El 11 de marzo de 2026, José Antonio Kast asumió la presidencia de Chile con la promesa de "recuperar la confianza" y "poner la casa en orden". Cien días después, la casa está en total desorden, ciertamente. Pero presentada como el orden de quienes saben exactamente qué quieren y cómo conseguirlo.
Eduardo Galeano escribió “Las Venas Abiertas de América Latina en (1971)”, profetizando un continente condenado a exportar su propia sangre. Si levantara la cabeza hoy, encontraría que Chile ha perfeccionado el modelo. Ya no son las potencias extranjeras las que abren las venas con lancetas de acero. Ahora son sus propios gobiernos —de derecha, pero también de izquierda— quienes se turnan para mantener el grifo abierto.
La diferencia con Kast no es ideológica. Es de velocidad y eficacia en la desmantelacion del Estado de protección, e instalación de la cleptocracia.
Del desierto verde y la motosierra legal, al norte de energía, minería y sacrificio. Apenas una semana después de asumir, Kast firmó el cese de 43 decretos ambientales impulsados por el gobierno de Gabriel Boric. Entre ellos, la protección del pingüino de Humboldt y ecosistemas clave como la Reserva Pingüino de Humboldt —hoy amenazada por proyectos como Minera Dominga—, además del Reglamento del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. El argumento fue el mismo que esgrimió la derecha durante la administración anterior: la "Permisología" es una traba al desarrollo. Pero lo que Kast hizo fue simplemente profundizar una tendencia que ya venía del gobierno que se autodenominó "el primer gobierno ecologista de Chile". Boric había aprobado en julio de 2025 la llamada "ley motosierra ambiental" , que redujo los plazos de evaluación a la mitad y permitió modificar proyectos mediante declaraciones juradas. Kast, en sus primeros tres meses, calificó favorablemente 72 proyectos por US$16.010 millones, que según el gobierno podrían traducirse en más de 44.700 empleos. Galeano lo habría dicho así: "El desarrollo es un viaje con moretones, pero los moretones los ponen siempre en el mismo cuerpo". El corazón del modelo extractivista kastista late con fuerza en el norte de Chile también . El 8 de junio de 2026, el Presidente inauguró el Complejo Energético Tocopilla, una reconversión de la planta a carbón a una nueva matriz energética, y la planta solar "Elena" en María Elena, parte de la plataforma Oasis de Atacama que contempla 2,5 GW de capacidad solar y sistemas de almacenamiento. Tocopilla y María Elena están en la Región de Antofagasta, una de las denominadas "zonas de sacrificio" del país. Allí, las termoeléctricas, las fundiciones y ahora los megaproyectos solares se acumulan en un territorio cuyas poblaciones asumen los costos ambientales mientras las ganancias se esfuman hacia Santiago o el extranjero. "No hay desarrollo sin energía", repite el gobierno. Y es cierto. La pregunta galeaniana es otra: ¿desarrollo para quién? En este sentido las patentes mineras son un guiño a los pequeños (y no tan pequeños). El 15 de mayo de 2026, Kast firmó un proyecto de ley que simplifica el régimen de patentes mineras. La iniciativa elimina requisitos de 500 hectáreas, parentesco y tipos societarios que se exigían a los pequeños mineros para acceder a la patente rebajada. También suprime la tabla de cobro progresivo y amplía las causales de rebaja vinculadas a actividades de exploración.
En su discurso, Kast fue claro: "Somos partidarios de rebajar los impuestos en términos generales para generar más inversión" .
Suena a ayuda al pequeño productor. Pero el mismo gobierno ha impulsado, en paralelo, la exploración de minerales críticos y tierras raras, el nuevo frente del extractivismo chileno. El litio, el cobre, el oro, el hierro y ahora el coltán y el neodimio: todos salen por el mismo puerto, todos dejan las mismas heridas.
En el Wallmapu, también se ha tensado la relación entre el discurso y la represión como estrategia. En materia de conflicto mapuche, el gobierno de Kast ha mantenido el Estado de Excepción en La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío, argumentando la protección de la "infraestructura crítica". En los hechos, esa infraestructura crítica son las plantaciones forestales de Arauco y CMPC, los embalses hidroeléctricos y las rutas que sacan la madera y la celulosa hacia los puertos.
El presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Carlos Odebret, salió rápidamente a respaldar las decisiones del gobierno, señalando que "la protección de los ecosistemas es necesaria, pero debe basarse en información científica suficiente" —traducción: no queremos que nos frenen los proyectos.
Las cifras del despojo forestal son conocidas: entre 1994 y 2015, la industria forestal acaparó el 94% de las tierras en disputa en La Araucanía, mientras el Estado entregó apenas un 6% a las comunidades mapuche. El gobierno de Kast no ha mostrado ninguna intención de revertir esa ecuación.
