Hay una asociación semántica que en Chile parece haberse naturalizado: hablar de Fuerzas Armadas, Carabineros, orden, patriotismo, bandera o seguridad, implica automáticamente ser de derecha. Como si esos conceptos pertenecieran a un sector político. Como si defender a las instituciones encargadas de la defensa y la seguridad fuera una declaración ideológica.
Pero no es así, las FFAA y de Orden, no tienen sector político. Dentro de sus principios institucionales están: La subordinación al poder civil; la no deliberación y la defensa nacional. Su independencia institucional busca por sobre todas las cosas mantenerse al margen de la utilización que pudieran hacer de ellas los gobiernos de turno. Lo anterior, contribuye a cautelar el apropiado funcionamiento de la democracia pero por sobre todas las cosas, protege el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado.
Las Fuerzas Armadas no pertenecen a la derecha, ni a la izquierda, la Constitución establece que las Fuerzas Armadas y Carabineros son cuerpos armados obedientes y no deliberantes, precisamente porque en una democracia su lealtad no debiera ser hacia un sector político, sino hacia el orden constitucional y las autoridades civiles legítimamente establecidas.
La pregunta que surge entonces es: ¿cómo llegamos a aceptar culturalmente la idea de que el mundo militar pertenece más a unos que a otros?
Para responder, inevitablemente debemos remitirnos a nuestra historia reciente. Durante el siglo XX, Chile experimentó diversos episodios de intervención y levantamiento militar, entre ellos los de 1924, 1932 y 1969. Más tarde, el Tanquetazo de junio de 1973 y, de manera particularmente dramática, el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Estos hechos, constituyen ejemplos de las graves consecuencias que puede tener la politización de las Fuerzas Armadas y de Orden. Las Fuerzas Armadas y de Orden dejaron de ocupar únicamente el ámbito de la seguridad y defensa, para convertirse durante ese período en protagonistas directos del poder político. La literatura sobre relaciones civiles-militares chilenas identifica precisamente el quiebre democrático de 1973 y los años posteriores como momentos determinantes para comprender la relación actual entre Fuerzas Armadas, Estado y sociedad.
En 1973, las instituciones armadas y de seguridad se vieron atravesadas por una profunda fractura entre quienes optaron por respetar su compromiso constitucional y su deber de obediencia al poder civil, y quienes participaron del quiebre de la institucionalidad democrática. Desde el mismo 11 de septiembre, numerosos integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden —altos mandos, oficiales, suboficiales y personal de tropa— se mantuvieron leales al mandato constitucional y se opusieron al golpe. Para muchos de ellos, esta decisión tuvo graves consecuencias: fueron dados de baja, encarcelados, relegados y, en algunos casos, sometidos a torturas y asesinados por sus propios compañeros de armas.
Es importante destacar que quienes defendieron el orden constitucional no pertenecían a una sola institución, rango o nivel jerárquico. Hubo integrantes del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, Carabineros, Gendarmería y la Policía de Investigaciones que actuaron en defensa de la institucionalidad democrática. Entre quienes destacan se encuentran el general de Ejército Carlos Prats; el capitán de la Fuerza Aérea Jorge Silva; el almirante Raúl Montero, entonces comandante en jefe de la Armada; el general de Carabineros José María Sepúlveda; el general Alberto Bachelet y el capitán Alberto Galaz de la Fuerza Aérea; el prefecto de la Policía de Investigaciones Juan Bustos; y el Director general de Gendarmería (en ese entonces Servicio de Prisiones) Littré Quiroga entre muchos otros.
Esta constatación histórica resulta fundamental para cuestionar la idea de que las Fuerzas Armadas y de Orden constituyen instituciones que le pertenecen “naturalmente” a un determinado sector de la sociedad. Las instituciones armadas no pertenecen a una ideología, a un partido político de derecha, ni a un sector social determinado: pertenecen al Estado y, en democracia, deben estar al servicio de la ciudadanía y subordinadas al poder civil.
Una mala transición que hoy queda más que nunca en evidencia, generó una importante tensión entre quienes defendían a la dictadura, representada en la derecha golpista, y quienes defendían la memoria y los derechos humanos.
En ese proceso se produjo también una identificación política que sobrevivió en el retorno de la democracia. Sectores de derecha mantuvieron una relación cultural, histórica y simbólica mucho más cómoda con el mundo militar que aún estaba marcado por las huellas de la dictadura, mientras una parte importante de la izquierda y del progresismo construyó su relación con esas instituciones desde otro lugar: la memoria de las violaciones de derechos humanos, la necesidad de subordinación militar al poder civil y la democratización institucional.
Un muy mal manejo comunicacional por parte del mundo progresista, dio un resultado bastante previsible: un sector quedó asociado emocionalmente a estas instituciones y otro, a su cuestionamiento, esto da origen a la apropiación simbólica de las Fuerzas Armadas y de Orden por parte de la derecha chilena.
La derecha entendió algo que muchas veces sus adversarios no comprendieron y aún no lo hacen, los símbolos también son poder político y ese es el espacio en disputa hoy.
La bandera, el uniforme, el himno, las ceremonias militares, las fronteras, el concepto de patria, la autoridad y la seguridad fueron progresivamente incorporados a una narrativa política determinada. No porque esos símbolos sean de derecha, sino porque un sector los reivindicó sistemáticamente mientras otros, muchas veces debido al peso de los horrores de la historia, los miraron con distancia o incluso con sospecha y desconfianza.
