En kioscos: Noviembre 2026
Suscripción Comprar
es | fr | en | +
Accéder au menu

Las voces que no fueron escuchadas. Por Violeta Flores F

Una lectura desde la justicia epistémica y los derechos humanos sobre las rebajas de condena firmadas por el ministro Fernando Rabat

Lo ocurrido en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no es un error administrativo ni una discusión técnica sobre la irretroactividad de la ley. Es un agravio. Con la firma del Estado se acortaron las penas de 56 personas condenadas por violar o abusar sexualmente de niñas y niños, y de criminales de lesa humanidad, sin que sus víctimas fueran siquiera avisadas.

Cuando el ministro explicó que las víctimas “no van a comprender razones de orden técnico-jurídico”, dijo más de lo que quiso. Esa frase resume el problema de fondo: un Estado que decide sobre el dolor de otros y, además, les niega la capacidad de entender lo que se decidió.

Lo que se firmó

Entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, el ministerio dictó 56 decretos de rebaja de condena: 27 por abuso sexual y 29 por violación de menores de 14 años (T13). El propio ministro reconoció que no sabe con certeza cuántos están hoy en libertad, aunque admitió que lo más probable es que todos (The Clinic).

Al menos 33 de esos condenados tenían informes de Gendarmería que advertían alto riesgo de reincidencia, negación del delito y falta de empatía (Emol). Con la misma firma se rebajaron penas a internos de Punta Peuco condenados por crímenes de lesa humanidad (Pauta).

La criminóloga Doris Cooper Mayr, fallecida en septiembre de este año , ya había advertido sobre este riesgo hace más de dos décadas. Tras años de investigación en cárceles chilenas (Cooper, 1994, 2005), sostuvo que muchos abusadores de niños no logran contener esos impulsos, incluso a edad muy avanzada, y pidió al Estado crear recintos especializados de tratamiento y custodia (Cooperativa, 2003). La investigación posterior matiza su certeza: no todos reinciden, pero en este grupo el riesgo es persistente y se concentra en los primeros cinco a diez años tras la liberación (Hanson et al., 1993; Hanson y Morton-Bourgon, 2005; UMH). Por eso los informes de Gendarmería debían pesar, y no pesaron. Mas aún , se les otorgo rebajas de condenas y /o libertad anticipada.

No fue una obligación impuesta caso a caso. Según el propio ministerio, solo 36 de los 56 beneficiados habían recurrido antes a tribunales (Ex-Ante). Y existe un fallo de la Corte Suprema, de febrero de este año, que validó negar la rebaja a un condenado por violación de dos menores (Ex-Ante). Es decir, el criterio judicial no era uniforme, y el ministerio optó por generalizar el más favorable a los condenados.

Una injusticia que también es epistémica

La filósofa Miranda Fricker (2007) llamó injusticia epistémica al daño que se hace a alguien en su condición de sujeto de conocimiento. No se trata solo de quitarle algo, sino de no creerle, no escucharle o no dejarle los recursos para nombrar lo que vive. Este caso reúne sus dos formas.

Injusticia testimonial. Ocurre cuando un prejuicio rebaja la credibilidad de quien habla. Las víctimas de abuso sexual infantil ya cargan con esa sospecha: tardaron años en ser creídas, en la familia, en la escuela y en los tribunales. Que el Estado decida acortar la pena de sus agresores sin oírlas, y luego afirme que no entenderían las razones, repite ese mismo gesto discriminatorio desde la cúspide del poder.

Injusticia hermenéutica. Ocurre cuando una persona queda sin los conceptos o la información para dar sentido a su experiencia. Las víctimas no fueron notificadas. Muchas supieron por la prensa que su agresor estaba libre. Se les privó del dato más básico para protegerse, organizar su vida y reclamar.

