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Las listas de espera, la señal de una crisis más profunda. Por Ignacio de la Torre Chamy

Una de las más evidentes muestras de la crisis de la salud pública en nuestro país es el acuciante problema de las listas de espera para atenciones de especialidades y cirugías, lo que además refleja las más profundas inequidades en el acceso a los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Año tras año, el sistema de salud se enfrenta a la incapacidad de responder oportunamente a las necesidades de atención de salud de la comunidad lo cual afecta a miles de personas que, en muchos casos, deben esperar más de un año para ser atendidos por un especialista y más de 2 años para una cirugía lo cual, deteriora seriamente su calidad de vida y deteriora su salud pudiendo generar secuelas permanentes y discapacidad. Este problema es una catástrofe sanitaria, que se ha incubado por más de 30 años sin que avizoremos una solución en el corto o mediano plazo lo cual se explica en parte por la incapacidad del sistema político chileno de diseñar y adoptar un modelo de salud que ponga al ser humano en el centro y que funcione para su bienestar desde la promoción de estilos de vida saludables, a la prevención de enfermedades y por supuesto al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las personas.

El impacto de las listas de espera es devastador en múltiples dimensiones. En primer lugar, está el costo humano. Las demoras en el diagnóstico y tratamiento deterioran de forma significativa la calidad de vida de las personas y del punto de vista sanitario agravan las enfermedades lo cual muchas veces se traduce en tratamientos más complejos y caros; con peores pronósticos e inferiores resultados. Las enfermedades tratables se agravan, y en casos extremos, estas demoras pueden resultar fatales. Además, las personas ven afectadas su esfera familiar, social y laboral lo cual deteriora su salud mental y su condición económica. Las personas afectadas enfrentan un escenario laboral complejo muchas veces requiriendo licencias de incapacidad laboral transitoria que se perpetúan y que el sistema muchas veces rechaza sin generar mecanismos de priorización de lista de espera que permita un retorno laboral precoz. El presupuesto familiar se resiente por la pérdida de ingresos y por los costos de bolsillo asociados a la búsqueda de soluciones al problema de salud fuera de la red pública.

Desde una perspectiva económica, las listas de espera generan una carga adicional para el sistema de salud. Un paciente que no recibe tratamiento a tiempo podría requerir cuidados más complejos y costosos después. Esto, sumado al uso ineficiente de los recursos, perpetúa un círculo vicioso de ineficiencia y saturación de la red.

Entre los principales factores que contribuyen a esta crisis están por supuesto, la falta de recursos estructurales para la operación extendida de los centros de salud, estructuras de financiamiento arcaicas que reproducen aportes que no se relacionan con las atenciones y producción, inadecuada planificación y gestión, y la desigual distribución de la infraestructura y recurso sanitario que privilegia algunas regiones y comunas con un estándar OCDE y deja otras al nivel de países subdesarrollados.

Regiones enteras carecen de especialistas de determinadas áreas como salud mental y en otras el equipamiento y los insumos no responden a las necesidades sanitarias obligando a pacientes y sus familias a desplazarse grandes distancias (para una quimio o radioterapia por ejemplo) o, peor aún, a renunciar al tratamiento.

El riesgo más grande que enfrentamos es la deslegitimación del sistema público de salud. Cuando las personas pierden la confianza en la capacidad del Estado para garantizar un acceso oportuno y de calidad, aumenta la presión por recurrir al sistema privado, profundizando la brecha entre quienes pueden pagar y así “saltarse la lista de espera” y quienes no. Esto refuerza un modelo de salud desigual y discriminatorio.

En este punto no se trata como dijera un ex ministro de sacarle los patines al sistema privado de salud sino buscar soluciones que permitan integrar y así utilizar todos los recursos disponibles para dar solución a las necesidades de la ciudadanía.

La solución a esta crisis requiere una intervención integral y decidida. Se necesita rediseñar el modelo de financiamiento y atención sanitaria pero sobre todo, honrar los compromisos adquiridos por ejemplo con la OMS y aumentar el gasto público en salud hasta alcanzar el 6% PIB y reducir el gasto de bolsillo familiar bajo el 27%.

Por último, no podemos ignorar la importancia de la participación ciudadana en este proceso. Es necesaria mayor La transparencia en la gestión de las listas de espera y especialmente mayores espacios para trabajar en el fortalecimiento del sistema de salud.

Resolver esta crisis será una tarea compleja que requiere de la mayor colaboración de los distintos sectores de la sociedad pero resulta ser un imperativo moral que puede resultar en un desafío épico para esta y las futuras generaciones. No es justo que las personas que tienen menos recursos económicos esperen por atenciones de salud que muchas veces llegan muy tarde dañando su calidad de vida, deteriorando su salud.

El aprendizaje de los últimos años, nos refuerza el concepto que la salud es un derecho social y no un privilegio para quienes puedan pagar por ella. garantizar su acceso oportuno y con un estándar de calidad es una deuda que Chile debe saldar con urgencia.

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Dr. Ignacio de la Torre Chamy, presidente Colegio Médico Valparaíso

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