El día 20 de abril de 2023 el Presidente de la República de Chile, Gabriel Boric, ha comunicado al país la “Estrategia Nacional del Litio” de su gobierno, que ha provocado impacto mundial inmediato. Si el Presidente ejerce plenamente sus atribuciones para llevarla a la práctica, restableciendo plenamente el control estatal de la explotación del litio en el Salar de Atacama y lo hace extensivo a otros salares, su gobierno habrá dado un paso significativo en la recuperación de las riquezas minerales del país.
La captura de la mayor parte de estas riquezas, que desde la nacionalización de 1971 pertenecen al Estado, por parte de un puñado de grandes mineras que a su vez han capturado al Estado, constituye el mayor abuso contra el pueblo de Chile tras el 11 de septiembre de 1973. Por este motivo, ponerle coto recuperando el litio constituye un paso importante en la relegitimación del sistema democrático, sumido en una crisis política nacional desplegada desde el 18 de octubre de 2019, cuyo agravamiento ha quedado una vez más en evidencia por estos días.
El Presidente ha declarado su intención que Chile “se transforme en el principal productor de litio del mundo, aumentando así su riqueza y desarrollo, distribuyéndola justamente al mismo tiempo que protegemos la biodiversidad de los salares con la participación e involucramiento de las comunidades aledañas a las faenas mineras, promoviendo no solamente la extracción, no solamente la preservación, sino también la generación de productos de litio con valor agregado. El Estado participará en todo el ciclo productivo de este mineral, creando para ello una Empresa Nacional del Litio.”
Significativamente, el Presidente agregó: “He instruido a CORFO, la institución que administra nuestras reservas de litio, mandatar a su vez a CODELCO la búsqueda de los mejores caminos para lograr, desde ya, la participación del Estado chileno en la extracción de litio en el Salar de Atacama”, que contiene el 90 por ciento de las reservas nacionales del metal. “Así, CODELCO —agregó el Presidente— será nuestro representante frente a las empresas que actualmente están en el Salar para tener una participación del Estado antes del vencimiento de los contratos vigentes. En caso de conformarse una empresa pública-privada que explote el litio del Salar de Atacama, esta será controlada por el Estado a través de CODELCO”.
El programa de gobierno del Presidente Boric ha comprometido la plena recuperación del rol del Estado en la explotación del litio, en concordancia con el mandato constitucional de la nacionalización del cobre de 1971, refrendada por la legislación que lo declaró no concesible en 1979, y por la Comisión Nacional del Litio de 2015 que recomendó reservar su explotación de modo exclusivo a empresas del Estado o asociaciones público-privadas de su propiedad mayoritaria y control absoluto.
En la actualidad, hay que decirlo, tal estrategia nacional es posible sólo en litio, gracias al patriotismo y sensatez de militares que en 1979 lograron excluir al litio junto al petróleo, de la infame ley de concesiones dictada en 1981. Esta ha permitido que privados se apoderen hoy sin pago significativo del 73 por ciento del cobre extraído, cuyos costos son pagados en su mayor parte por los subproductos que lo acompañan y cuyo valor equivale a la mitad de los ingresos totales del Estado por todos los conceptos.
El gobierno del Presidente Boric tiene así la oportunidad histórica de ejercer ese mandato patriótico, puesto que depende de su sóla decisión crear ahora una empresa nacional del litio como filial cien por ciento de propiedad de CODELCO, con autorización para formar filiales en que eventualmente acepte participación minoritaria de privados para abordar proyectos específicos de explotación de litio, con cuotas, plazos conocidos y delimitados y las debidas regalías y otras condiciones. En el caso de recursos mineros estratégicos, dichas asociaciones con privados aún manteniendo el Estado el control mayoritario, no son necesarias ni convenientes en general para su explotación y mucho menos para su exploración. Los eventuales aportes de privados tanto en capital como en tecnología resultan de un orden de magnitud muy inferior al valor del recurso aportado por el Estado, y resulta posible y más ventajoso obtenerlos directamente en los mercados financieros y de servicios a la minería. Así lo comprueban medio siglo de operación de CODELCO en Chile y la experiencia de las empresas estatales que explotan más del 80 por ciento de los hidrocarburos extraídos en el mundo.
Distinto es el caso de las industrias que agregan valor en los encadenamientos previos y posteriores a la explotación misma de los recursos estratégicos. En ese caso no se trata de emprendimientos mineros, esencialmente rentistas, sino de procesos industriales normales que operan en mercados competitivos. Lo que corresponde en esos casos a los Estados que buscan promoverlos en su territorio es aportar seguridad en el abastecimiento del recurso a cambio de inversiones y acceso pleno a las tecnologías respectivas.
