron universitarios, el día 18 las protestas en el metro se hicieron masivas, comenzó la destrucción de algunas estaciones, se interrumpió el servicio en buena parte de la red y el gobierno ordenó reprimir. El día 19 Piñera empieza con la política del garrote y la zanahoria; por una parte, declara Estado de excepción, pero luego decide congelar el alza del pasaje de metro, pensando que detendría la movilización, sin entender que el estallido nunca se debió a los 30 pesos. Y esta simple pero contundente “acción colectiva” generó un efecto dominó de insospechadas consecuencias. Quizás, equivocadamente, se creyó que era otra demanda focalizada de los secundarios, pero el problema para las autoridades es que esta acción devino en acción colectiva contenciosa.[9]
El arrojo de los jóvenes secundarios demostró la vulnerabilidad del gobierno ante un evento desconcertante, y es por eso que, en un primer momento, quedó descolocado. El coraje de los jóvenes motivó a que otros actores aprovecharan esta instancia y salieran a exigir sus demandas, generándose rápidamente la Coalición de la que ya dimos cuenta. El rechazo por parte del Estado Neoliberal, y, sobre todo, su fuerte acción represiva no hizo más que unificar a estas diversas fuerzas impugnadoras. Todo este proceso ha sido profusamente estudiado por diferentes autores.
“La generalización del conflicto en un ciclo de acción colectiva se produce cuando se abren oportunidades políticas para los actores más “adelantados” y bien situados, cuando éstos plantean exigencias que encuentran eco en las de otros y cuando éstas dan lugar a coaliciones objetivas o explícitas entre actores dispares y crean o refuerzan la inestabilidad en la elite. La coincidencia y la suma de estas condiciones van seguidas de una respuesta del Estado rechazando las reclamaciones de estos adelantados, que estimula su asimilación por parte de otros posibles afectados al tiempo que se reducen las restricciones y surgen oportunidades para una acción colectiva más amplia. Las primeras exigencias que desencadenan un ciclo de protesta suelen ser concretas y específicas de un grupo determinado. ”[10]
“Las manifestaciones no pueden durar tanto, es cosa de tiempo para que amaine la tormenta”, deben haber pensado desde el gobierno, hasta que el nuevo zeitgeist se hizo evidente para algunos (menos para el presidente y su núcleo duro), y debieron aceptar la política de hechos consumados. Pero durante buena parte del mes de octubre muchos dirigentes políticos consideraban innecesario y baladí la discusión constitucional, “porque eso no estaba en los petitorios de la ciudadanía”, porque las demandas sociales no tenían que ver con el ordenamiento jurídico-institucional, según decían los portavoces de la elite, menospreciando nuevamente la capacidad analítica y el razonamiento del pueblo:
“Aún más, todo indica que la sobreutilización discursiva del proceso constituyente, presentado como solución a los problemas del país, no logró conectar con el sentido común ciudadano de ese momento (año 2014), al tiempo que todos los estudios de opinión posteriores han seguido situándolo en un lugar muy relegado entre las prioridades de las personas (…) Tampoco una nueva Constitución parece una solución en el Chile actual para la búsqueda de un nuevo pacto social, como se ha llamado a esa línea de reacción. La Carta Fundamental no tiene ni debe contener políticas públicas; luego, dado que no garantiza ni obstaculiza la ejecución de medidas o políticas con más acento social, nada asegura que las grandes mayorías sintonicen, en definitiva, con esta respuesta.”[11]
Mientras más se denostaba al movimiento social, relacionando a los protestantes con el lumpen, éste crecía cada vez más. Muchas veces se realizaron tres o cuatro marchas multitudinarias a la semana, aunque lo que se estableció casi como una rutina fue “la marcha de los días viernes” en la Plaza de la Dignidad, donde convergían todos estos sujetos precarizados e indignados por un sinnúmero de razones. Si al comienzo el gobierno dispuso de las FF.AA. y Carabineros para contrarrestar a los manifestantes, hubo un hito donde les fue imposible reprimir a todas las personas: “La marcha de 25 de octubre”, la marcha del millón y medio de personas. Fue un millón y medio solo en la Plaza de la Dignidad, pero en otras plazas y localidades alrededor de Chile hubo cientos de miles más. Incluso el gobierno quiso aprovecharse y subirse a este “carro de la victoria” señalando que había sido una “jornada histórica” y que “habían escuchado el mensaje”.
