Se cerraron las inscripciones. Las listas están sobre la mesa: se renueva por completo la Cámara de Diputados y parcialmente el Senado. En teoría, es la oportunidad para oxigenar la política, abrir paso a nuevas voces y refrescar nuestra representación. En la práctica, vemos otra cosa: figuras que saltan de un distrito a otro como quien cambia de escenario; rostros conocidos que esperan que la fama les traiga votos; partidos que hacen cálculos milimétricos mientras la ciudadanía observa con distancia y desconfianza.
No es novedad, pero se ha vuelto norma: candidaturas que responden a la conveniencia electoral más que a un compromiso con los territorios. El resultado es evidente: el vínculo entre representantes y representados se desdibuja. ¿Cómo puede legislar alguien que no conoce las tensiones ni necesidades del lugar que dice representar? ¿Cómo puede hablar en nombre de una comunidad alguien que llega a ella solo porque las encuestas le auguran mejores números?
Se habla de renovación, pero lo que vemos es reciclaje. Cambiar de distrito no es estrategia: es síntoma. Un Congreso que debería ser el espacio de encuentro de las voces de todo el país se va llenando de nombres repetidos, desconectados, ajenos. Al final, más que nuevas miradas, se reparten viejos apellidos.
Y en medio de este cuadro, aparecen también otros síntomas preocupantes: candidaturas de personas que enfrentan procesos judiciales, nombres que se cambian de pacto solo para asegurar un cupo —sin que quede claro si realmente se identifican con esas ideas— y acomodos que responden más a la urgencia de subsistir políticamente que a la voluntad de representar un proyecto coherente. Todo ello profundiza el desencanto ciudadano: si las listas parecen armadas sin convicción ni consecuencia, ¿qué confianza podemos depositar en ellas?
La pregunta de fondo es entonces: ¿qué significa ser representante? Hanna Pitkin lo advirtió hace décadas: no basta parecerse al electorado, hay que actuar en su interés[1]. Bernard Manin lo reforzó: el gobierno representativo moderno se ha convertido en un mecanismo de selección de élites más que en un espacio de deliberación[2]. En ese espejo, mover candidatos como fichas sobre un tablero no es astucia política; es una amenaza directa al sentido mismo de la representación.
Para el ciudadano común, la elección se reduce a otra cosa: un nombre que suene, un rostro familiar, un emblema reconocible. Así elegimos, con señales más que con convicción. Y así seguimos alimentando un sistema que no nos devuelve confianza, ni cercanía, ni respuestas. No es casual que cada proceso electoral venga acompañado de una sombra de apatía, de un “da lo mismo” que refleja la fractura creciente entre ciudadanía y política.
Lo que está en juego es mucho más que una nómina de candidatos. Es la salud de la democracia. Cuando los candidatos se mueven de distrito en distrito como piezas de ajedrez, cuando se cuelan nombres cuestionados por la justicia y cuando los cambios de pacto se multiplican como meras jugadas tácticas, lo que se erosiona no es solo la representatividad: es la legitimidad de nuestras instituciones. La democracia no vive únicamente de elecciones; vive de vínculos reales entre ciudadanía y política. Y hoy esos vínculos están debilitados, cuando no rotos.
El Congreso debería ser el lugar donde convergen las demandas y realidades de todo el país. En cambio, se convierte demasiadas veces en un espacio ajeno a las urgencias ciudadanas, dominado por la lógica de los pactos, los cupos y las estrategias. Lo que está fallando no es solo la capacidad de los partidos de escoger buenos candidatos; lo que se está deteriorando es la institucionalidad política en su conjunto.
Guillermo O’Donnell lo planteó con crudeza: cuando las instituciones democráticas dejan de cumplir su promesa de representar efectivamente a la ciudadanía, se abre el camino al desencanto y a la desafección[3]. Ese deterioro ya está aquí: se percibe en el escepticismo con que miramos los procesos electorales, en la caída en la confianza hacia el Congreso, en la sensación de que el sistema político funciona para sí mismo antes que para el bien común.
Podemos seguir discutiendo listas, estrategias, rostros conocidos y promesas de renovación. Pero si no abordamos el problema de fondo —la desconexión entre ciudadanía e instituciones— lo único que estaremos haciendo es administrar un sistema en decadencia. Un sistema que se desgasta cada vez que repite el mismo guion, cada vez que insiste en olvidar que la democracia no es un tablero para mover piezas, sino un espacio de representación real.
La pregunta, entonces, no puede seguir siendo solo quién resultará electo. La verdadera pregunta es otra: ¿qué tan enfermo está nuestro sistema político y qué haremos, como sociedad, para sanarlo? Porque mientras no enfrentemos el deterioro de la institucionalidad, cada elección será solo una puesta en escena. Y detrás del telón seguirá flotando la misma duda de siempre: ¿quién nos representa realmente?
Rossana Carrasco Meza es Profesora de Castellano PUC; Politóloga PUC; Magíster en Gestión y Desarrollo Regional y Local, Universidad de Chile.
[1] Pitkin, Hanna (1967). El concepto de representación. Berkeley: Universidad de California.
[2] Manin, Bernard (1997). Los principios del gobierno representativo. Cambridge: Universidad de Cambridge.
[3] O’Donnell, Guillermo (1998). Desigualdades horizontales y democracia en América Latina. Notre Dame: Universidad de Notre Dame.