Kristie Dotson (2011) describe además el silenciamiento testimonial: cuando quien habla percibe que su interlocutor no está dispuesto a escuchar y termina callando. Eso es lo que se enseña a una niña cuando ve que su palabra, su testimonio , que costó tanto pronunciar ante un tribunal, puede ser revisada a la baja o invalidado por un decreto que nadie le explicó. José Medina (2013) hablaría aquí de ignorancia activa: no es que el Estado no pudiera saber, sino que no lo valoro ni se dispuso a escuchar.

El daño alcanza también a las familias de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Durante décadas su testimonio fue negado por el Estado. La verdad judicial que conquistaron se debilita cuando la pena que la acompaña se reduce en silencio.

Lo que exigen los derechos humanos

Chile no decide esto en el vacío. Ha suscrito obligaciones que ponen a las víctimas en el centro.

•     Interés superior del niño (Convención sobre los Derechos del Niño, art. 3; Comité de los Derechos del Niño, 2013). Toda decisión estatal que afecte a niñas y niños debe considerarlo de forma primordial. Liberar anticipadamente a agresores con alto riesgo de reincidencia no supera ese estándar.

•     Derecho a ser oído (art. 12) y protección contra el abuso sexual (arts. 19 y 34; Comité de los Derechos del Niño, 2009, 2011). La niñez no es solo objeto de protección; es sujeto con voz. Decidir sin escucharla vulnera ambas dimensiones.

•     Debida diligencia frente a la violencia contra las mujeres y las niñas (Convención de Belém do Pará, art. 7; OEA, 1994). El Estado debe prevenir, sancionar y evitar la revictimización. Omitir la notificación a las víctimas contradice ese deber.

•     Prohibición de impunidad en crímenes de lesa humanidad. Desde Almonacid Arellano vs. Chile (2006), la Corte Interamericana ha sostenido que estos crímenes no admiten mecanismos que vacíen la sanción. Los beneficios que reducen penas en estos casos deben ser excepcionales, proporcionales y considerar la colaboración con la verdad (Corte IDH, 2006; ONU, 2005a).

Chile ya avanzó en esa dirección: la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores (Ley 21.160, 2019) y la entrevista videograbada (Ley 21.057, 2018) buscan, precisamente, que la palabra de la víctima no se pierda. Estas rebajas caminan en sentido contrario.

La defensa técnica y sus límites

El ministro sostiene que la reforma de febrero de 2022, que excluyó estos delitos del beneficio, no puede aplicarse retroactivamente, y que su cartera solo verifica requisitos objetivos (Pauta). Es un argumento que merece contraargumentación seria, porque la irretroactividad de la ley penal más gravosa es también una garantía.

Pero no explica lo esencial. En marzo, el mismo equipo rechazaba estas solicitudes invocando la ley (T13). Luego cambió de criterio y lo extendió incluso a una veintena de casos que no habían pasado por tribunales. Tampoco explica por qué no se notificó a las víctimas, por qué no se ponderaron los informes de reincidencia ni por qué no se alertó al propio Presidente.

La legalidad formal no agota la responsabilidad de un ministerio que lleva en su nombre los derechos humanos. Una decisión puede ser defendible en el papel y, aun así, ser injusta con quienes no fueron consultados.

Una concepción selectiva de la criminalidad

Esto no es solo un error de gestión. Revela y pone en duda con qué concepción de delincuencia llegó este gobierno al poder. Su promesa fue mano dura contra la delincuencia y protección de los niños, como recordó el propio vocero de Gobierno al estallar la crisis (Emol). El Presidente lo resumió al admitir el error: habían prometido poner a las víctimas primero y a los delincuentes en su lugar (Ex-Ante).

Esa promesa descansaba en una figura reconocible: el delincuente como extraño, el que asalta en la calle, el que viene de fuera. David Garland (2001) llamó a esto la criminología del otro: una política criminal que construye al enemigo en el espacio público y deja en penumbra la violencia que ocurre puertas adentro. Elena Larrauri (2007) ha mostrado cómo la violencia contra mujeres y niñas fue tratada por décadas como un asunto privado y de menor rango.

