La democracia en América Latina se mueve a diferentes velocidades. En algunos países, el sistema democrático ha logrado imponer su vigencia y se consolida; en otros, la democracia no logra echar raíces por lo que siempre está latente un retroceso autoritario; el proceso constitucional chileno del 2023 desgraciadamente va en esa dirección.
Por definición y por regla general, las normas jurídicas disponen sus efectos para el futuro. Desde los inicios del constitucionalismo se procura que las constituciones expandan la mirada en la misma dirección, permeables a los desafíos culturales y sociales de las futuras generaciones. Desde esta perspectiva, el catálogo de derechos fundamentales de toda Constitución es concebido sobre la idea de progresividad, es decir, permitiendo ampliar y profundizar el ejercicio y goce de tales derechos. Lo anterior no es obstáculo para que la evolución del derecho constitucional respete tradiciones. Sin embargo, aquello no implica obviar los temas de la sociedad, que como oleadas cada vez más fuertes, nos tiene en este momento constituyente.
El mundo conservador que hoy es mayoría en el Consejo Constitucional ha interrumpido el camino hacia un proyecto constitucional para el futuro. En efecto, sus propuestas son reminiscencias ideológicas de la Constitución original de 1980, incluso previa no sólo a la reforma de 2005, también previa a la reforma de 1989, Constitución con la que por cierto se identifican plenamente. No debería entonces llamarnos la atención que la victoria del “en contra” en diciembre deje a aquel grupo sin perder nada y ganando todo. Como buenos padres de familia nos dirán “te lo dije, nunca debió discutirse la idea de una nueva constitución” y rematarán “nuestra constitución le ha entregado estabilidad y gobernabilidad a Chile como ninguna otra”.
El mundo conservador sigue avalando propuestas que tienen como fin constitucionalizar regímenes mercantiles en materia de derechos sociales o retroceder en las conquistas en derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Existe un desprecio por el contexto de crisis climática y por normas de protección medioambiental, además de una nula visión respecto de la infancia y adolescencia que no se hace cargo de conceptos propios del derecho internacional como el interés superior de las y los menores. Y una regulación del terrorismo que nos recuerda su ya tradicional instrumentalización autoritaria.
Si hace algunos años el debate constitucional fue planteado como una oportunidad democrática y plural, a través de una Convención Constitucional -órgano democrático más representativo de la historia de nuestro país- y a través de este proceso constituyente se buscó avanzar en derechos aplicando principio de progresividad, lo que se aprecia ahora son ejemplos de lo contrario. Una mayoría homogénea y circunstancial aprueba sus pasiones retrógradas, y en subsidio, apuesta por un lifting del texto constitucional vigente basado en un gatopardismo. Esto implica reafirmar la Constitución vigente, una de las más reformadas de nuestra historia, y que paradojalmente es la que menos ha cambiado en sus aspectos fundamentales. Sin un mayor logro de los ideales democráticos, que permitan una progresividad en materia de derechos, Chile no logrará superar el paradigma neoliberal de nuestra Constitución, que se traduce en el concepto de democracia -aún protegida- que hoy tenemos.
Matias Silva, académico Escuela de Derecho UCSH
