“No somos los extranjeros, los extranjeros son otros, ellos son los mercaderes y los esclavos, nosotros” (“Milonga de andar lejos”, Daniel Viglietti).
Una “avalancha inexistente
La crítica situación suscitada en las últimas semanas en Colchane y otras localidades de la Región de Tarapacá, incluyendo a la ciudad de Iquique, por un flujo acrecentado de migrantes que ingresan por pasos no habilitados, ha sido utilizada por el gobierno para demostrar su determinación de impedir con firmeza lo que se presenta como una “avalancha de migración irregular” que estaría amenazando el orden establecido y el bienestar general de la población en Chile[1].
Las declaraciones gubernamentales, lo mismo que de algunos parlamentarios oficialistas que han hablado hasta de una “pandemia de ilegales”, han logrado confundir a una parte considerable de la opinión pública, a juzgar por la “Encuesta Plaza Pública Cadem” de la segunda semana de febrero 2021, dada a conocer recientemente[2].
En el capítulo “Migrantes en Chile” de tal Encuesta, se da cuenta que por primera vez desde 2016, un mayoría (60%) de los consultados opina que “es malo para el país” la llegada de inmigrantes extranjeros. Seis encuestas similares y previas no habían superado el 45% de apreciación negativa al respecto. Y por el contrario, la encuesta de julio 2019 había registrado un virtual equilibrio entre quienes consideraban buena para el país la inmigración (43%) y quienes la consideraban mala (44%). Ahora, sólo el 31% conservaría una apreciación positiva de la inmigración.
Resulta inevitable relacionar ese cambio de apreciación con dos hechos. Por un lado, el contexto de la crisis económica que se ha agravado además por la crisis sanitaria derivada de la pandemia del Covid 19. Por otro, la lectura que han transmitido las autoridades migratorias acerca de que “ante un decaimiento en la economía el mercado es incapaz de crear empleos para nacionales y extranjeros durante el mismo período de tiempo, deteriorando en algunos casos la relación entre las comunidades de chilenos y migrantes, especialmente en sectores de bajos ingresos”[3]. Lo que habría ocurrido desde mediados de 2015 es que “la fuerza laboral migrante se volcó masivamente a buscar empleos” y “se acentuó la diferencia entre migrantes sin estudios superiores, quienes tuvieron mayor acceso al trabajo en comparación con nacionales con el mismo nivel educativo”. Con lo que se justifica la gestión migratoria del gobierno Piñera.
Así se explica también que la apreciación negativa de la inmigración haya crecido fuerte y fundamentalmente entre personas mayores de 35 años de los grupos socioeconómicos medio y bajo, tanto en Santiago como en regiones, desde diciembre 2018 al presente.
Salta a la vista la desinformación y magnificación del fenómeno de la migración realmente existente, cuando la encuesta revela que un 60% de los encuestados cree que la población extranjera en Chile sobrepasa hoy el 10% de la población total del país. Incluso un 27% de ellos estima que son ¡más del 20%!. Y sólo un 24% coincide con la estimación más certera, de que este porcentaje se encuentra entre el 5% y el 10%.
No es extraño que a partir de este nivel de desinformación y de evaluación sesgada de la inmigración, el 72% de los encuestados se pronuncie por una política migratoria que imponga mayores restricciones que las actuales y el 17% por mantener las actuales. Lo que resulta aparentemente contradictorio con que los mismos encuestados se reconocen hoy más tolerantes (40% versus 30% en diciembre 2018) y menos discriminadores (56% versus 67% en diciembre 2018) ante la inmigración que años atrás.
Esta paradoja se muestra más claramente con el acuerdo mayoritario que se da a las preguntas acerca si las familias inmigrantes deben recibir salud y educación, igual que las familias chilenas (84% de acuerdo); si los inmigrantes con situación legal al día deberían tener los mismos derechos que los chilenos (81% de acuerdo); si los inmigrantes fortalecen a nuestro país por su trabajo y talentos (64% de acuerdo); y con que las familias inmigrantes tengan acceso a viviendas igual que las familias chilenas (61% de acuerdo).
Donde “aprieta el zapato” de la inmigración es en la valoración de si los inmigrantes le han hecho bien a la economía chilena o no. Ante lo cual sólo un 48% se manifiesta de acuerdo, estando un 45% en desacuerdo con esa afirmación. Y un 43% cree además que los inmigrantes limitan las posibilidades de encontrar trabajo de los chilenos.