El abusador sexual de niños desmiente esa figura. Según UNICEF, en la mitad de los casos de abuso sexual infantil en Chile el agresor es un familiar, tres de cada cuatro víctimas son niñas y la primera agresión ocurre en promedio a los ocho años y medio (UNICEF, 2015). La Fiscalía Nacional ha advertido que la mayoría de estas víctimas mantiene un vínculo de dependencia o parentesco con el agresor (Centro de Políticas Públicas UC, 2020).

La consecuencia es directa. Una rebaja de condena a un abusador no devuelve a un desconocido a la calle: con frecuencia lo devuelve al entorno de la víctima, a su barrio o a su familia extendida. Sin notificación previa, las madres, abuelas y cuidadoras que sostienen la protección del niño quedan sin tiempo para reorganizar su seguridad. El desglose de los 56 casos no es público, pero si siguen el patrón nacional, el daño recae de lleno sobre las familias.

Tampoco es un hecho aislado. En marzo, el Presidente respaldó un proyecto de su sector para conmutar penas que alcanzaba a condenados de Punta Peuco (Pauta). La dureza anunciada no se aplica a todos por igual: es severa con el delito callejero e indulgente con la violencia que ocurre en la intimidad y con la que cometió el propio Estado.

Reconocer el error y mantener al responsable

El 26 de octubre, el Presidente José Antonio Kast reconoció que las rebajas fueron un error, pidió perdón a las víctimas y admitió que el Estado les falló (El Periodista). Dijo, además, que ninguna explicación técnica puede justificar ante una víctima que su agresor salga antes de la cárcel (El Dínamo). En la misma declaración, sin embargo, decidió mantener a Rabat en el cargo (T13).

El Presidente sostiene que removerlo solo calmaría la polémica por unos días sin resolver el fondo, y que el ministro debe liderar la corrección (Cooperativa). Esta semana reiteró que la responsabilidad política la asumió él (The Clinic). Lo ha sostenido pese a la presión de la oposición, de voces del propio oficialismo y de un 70% de la ciudadanía que rechaza la continuidad del ministro (BioBio).

Esto no es menor. Desde la justicia epistémica, un reconocimiento sin consecuencias es un reconocimiento incompleto. Se valida la palabra de las víctimas en el discurso, pero se le niega efecto en los hechos. Se les dice que tienen razón y, al mismo tiempo, que su razón no es suficiente para cambiar nada.

Desde los derechos humanos, la reparación incluye garantías de no repetición (ONU, 2005b), y estas exigen que quienes adoptaron la decisión respondan por ella. Que el mismo equipo que firmó los decretos sea el encargado de corregirlos pide a las víctimas una confianza que el Estado aún no se ha ganado. Una responsabilidad que se declara pero que no recae en nadie en concreto termina siendo otra forma de no asumirla.

Un rechazo que no es ideológico

El repudio ha sido transversal. Lo han expresado parlamentarios de distintos sectores, organizaciones feministas, agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura y organizaciones de derechos humanos. Según Cadem, el 94% está en desacuerdo con estas rebajas y apenas un 12% aprueba la gestión del ministro (Ex-Ante).

Ese consenso dice algo importante: hay límites que una sociedad no está dispuesta a cruzar, y la protección de la niñez y la memoria de las víctimas de la dictadura están entre ellos.

Reparar este agravio exige, como mínimo:

1.    Notificar a cada víctima y a su familia, con acompañamiento psicológico y jurídico.

2.    Revisar uno a uno los decretos y evaluar las vías legales para dejar sin efecto los que no respondían a una orden judicial.

3.    Establecer por ley que ninguna rebaja de este tipo se resuelva sin oír a la víctima y sin ponderar el riesgo de reincidencia.

4.    Excluir expresamente de estos beneficios a los condenados por crímenes de lesa humanidad que no hayan colaborado con la verdad.

5.    Asumir responsabilidades políticas por una decisión que el país supo por la prensa.

6.    Hacer efectiva la responsabilidad política mediante el recambio en la conducción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como condición para restituir la confianza institucional y la legitimidad del Ejecutivo como interlocutor ante el Congreso, las víctimas y la ciudadanía, en coherencia con las garantías de no repetición (ONU, 2005b).