La celebración empresarial
El entusiasmo del sector privado no se ha hecho esperar. El gerente de Asuntos Corporativos de Andes Iron —dueña de Minera Dominga—, Francisco Villalón, declaró que "a lo largo del extenso proceso de evaluación ambiental ha quedado demostrado una y otra vez que el proyecto cumple con la ley".
Pero Tania Rheinen, subdirectora ejecutiva de Oceana, recordó que Dominga "sigue sin poder construirse" y que la Corte de Apelaciones confirmó su rechazo. La justicia, al menos por ahora, pone un límite. Pero Kast ha anunciado que impulsará una reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para "dar certeza jurídica" —en cristiano: para que los tribunales tengan menos herramientas para frenar.
En materia hídrica, el gobierno de Kast no ha mostrado ninguna intención de modificar el Código de Aguas de 1981, heredado de Pinochet, que privatizó el agua y la convirtió en un bien transable. Las comunidades de Galvarino, en La Araucanía, siguen sin agua potable mientras las forestales y las agroindustrias acaparan los derechos.
El 22 de marzo, Día Mundial del Agua, organizaciones como MODATIMA, el Movimiento por las Aguas y Territorios (MAT) y MOSACAT convocaron a una marcha nacional bajo la consigna "Defendamos el agua, los territorios y la vida". La convocatoria fue masiva, pero el gobierno no ha respondido. La respuesta, como siempre, fue el silencio o la represión.
La paradoja de la "transición verde", Kast ha heredado de Boric la Estrategia Nacional del Litio, que prioriza el impulso productivo por sobre la protección ambiental. Según datos citados por organizaciones ambientales, el Estado ha destinado más de 166 millones de dólares al desarrollo de la industria del litio, mientras que la investigación en temas sociales y ambientales asociados no alcanza los 5 millones. Es decir, el Estado invierte 33 veces más en explotar que en proteger.
Esta es la gran ironía del momento: Un gobierno de ultraderecha impulsa la "transición energética" como bandera, pero esa transición se basa en más minería, más despojo, más zonas de sacrificio. Los paneles solares y las baterías de litio no son verdes si para producirlos se secan los salares y se envenenan las comunidades.
El saldo es desolador para quienes vieron en Boric una esperanza de cierre de venas. El gobierno que llegó con el discurso de "cuidar la casa común" ha terminado por administrar el modelo extractivista con mayor eficiencia que la centro derecha.
La Fundación Terram lo documenta sin eufemismos: "Los temas ambientales perdieron fuerza e importancia, quedando circunscritos a ser presentados como un problema para el desarrollo del país".
El concepto de "permisología" —acuñado por el sector privado para menospreciar las regulaciones— fue adoptado por el propio gobierno. "Se hizo ’cool’ reducir la permisología, sin considerar los riesgos de una relajación a destajo", advierte Terram.
Más de 160 organizaciones ecologistas y territoriales firmaron una carta emplazando al gobierno a terminar con la "regresión ambiental" . La vocera de una de ellas lo dijo con crudeza: "Nos vendieron un gobierno ecologista y nos entregaron un gobierno que allana el camino para las forestales, salmoneras y mineras".
Lo que Galeano escribiría hoy
Si Eduardo Galeano viviera en este Chile de 2026, escribiría probablemente esto:
El gobierno de José Antonio Kast ha perfeccionado el arte del desangre. No necesita inventar nuevas formas de saqueo; las heredó del modelo pinochetista, las encontró profundizadas por Boric, y ahora las ha acelerado con una eficacia que ni la derecha más recalcitrante habría osado soñar.
Las venas de Chile siguen abiertas. El cobre, el litio, la madera, el agua, los territorios mapuche: todo sigue fluyendo hacia fuera, todo sigue dejando cicatrices en el interior. La diferencia es que ahora el verdugo no usa chaqueta verde. Usa corbata azul, sonríe para las cámaras, y llama "certeza jurídica" a la certeza de que el despojo continuará. Los pueblos no han dejado de resistir. Marchan por el agua, se organizan en los territorios, denuncian ante tribunales internacionales. Pero la máquina es grande, y el tiempo siempre juega en contra de los que no tienen poder económico.
La pregunta sigue siendo la misma que hace cincuenta años: ¿hasta cuándo?
Crónica publicada en la edición digital de Le Monde Diplomatique Chile, junio de 2026.
Fuentes documentales: OLCA, Fundación Terram, Prensa Presidencia de Chile, La Izquierda Diario, Mongabay Latam, comunicados de MODATIMA y MOVILIZA.
