Perú, desde hace unos cuantos años tiene comprometido a su gobierno en el desafío del acceso de su población a la alimentación saludable con un programa potente y a nivel nacional, bajo el titulo " A COMER PESCADO " y que tiene como centro promover el consumo de su principal recurso pesquero " consuma anchoveta y prevenga el alzheimer ", todo un éxito que les ha posibilitado alcanzar el consumo de 20 kgs. de pescado per cápita. http://www.acomerpescado.gob.pe/
En el mismo período de tiempo la clase política en Chile desde el Ejecutivo y el Congreso articularon la Ley Longueira, la que ha ayudado a perpetuar el pobre consumo de pescado que tienen las familias en nuestro país y que desde hace décadas no supera los 7,5 kgs. per cápita.
¿Que explica este contraste brutal que afecta a las familias chilenas? La respuesta resulta increíble pero se debe a que en nuestro país no tenemos una economía de mercado basada en la libre competencia, si es que concordamos con la Fiscalía Nacional Económica que el sentido de este modelo es que " produzca el mayor bienestar de los ciudadanos " y si nos comparamos con la situación privilegiada de los ciudadanos de nuestro país vecino en cuanto al acceso al consumo de pescado y con ello a la alimentación saludable.
¿Cómo la Ley Longueira perpetuó el que los chilenos no tengan acceso al consumo de pescado ? Su explicación la tenemos en la Mesa Longueira, lugar donde los grandes grupos empresariales conocidos como las 7 Familias y los armadores semi - industriales, los dos grupos que controlan casi el cien por ciento de las cuotas de anchovetas, sardinas, jurel y las principales pesquerías de nuestro país, y que los une la existencia de redes de contratos relacionados que les han posibilitado por décadas el control monopólico de la mayoría de las pesquerías, se pusieron de acuerdo en que la disputa no estaba entre ellos sino en cómo conseguir que la ley Longueira les entregara privilegios adicionales: uno de ellos fue conseguir a perpetuidad la propiedad sobre la riqueza pesquera país y sacarse de encima que ésta fuera un bien público; licencias indefinidas; y a renglón seguido los armadores semi industriales consiguieron que sus tripulantes dejaran de ser titulares de las cuotas que recibían y quedar solo ellos como únicos beneficiarios. Nadie podría discutir que estos dos grupos de interés consiguieron por la vía de una ley un negocio redondo que los favorece por sobre todo el resto de los chilenos.
¿Cómo la Ley Longueira consiguió justificar los anteriores privilegios? De ésto se preocuparon con exceso de celo el Ministro de Economía, Pablo Longueira y el Subsecretario de Pesca Pablo Galilea quienes colaboraron desde Subpesca, para que esta institución del Estado a cargo del sector pesquero se prestara para la campaña mediática que se mantiene hasta ahora con que los grupos de interés manipularon a la opinión pública sobre sus intereses de fondo. Ahora que el Ministerio Público ha transparentado las comunicaciones entre el gerente de Corpesca, el Subsecretario de Pesca de ese entonces y los Senadores de la Comisión Pesca sabemos que los anteriores no tenían entre sus preocupaciones el cómo influir para obtener con la Ley Longueira una mejor administración pesquera sostenida en criterios científicos y la sustentabilidad de nuestras especies marinas, sino en cómo modelar a su antojo dicha ley para conseguir el máximo de privilegios. Lo que no es de extrañar ya que todos ellos son los responsables de la peor devastación pesquera que conozca Chile en las últimas décadas.
¿Qué explica que las familias chilenas no encuentren en pescaderías y ferias los peces de bajísimo precio, como las anchovetas, sardinas y jureles? En forma insólita nuestra legislación no obliga a los armadores que capturan las anchovetas, sardinas y jurel que nos pertenecen a todos los chilenos las rematen al mejor precio, de allí que por años estos recursos se encuentren cautivos a favor de los grandes grupos empresariales quienes lo han comprado de antemano a los semi industriales por la vía de un tejido de contratos a 10, 15 o 20 años plazo, a precios que resultan del todo increíbles: anchovetas y sardinas no superan los cien pesos el kilo, y los jureles los 300 pesos, todos ellos con igual porcentaje de proteínas que el pollo y con alto contenido de Omega - 3. De esta forma todos los peces en Chile le pertenecen a los grandes grupos empresariales antes que las embarcaciones salgan a capturarlas, ya que están compradas de antemano y es lo que explica que las familias no tengan acceso al consumo de pescado ni los nuevos emprendimientos tengan acceso a esas materias primas.
¿Qué justifica anular la Ley de Pesca? La economía de mercado basada en la libre competencia que dice tener Chile, la ley Longueira la ha transformado en una retórica vacía de contenido, ya que los que la promovieron hoy sabemos por el Ministerio Público que no tenían como propósito que ésta " produzca el mayor bienestar de los ciudadanos ". Por el contrario, la Ley Longueira profundizó el que las familias no tengan ninguna posibilidad de acceso al consumo de pescado, realidad dramática que es indesmentible y que vive en carne propia cada hogar de nuestro país. Sin acceso a la riqueza pesquera como materia prima se hace imposible que las generaciones actuales y futuras se propongan nuevos emprendimientos y proyectos de innovación que agreguen mayor valor a las principales pesquerías de nuestro país o que contribuyan a satisfacer la demanda insatisfecha de alimentación saludable en base al consumo de pescado, en otras palabras hemos castrado a miles de jóvenes y ciudadanos de nuestro país la posibilidad que cristalicen sus sueños de como contribuir al progreso de nuestro país desde la ciencia, la innovación y el emprendimiento con nuestra riqueza pesquera país.
La conclusión es dramática, si nuestra clase política toma la opción de que siga vigente la Ley Longueira, las 7 Familias recurriendo a la corrupción y al cohecho habrán conseguido retener en sus manos la apropiación que hicieron de la riqueza pesquera país, por el contrario si se decide anularla y discutir una nueva ley que se alinee a una verdadera economía de mercado basada en la libre competencia, los chilenos tendremos la oportunidad que se pueda imponer como centro de la discusión de ésta " el mayor bienestar de los ciudadanos " de nuestro país.
Pablo Fernando González, Pyme Innovación.