Sin embargo, no se releva, por ejemplo, que la primera ministra de defensa y primera presidenta que tuvo Chile era hija, de un hombre que dio la vida por la democracia falleciendo bajo tortura, y que a su vez era oficial de la FACh
En política, aquello que unos abandonan simbólicamente suele ser ocupado por otros.
Pero existe además un segundo problema: hemos confundido durante demasiado tiempo seguridad y defensa con militarización, y no son lo mismo. Tener una política de seguridad y defensa robusta no significa desear militares en las calles y menos gobernando. Eso no lo quiere ni las propias FFAA y de Orden, ni quienes son partidarios de la democracia. Es exactamente lo contrario. Las democracias consolidadas buscan Fuerzas Armadas y de Orden altamente profesionales, técnicamente preparadas y claramente subordinadas al poder civil que sean capaces de responder eficientemente en el momento en que se les requiera.
Por eso, el centro político, cualquier proyecto progresista y la izquierda en su conjunto, debería poder hablar de modo serio y con absoluta legitimidad, de seguridad y defensa, de soberanía, de fronteras, de capacidades estratégicas, de ciberseguridad, de protección de infraestructura crítica, de industria militar y desarrollo tecnológico, de cooperación internacional en seguridad y defensa, de las FFAA y de orden en caso de emergencias y catástrofes. Y también de presupuesto, transparencia, derechos humanos y control civil. Nada de esto es contradictorio respecto a una visión democrática o progresista.
Al contrario: una política de defensa democrática consiste precisamente en decidir colectivamente qué debemos proteger, de qué amenazas debemos protegernos y bajo qué reglas ejerceremos la fuerza que el Estado legítimamente posee. Una política de seguridad pública a su vez consiste en anteponer los Derechos Humanos, la subordinación al orden civil y la participación de la comunidad en el proceso. Todos elementos en los que coinciden quienes han estudiado el tema y creen en la democracia como mejor sistema de gobierno.
Por eso también resulta problemático cuando desde determinados sectores políticos se intenta presentar cualquier crítica a una actuación policial o militar como un ataque contra las instituciones para obtener réditos políticos propios.
Fiscalizar no es destruir, por el contrario es proteger a los funcionarios que realizan bien la tarea; exigir estándares, no es despreciar el trabajo de las instituciones, por el contrario es comprometerse con quienes consideran que el legítimo uso de la fuerza debe ser protegido para que continúe siendo legítimo; Investigar abusos no significa estar contra Carabineros, por el contrario es proteger a los Carabineros para que no sufran abusos y se acerquen a la comunidad.
Defender a quienes cumplen correctamente sus funciones tampoco obliga a renunciar a la defensa de los derechos humanos, por el contrario es contribuir a que se protejan correctamente.
Transformar a las Fuerzas Armadas y de Orden en patrimonio simbólico de una corriente política, termina socavando sus bases de legitimidad, dado que contradice la lógica democrática que implica ser no deliberante. El profesionalismo del actuar institucional, depende precisamente de que un comandante en Jefe o un General Director, puedan relacionarse institucionalmente con gobiernos de izquierda, centro o derecha sin que cambie la naturaleza de su misión ni la forma en la que la lleva a cabo.
Los gobiernos cambian. El Estado permanece.
El desafío es profundo: es devolver la seguridad y defensa al espacio ciudadano.
Esto significa, hacer que las universidades vuelvan a generar conocimiento sobre seguridad y defensa; que civiles se formen en materias estratégicas; que parlamentarios de todos los sectores se especialicen seriamente en el tema; que la sociedad conozca qué hacen sus Fuerzas Armadas y de Orden; cuáles son su dolores; qué capacidades tienen; cuánto cuesta mantenerlas y, cuál es el aporte al país, qué necesitan para cumplir mejor su labor y, sobre todo, pensar en prospectiva, es decir en qué desafíos enfrentarán durante las próximas décadas y cómo los abordaremos como país.
Porque la seguridad y defensa son temas demasiado importantes para no tomarlos con la seriedad que corresponde, y también son demasiado importantes para entregarlos simbólicamente a un solo sector político.
Durante años hemos discutido quién puede apropiarse de determinadas banderas sociales. Tal vez sea momento de preguntarnos quién se apropió literalmente de “La Bandera chilena”.
Ser demócrata también es entender que las Fuerzas Armadas y de Orden son nuestras instituciones, nos pertenecen a todas y todos y dentro de ellas también hay tensiones de las que el Estado se debe hacer cargo.
No hay que ser de derecha para respetar a un carabinero o defenderlo cuando es víctima de abusos dentro de su propia institución, ni hay que ser de izquierda para exigir justicia cuando un funcionario actúa fuera de la ley.
No hay que ser conservador para valorar a un soldado, ni progresista para reconocer que las instituciones y quienes las integran también pueden equivocarse y deben responder por sus actos.
No hay que justificar una dictadura para hablar de patria, ni renunciar al patriotismo para condenarla.
Y no hay que abandonar los derechos humanos para comprender que todo Estado democrático necesita instituciones capaces de proteger a su población, su territorio y su soberanía.
La verdadera democratización de la seguridad y defensa ocurrirá cuando decir “estas también son mis Fuerzas Armadas y de Orden” deje de sonar como un eslogan político de un partido de derecha, reivindicar el carácter nacional y democrático de estas instituciones no es patrimonio de ninguna corriente política.
Defender unas Fuerzas Armadas y de Orden, profesionales, institucionales y subordinadas al poder civil no es una posición de izquierda ni de derecha; es, esencialmente, una defensa de la democracia, del Estado de derecho y de las instituciones que la sostienen.
