Los costos de las políticas que limitan los efectos del cambio climático son innegablemente viables en términos económicos cuando se examinan a escala global e intergeneracionalmente. En el caso particular de Chile, la Carbono Neutralidad 2050 es un desafío, pero a la vez una tremenda oportunidad.
Tal como se planteaba desde el Ministerio del Medio Ambiente en el gobierno pasado[1], para la Carbono Neutralidad se requiere una inversión del orden de US$50.000 millones. Lo interesante es que esto resultaría en beneficios económicos netos directos del orden de US$30.000 millones. Dicha rentabilidad se podría multiplicar si se consideran los beneficios indirectos por la disminución de la contaminación local asociada a la descarbonización de nuestra matriz energética, la menor dependencia de combustibles fósiles importados y su impacto en nuestra macroeconomía, la posibilidad de generar polos de desarrollo regionales, la adopción y adaptación de nuevas tecnologías, la mayor eficiencia y mejor manejo de los sectores existentes, entre otros.
El análisis del estudio sobre “Barreras y propuestas regulatorias para acelerar la inserción de las Energías Renovables en la matriz eléctrica”[2] realizado por Chile Sustentable, va en la línea de generar debate y conocimiento sobre las políticas públicas necesarias para catalizar esta revolución energética verde.
Actualmente el calentamiento global ya está por encima de los 1,1 °C. Por lo que, como advierten los informes del IPCC[3], están aumentando los riesgos climáticos incluidos los bucles de retroalimentación negativa. Una rápida transición energética es un objetivo indispensable para el cumplimiento de las metas climáticas globales, en particular la descarbonización del sector eléctrico es crucial.
El problema clave para una rápida transición de las energías renovables es la integración de estos recursos, los cuales tienen variabilidad en su disponibilidad, en los sistemas eléctricos existentes. La energía renovable no convencional está más distribuida que las centrales eléctricas convencionales. Más aún, dicha energía se conecta a los sistemas eléctricos a tensiones más bajas, por lo que la red y el funcionamiento del sistema deben adaptarse.
Justamente el informe de Chile Sustentable analiza el proceso de modernización teniendo plenamente en cuenta las cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza. Las grandes transiciones implican coevoluciones tecnológicas, sociales e institucionales; la invención o copia, el desarrollo, la adopción y la adaptación de la tecnología implican un aprendizaje individual, social y organizativo.
Una tecnología, y más aún un sistema, se adapta continuamente en respuesta a las condiciones imperantes. Las propuestas para corregir las barreras y distorsiones que afectan el desarrollo de las ERNC, plantean la inseparabilidad de los aspectos técnicos y sociales de los sistemas energéticos. Las tecnologías autónomas de generación han progresado considerablemente, tanto en términos de costos como utilización.
En ese sentido, tal como plantea el documento, el papel de la sociedad civil, las empresas y la gobernanza e instituciones será cada vez más importante en el desarrollo de políticas públicas energéticas para la transición hacia sistemas eléctricos descarbonizados, descentralizados y competitivos.
Rodrigo Astorga Hering Economista, especialista en Energía y Cambio Climático