Lo que prosiguió es por todos conocidos. El 15 de noviembre se logró un Acuerdo institucional entre los principales partidos del Congreso estableciendo una Hoja de Ruta, que contempló un plebiscito de entrada y posteriormente la elección de constituyentes para una Convención Constitucional. Debido a la pandemia del Covid, todo aquel plan debió reestructurarse, y finalmente el plebiscito se realizó el 25 de octubre de 2020. Sin embargo, lo que continúa igual que el 17 de octubre de 2019 es la actitud condescendiente de la elite gobernante. Al parecer en La Moneda no han tomado nota que el país cambió radicalmente desde el año pasado, y creen, erróneamente, que el covid calmó los ánimos de la población.
Estamos ante una elite torpe y ciega, solo atenta a sus propios intereses mientras el barco se les hunde. A continuación, una muestra de “frases desafortunadas” de las altas autoridades, que recuerdan las que precedieron las del estallido de 2019: El vocero Jaime Bellolio, señaló que “no ha habido sistemáticas violaciones a los DDHH”. La ministra del Trabajo, ante el retiro del 10% de los fondos de las AFP dice que “no corresponde que las personas reciban un regalo del Estado”. El líder de la patronal, Juan Sutil, declara que “la gente no quiere trabajar, debido a que no quieren perder los beneficios de Estado”[12]. Por último, y como guinda de la torta, se descubre que el presidente Piñera habría realizado triangulaciones con fondos de las AFP[13], y quizás esa sea la razón por la que se opone tajantemente a que la población pueda retirar una pequeña porción de sus ahorros. Nuevamente, queda en evidencia que su naturaleza de especulador financiero supera con creces al político, y por ello nunca le interesó la dignidad del cargo.
Si al comienzo mostramos las paupérrimas condiciones en que vivía buena parte de la población antes del Estallido de octubre, ahora debemos sumarle las carencias que dejó en evidencia el covid y la posterior ola de cesantía. El gobierno ha estado ausente en buena parte de esta crisis social y económica que aflige al país, donde los chilenos han tenido que arreglárselas solos. Y si a este malestar le agregamos la displicente actitud del gobierno y la soberbia de sus ministros, será cosa de tiempo para que ocurra un renovado estallido. Mientras tanto, en el Versalles de Piñera continúan inmersos en su frivolidad sin percatarse que están ad portas de una revuelta que puede ser más violenta y masiva que la primera.
[1] “El malestar puede engendrar una desafiliación afectiva y motivacional que, en un contexto crítico, termina por socavar el orden social. Además, y por, sobre todo, el malestar señaliza que la seguridad Humana en Chile puede ser menos satisfactoria de lo que muestran los indicadores macrosociales” (Informe PNUD 1998)
[2] “La realidad social estaba ahí y hago un mea culpa porque no la vimos”; Roberto Méndez, académico de la Escuela de Gobierno de la UC; El Mercurio C5; 08/01/2020
[3] Varas, Augusto; “El Gobierno de Piñera 2010-2014”; Editorial Catalonia, 2013; pág. 168
[4] “57,7% de los chilenos se declara de clase media”; El Mercurio B6; 2/11/2019
[5] “Fisonomía de la clase media” El Mercurio A3; 3/12/2019(las negrillas son nuestras)
[6] “Algo está sucediendo aquí” Thomas L. Friedman, The New York Times, en El Mercurio A4; 16/10/2011
[7] “Chile ocupa el lugar 34 entre 40 países en Ranking de Bienestar”, El Mercurio B8; 13/10/2019
[8] “El 50% de los trabajadores gana menos de $400 mil mensuales y el 7% de los asalariados formales está por debajo de la línea de la pobreza” El Mercurio B5; 27/11/2019
[9] Tarrow, Sidney; “El poder en movimiento”; Alianza Editorial; 2004, pág.24
[10] Tarrow, Sidney; “El poder en movimiento”; Alianza Editorial; 2004; pág.205
[11] “Precipitación Constitucional” El Mercurio A3; 31/10/2019
Cristián Martínez Arriagada es cientista político