La justicia no consiste solo en aplicar normas. También consiste en reconocer a las víctimas como personas capaces de saber, de hablar y de ser creídas. Ese reconocimiento es lo que hoy les debe el Estado.

Referencias bibliográficas

Centro de Políticas Públicas UC. (2020). Propuestas para Chile. Concurso Políticas Públicas 2019 (cap. 2). Pontificia Universidad Católica de Chile. https://politicaspublicas.uc.cl/web/content/uploads/2020/03/CAP-2.pdf

Comité de los Derechos del Niño. (2009). Observación General N.º 12: El derecho del niño a ser escuchado (CRC/C/GC/12). Naciones Unidas.

Comité de los Derechos del Niño. (2011). Observación General N.º 13: Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia (CRC/C/GC/13). Naciones Unidas.

Comité de los Derechos del Niño. (2013). Observación General N.º 14: Sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial (CRC/C/GC/14). Naciones Unidas.

Cooper Mayr, D. (1994). Delincuencia común en Chile. LOM Ediciones.

Cooper Mayr, D. (2005). Delincuencia y desviación juvenil. LOM Ediciones.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2006). Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Sentencia de 26 de septiembre de 2006, Serie C N.º 154.

Dotson, K. (2011). Tracking epistemic violence, tracking practices of silencing. Hypatia, 26(2), 236–257.

Fricker, M. (2007). Epistemic injustice: Power and the ethics of knowing. Oxford University Press. [Trad. esp.: Injusticia epistémica. Herder, 2017].

Garland, D. (2001). The culture of control: Crime and social order in contemporary society. Oxford University Press. [Trad. esp.: La cultura del control. Gedisa, 2005].

Hanson, R. K., & Morton-Bourgon, K. E. (2005). The characteristics of persistent sexual offenders: A meta-analysis of recidivism studies. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 73(6), 1154–1163.

Hanson, R. K., Steffy, R. A., & Gauthier, R. (1993). Long-term recidivism of child molesters. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 61(4), 646–652.

Larrauri, E. (2007). Criminología crítica y violencia de género. Trotta.

Ley N.º 19.856. (2003). Crea un sistema de reinserción social de los condenados sobre la base de la observación de buena conducta. Diario Oficial de la República de Chile.

Ley N.º 21.057. (2018). Regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales. Diario Oficial de la República de Chile.

Ley N.º 21.160. (2019). Declara imprescriptibles los delitos sexuales cometidos contra menores de edad. Diario Oficial de la República de Chile.

Medina, J. (2013). The epistemology of resistance: Gender and racial oppression, epistemic injustice, and resistant imaginations. Oxford University Press.

Naciones Unidas. (1989). Convención sobre los Derechos del Niño. Asamblea General, Resolución 44/25.

ONU. (2005a). Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad (E/CN.4/2005/102/Add.1). Comisión de Derechos Humanos.

ONU. (2005b). Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos a interponer recursos y obtener reparaciones. Asamblea General, Resolución 60/147.

Organización de los Estados Americanos [OEA]. (1994). Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).

UNICEF. (2015). 4º Estudio de maltrato infantil en Chile: Análisis comparativo 1994-2000-2006-2012. UNICEF Chile. https://biblioteca.unicef.cl/sites/default/files/2022-11/261_4to_estudio_de_maltrato_infantil_en_chile_analisis_comparativo_1994_2000_2006_2012.pdf


Violeta Flores es académica e investigadora, Observatorio desigualdades y políticas públicas, Universidad de Valparaíso. Presidenta de la AFA (Asociación de Académicos/as de la Universidad de Valparaíso), directora nacional FAUECH (Federación nacional de asociaciones de universidades estatales de Chile) y vicepresidenta de la Mujer y equidad de género de la CUT provincial de Valparaíso y encargada de secretaria de educación.

 

Compartir este artículo