Con todo esto, finalmente, a pesar de que el 54% desaprueba la gestión del gobierno frente a la crisis migratoria en Colchane, un 56% se pronuncia igualmente por la expulsión de los inmigrantes que han ingresado al páís en forma irregular.
La conclusión crítica que se puede extraer de esta Encuesta en materia migratoria, es que nos revela que un sector significativo de los sectores medios y populares del país se está tragando una peligrosa mentira y una evaluación equivocada respecto del impacto de la migración en la sociedad y en la economía de Chile, que están siendo inducidas por el discurso y la acción del gobierno de Sebastián Piñera. La mentira de que la migración tiene dimensiones hoy que amenazan el bienestar de las trabajadoras y trabajadores de Chile y que es necesario mantener una política selectiva y restrictiva para preservar los intereses económicos y hasta sanitarios del país.
Como lo ha detallado un estudio del Servicio Jesuita a Migrantes,[4] el fenómeno de la mayor migración irregular del último año no es en modo alguno ajeno la política migratoria del gobierno: “de la mano con las medidas administrativas implementadas por el Gobierno, desde 2018 han disminuido los ingresos de personas extranjeras a Chile, pero también se han modificado las formas de movilidad y migración, apareciendo componentes de vulnerabilidad que se han exacerbado con la pandemia, crisis social y cierre de fronteras. Es importante no olvidar que la pandemia afecta con más fuerza a la población más vulnerable, dentro de la que se encuentran personas migrantes y en contexto de movilidad. Así los ingresos por paso no habilitado han aumentado exponencialmente y los peligros del tráfico ilícito de migrantes han estado presentes, siendo las regiones del extremo norte y personas venezolanas protagonistas en estos hechos.”
La inmigración rejuvenece y aporta calificación a la oferta de fuerza de trabajo en Chile
Por otra parte, es necesario señalar que el impacto de la migración en el mercado del trabajo en Chile no tiene las consecuencias negativas que se transmite en el discurso gubernamental.
El último estudio del Banco Central sobre el mercado laboral en Chile[5], incluye un acápite titulado “El creciente rol de la inmigración en la fuerza de trabajo”. El estudio, publicado en diciembre de 2018, reconoce que el porcentaje de inmigrantes en Chile todavía es menor que la mediana en países de la OCDE (12,2%). Señala además que “En promedio, el Censo 2017 indica que 80% de los inmigrantes participa en la fuerza laboral, comparado con el 61% de los chilenos, lo cual implica que pese a representar un 5,9% de la población en el 2017, equivalen al 8,8% de la fuerza laboral[6]. En conjunto, estos hechos apoyan la idea que la inmigración es motivada principalmente por razones económicas, y constituye una tendencia que ayudaría a compensar el envejecimiento de la población chilena.”
Destaca a continuación que “Sin embargo, la inmigración en Chile presenta diferencias importantes a lo típicamente observado en otros países. …la inmigración no se ha concentrado en los niveles de educación más bajos. Esto se refleja en que la proporción de trabajadores inmigrantes respecto al total de ocupados es relativamente pareja para todos los niveles educacionales. De hecho, el nivel educacional de los trabajadores inmigrantes es, en promedio, algo superior al de los chilenos...”
“Además, datos de la Encuesta Casen muestran que el mayor nivel educacional de los ocupados inmigrantes ocurre a todo nivel de calificación del empleo. Las mayores diferencias se observan en las ocupaciones de calificación media, donde un 34% de los inmigrantes cuenta con educación terciaria, comparado con un 13% de los chilenos que trabajan en estos empleos.
En efecto, el acceso que tienen los trabajadores a empleos acordes con su calificación parece no ser el mismo para chilenos que extranjeros. Por un lado, trabajadores inmigrantes con educación secundaria y terciaria tienen menos participación en empleos de alta calificación que trabajadores chilenos con el mismo nivel educacional. La mayor diferencia se da para los inmigrantes universitarios, donde solo el 57% está empleado en ocupaciones de calificación alta comparado con el 87% de los chilenos universitarios.”
No cabe duda, a partir de estas consideraciones, que la inmigración ha sido en el caso de Chile, en cuanto al mercado laboral, un factor de cualificación de la fuerza de trabajo disponible. Y está lejos de haber significado una postergación de las posibilidades de empleo para los trabajadores chilenos con algún nivel de calificación.
