Hace unos días, la Contraloría General de la República, liderada por la contralora Dorothy Pérez, ha revelado que aproximadamente 25,000 funcionarios públicos han hecho uso de licencias médicas para viajar fuera del país, a realizar actividades personales: descanso, estudios en el extranjero, trabajos particulares; situación que pone de manifiesto la falta de ética y la corrupción que afectan al Estado en su conjunto. Un escándalo. Doloroso escándalo que significa un uso indebido de recursos estatales y que es sinónimo de falta de ética, integridad del servicio público y un agravio para miles de chilenos que realmente requieren apoyo y atención médica, que no tienen trabajo y que, lamentablemente, han sido víctimas de este abuso.
Pero la revelación de la Contraloría, también, refiere la existencia de un Estado frágil
y da cuenta de la indolencia de quienes deberían ejercer el rol fiscalizador en el
sistema. Funcionarios públicos disfrutando de vacaciones en el extranjero, mientras
miles de ciudadanos y ciudadanas aún forman parte de las eternas listas de espera,
confiando que obtendrán tratamientos médicos que podrían cambiar sus vidas.
Otros tantos, desempleados porque no cumplen el requisito del amiguismo para
ingresar al sistema.
Los montos perdidos por el Estado a través de esta práctica carente de ética, fraudulenta, son exorbitantes. Mientras, los chilenos esperan poder cambiar sus vidas bajo el resguardo de un Estado que los ha abandonado.
Para sumar, los fondos utilizados para pagar las licencias médicas provienen de los impuestos de los contribuyentes, es decir, todos los ciudadanos y ciudadanas pagamos por el descanso y bienestar de algunos, mientras confiábamos en que nuestro dinero se destinaba a mejorar la salud, la educación, la seguridad y el bienestar de la población. De toda la población. Los funcionarios públicos han traicionado la confianza pública, han traicionado a las familias de Chile.
Es muy penoso darse cuenta que, en un país donde la vulnerabilidad social es una realidad, existe un nivel de corrupción tan grande que pone en jaque la integridad de las instituciones y erosiona la confianza en el Estado y en sus representantes De la pena, pasamos a la indignación. ¿Cómo es posible que existan funcionarios públicos que se aprovechen del sistema, cuando deberían realizar su función para el bienestar de todos los ciudadanos y ciudadanas? ¿En qué país falto de ética, falto de empatía con los menos favorecidos, estamos viviendo? ¿Qué lección podemos aprender de esto?
Preguntas difíciles de responder. Pero, los cruces de información, en realidad la Contraloría haciendo su trabajo, han develado una falta de responsabilidad y ética de los funcionarios públicos, que han sido contratados pasando todos los filtros (se supone) por su mérito (y por ser amigos “de”). Es decir, no hay escrúpulos. Por otro lado, quienes deben ejercer la labor de fiscalización y control en los servicios mismos, tampoco realizan la función, de lo contrario, Contraloría no habría investigado. Por tanto, efectivamente, vivimos en un país falto de ética y empatía, de lo contrario, los encargados de transparencia y control, habría detenido la situación antes que escalara a los volúmenes que hoy conocemos, 25,000 funcionarios gozando de la vida, gracias a los recursos del Estado (o sea los nuestros).
Finalmente, los ciudadanos y ciudadanas merecen respeto. No se puede permitir que se siga minando la confianza de la población en las instituciones. Se debe rediseñar el perfil de los funcionarios públicos, dejar de lado el amiguismo, incorporar personas comprometidas con el servicio y la población (que no se refleja una prueba de conocimientos), fortalecer la convicción del deber ético. Es decir, personas con valores arraigados, transparentes, responsables, que antepongan el bienestar de los menos favorecidos, por el propio.