El estudio añade: “Pese a las diferencias observadas en términos de sobre calificación de los inmigrantes con educación terciaria, no se aprecian diferencias entre trabajadores chilenos e inmigrantes en la composición del empleo por categoría ocupacional, en la proporción de trabajadores empleados en el sector formal o en la distribución por sectores económicos. Sin embargo, destaca una mayor preponderancia de los trabajadores inmigrantes en el sector de servicios domésticos, en particular para las mujeres.
Y en el último párrafo señala algo muy relevante para entender porqué el atractivo de inmigrar a Chile por razones estrictamente laborales ha decaído luego de 2015: “En términos de desocupación, de acuerdo con el Censo 2017, el desempleo promedio de los inmigrantes era 7,5%, comparado al 7,0% de los chilenos. Sin embargo, al distinguir por el año de llegada al país se aprecian grandes diferencias. La tasa de desempleo de inmigrantes llegados después del 2016 casi triplica la de los extranjeros que entraron antes de esa fecha”. (cursivas y negritas mías). Lo que sin duda, ha empeorado en los últimos dos años.
Como lo ha señalado la Asociación de Venezolanos en Chile, el 70% al menos de los inmigrantes que en los últimos meses ha ingresado por pasos no habilitados, lo hacen motivados por razones de reunificación familiar. Y ante la desesperación que les causa el cierre de fronteras y la inminencia de la entrada en vigencia de una Ley de Migraciones que hará casi imposible su ingreso a Chile, cabe añadir.
La presencia dominante y el libre tránsito del capital…extranjero
Mientras se justifica con falacias y posverdades una política migratoria restrictiva y securitista, nadie levanta la voz para hacer notar que las principales determinantes del tipo de crecimiento que ha tenido Chile, destacado por la concentración de sus beneficios en el 1% más rico y su carácter extractivista y depredador del medio ambiente; los principales determinantes de la profunda heterogeneidad del mercado laboral, con salarios que en más de un 50% no superan los $ 400.000.- pesos, debido a los niveles de flexibilización y precariedad del empleo; los principales determinantes del nivel de financierización y endeudamiento que agobia a la población; los principales determinantes del fiasco del sistema de pensiones para los trabajadores y trabajadoras, que provee al mismo tiempo de ingentes fondos a los inversionistas; residen todos ellos, en la presencia dominante y sin restricción alguna del capital financiero internacional y de las grandes empresas transnacionales que operan en la economía chilena.
Estos “otros extranjeros” ingresan y han ingresado a Chile en los últimos 30 años con cada vez menos limitaciones y sin discriminación alguna. No sólo se les garantiza “trato nacional” y “el derecho a que no se condicione su ingreso a la exigencia de cumplir con ciertos requisitos de desempeño” en cada uno de los innumerables Tratados de Libre Comercio que Chile ha suscrito desde 2000 en adelante. Tienen además garantías que ni los inversionistas nacionales tienen. Como la invariabilidad tributaria que les garantizó el DL 600 –emanado en dictadura y vigente hasta hace muy poco- y la posibilidad de demandar al Estado chileno en caso de sentirse discriminados por alguna norma que los afecte ante un tribunal internacional, el CIADI.
En el caso de radicarse en la minería, han podido levantar yacimientos protegidos por una Ley de Concesiones Mineras que les otorga derechos equivalentes a convertirse en propietarios de la riqueza del suelo y del subsuelo que se les otorga. Ya que en caso de expropiación se establece un pago equivalente a todo el flujo de utilidades futuras que el yacimiento pueda obtener. No extraña por ello que su presencia sea absolutamente dominante en la gran minería del cobre, en la que los únicos operadores chilenos son la estatal Codelco y el Grupo Lucsik.
Pero mucho más determinante aún, su presencia en los mercados financieros se ha beneficiado de la total apertura de la llamada “cuenta de capitales”. Gracias a lo cual, la economía chilena se ha integrado como un verdadero apéndice a la esfera del capitalismo financiero internacional. Al punto que las autoridades monetarias chilenas en rigor gozan de una muy relativa soberanía en sus decisiones, ya que éstas están condicionadas por una sacrosanta libertad del mercado financiero y cambiario local. A cambio de lo cual, por cierto, Chile ha adquirido un rol de centro financiero de reciclamiento del capital dentro de la región sudamericana. Mérito que cabe reconocer a la gestión de Nicolás Eyzaguirre, durante el gobierno de Ricardo Lagos. Que en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos concedió suspender las normas del Compendio de Normas de Cambio Internacionales del Banco Central que permitían establecer encajes o comisiones y otras condiciones a la inversión de cartera[7] y demás operaciones de corto plazo, popularmente conocidas como “capitales golondrina”
Aduciendo la insuficiencia del ahorro interno para financiar un pujante crecimiento económico y los beneficios de toda índole que conllevaría la inversión extranjera, desde 1974 hasta el presente, cada gobernante que Chile ha tenido se ha esmerado por convertir el país en un lugar cada vez más atractivo para el capital foráneo. Los resultados están a la vista. La economía chilena es, sin duda, la más transnacionalizada y financierizada de América Latina y el Caribe. No es casual que desde hace un par de décadas tenga la mejor clasificación de “riesgo país” de toda la región. Y que esa posición la mantenga incluso en estos tiempos de crisis económica, social y política y en medio de la pandemia.[8]
La dictadura emitió en julio de 1974 el DL 600, ya citado. Patricio Aylwin lejos de derogar ese DL, lo reforzó con nuevas garantías para la inversión extranjera. Eduardo Frei, en su primer acto de gobierno convocó a un centenar de líderes de multinacionales en el edificio Gabriela Mistral, instándolos a hacer de Chile la base de sus operaciones para avanzar en su control de América Latina. El eco que tuvo se notó de inmediato: transnacionales mineras, forestales, de la industria alimentaria, de la banca, los seguros, las AFP, las ISAPRE, de la energía, de las telecomunicaciones, se posicionaron firmemente antes del año 2000, para manejar desde Chile sus negocios en América del Sur.
Ricardo Lagos dio el paso decisivo y fundamental con la firma de los mayores Tratados de Libre Comercio, que erróneamente se cree se limitaron a acuerdos de rebajas arancelarias en materia de comercio, desconociendo no sólo su dimensión financiera, sino también geopolítica. De allí en más, han sido el capital financiero internacional y las transnacionales que operan en Chile, sus intereses y decisiones, los que determinan en mayor medida no sólo el ciclo de la economía chilena, sino que la estructura, perfiles y contradicciones del sistema económico, social y cultural que impera en Chile. Y que, se entiende, la revuelta popular iniciada en octubre de 2019 se ha encargado de repudiar y demandar por su cambio radical y profundo.
Por ello, llama la atención que de limitar su presencia o condicionar sus movimientos nadie hable. Será que sería desafiar a los mayores dueños de Chile, que no son chilenos.
Manuel Hidalgo V.
Ingeniero Comercial. Economista-asesor sindical
Candidato a la Convención Constitucional.
Distrito 10. Lista Movimientos Sociales: Unidad de Independientes.
[1] “Se estima que el flujo puede ser alrededor de 100 mil a 200 mil personas durante 2021, debido a la reactivación económica”. “Estudio revela que empleo en migrantes sin educación superior aumenta y en chilenos baja” “El Mercurio”, 27 de julio 2020, página C3.
[2] Con una muestra de 705 personas que se encuestó telefónicamente entre el 10 y el 12 de febrero 2021.
[3] Libro “Gestión de la Migración en el siglo XXI: El caso de Chile”, Álvaro Bellolio (jefe del Departamento de Extranjería y Migración) y Gonzalo Valdés, citado en “Estudio revela….”, El Mercurio, 27 de julio 2020.
[4] Servicio Jesuita a Migrantes, SJM (2020). “Dinámicas fronterizas en el norte de Chile el año 2020: Pandemia, medidas administrativas y vulnerabilidad migratoria”. Arica, Chile. Recuperado de https://www.migracionenchile.cl/publicaciones-2020/
[5] “Mercado laboral: Hechos estilizados e implicancias macroeconómicas”, diciembre 2018, Banco Central de Chile https://www.bcentral.cl/documents/33528/133297/mercado_laboraldic2018.pdf/5282859d-ec41-bd4d-cefa-95c2bd348472?t=1573269201877
[6] De acuerdo con los datos de la Nueva Encuesta Nacional de Empleo (NENE), las tasas de participación de inmigrantes y chilenos para el trimestre móvil marzo-abril-mayo del 2017 fueron, respectivamente, 77% y 59%, niveles relativamente similares a lo reportado en el Censo de abril de 2017.
[7] https://www.bcentral.cl/areas/compendio-de-normas-de-cambios-internacionales. Allí se señala: “a contar del 19 de abril del año 2001 no se aplican denominadas restricciones cambiarias previstas en los artículos 49 y 50 de la LOC” Véase la LOC: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=30216.