La única justificación para buscar hoy una asociación con privados en la explotación del litio es la posibilidad de recuperar por esa vía el control de las que hoy se encuentran en manos privadas. Por este motivo, la medida esencial de la nueva estrategia consiste en encargar a CODELCO “la búsqueda de los mejores caminos para lograr, desde ya, la participación del Estado chileno en la extracción de litio en el Salar de Atacama”. Como han hecho ver las personalidades firmantes de una reciente carta abierta al Presidente y una posterior declaración al respecto, la posición de CODELCO en el cumplimiento de este encargo se reforzará de manera contundente al ejercer el Presidente su atribución de instruir a CORFO contratar desde ya con la minera estatal la explotación exclusiva del Salar de Atacama a partir del vencimiento de los arriendos actuales, en condiciones similares de cuotas, plazos y regalías.
Esta medida constituye la acción decisiva al respecto y refuerza significativamente las posición negociadora así como el patrimonio y capacidad financiera de CODELCO y el fisco en general. Protegen asimismo la estabilidad de esta decisión ante eventuales cambios de política gubernamental. Por el contrario, anteponer dicha negociación a la firma del contrato referido evidentemente debilita la posición de CODELCO, favoreciendo a la parte privada. Como se dice en el campo, es poner la carreta delante de los bueyes.
Dichos contratos representan un hecho económico esencial para CODELCO, que incrementa de inmediato su patrimonio en una cifra cuyo orden de magnitud, estimado como corresponde a partir del volumen de las cuotas asignadas y el precio actual del metal. Considerando cuotas, plazos y regalías similares a los contratos actuales, su valor resulta comparable a los ingresos totales del Estado por todos los conceptos durante un año completo. Su sóla firma convierte a CODELCO en la principal operadora de litio a nivel mundial, respaldando la obtención del financiamiento para su puesta en marcha, desarrollo de las nuevas tecnologías requeridas en la explotación sustentable del Salar de Atacama, y la exploración del resto de los salares del país. Aparte de mejorar significativamente las cuentas fiscales en su conjunto.
La firma de tales contratos representa asimismo un hecho económico esencial para las actuales arrendatarias, poniendo término cierto a la incertidumbre respecto de la explotación del Salar de Atacama a partir del término más o menos próximo de los actuales arrendamientos.
Con toda probabilidad, ello representará un incentivo esencial para que dichos operadores presenten a la consideración de CODELCO alternativas de aportar la cuota remanente de los actuales arriendos y su capital de trabajo, a cambio de una participación minoritaria en una asociación para la explotación conjunta del Salar de Atacama a partir de ahora. Si se limita la participación de privados a la proporción entre su valor de mercado y el patrimonio de la empresa conjunta, lo que resulta en un porcentaje muy minoritario, dicha asociación puede resultar conveniente para ambas partes. En efecto, es evidente que la empresa conjunta tiene un valor significativamente superior a la suma de sus partes, al no estar sujeta al castigo del término inminente y más o menos próximo de sus operaciones, que afecta a las privadas.
La firma inmediata por parte de CORFO con CODELCO de los referidos contratos sobre el Salar de Atacama, y contratos equivalentes en otros salares que permitan el inicio inmediato de la exploración de los mismos, constituye en los hechos la creación de una empresa nacional del litio de primer nivel mundial. Complementada con las debidas consideraciones ambientales, de creación de valor agregado y respeto a los pueblos originarios aledaños a los salares, así como las respectivas regiones, conforman el contenido esencial de una estrategia nacional del litio en las condiciones políticas actuales.
Por el contrario, el anuncio presidencial de licitaciones a privados de contratos para la exploración en salares menores no es necesario y aparece como una concesión a la presión de estos entregando bienes públicos. Por lo mismo resulta inaceptable tanto por motivos económicos como políticos lo que es aún más grave en las condiciones actuales. La exploración demanda recursos menores y siempre debe ser abordada en exclusiva por empresas del Estado puesto que no se sabe a cuánto ascienden los recursos contenidos. Si se compromete de antemano parte de los mismos con privados se arriesga a provocar un daño enorme al Estado.
La presentación al Parlamento de un proyecto de ley para crear una empresa nacional del litio no parece necesaria a corto plazo por razones políticas. No puede llevarse a cabo antes de someterla ampliamente a la consideración ciudadana, especialmente de las comunidades locales y regionales, trabajadores, y pueblos indígenas. Este trámite debe realizarse luego de completar la puesta en marcha de la estrategia nacional del litio, ejerciendo medidas como las antes expuestas, que forman parte de las atribuciones exclusivas del gobierno y las instituciones y empresas del Estado que están bajo la dirección del Presidente de la República.
El país conoce la millonaria campaña en curso de presiones al gobierno, para que extienda el control de las empresas privadas que actualmente explotan el litio chileno, más allá del vencimiento de sus contratos vigentes y para apropiarse otros salares. Ello es contrario a los intereses de Chile. Por añadidura, la principal arrendataria sigue controlada por un grupo cuestionable ligado a la dictadura. La mejor manera de poner coto a tales presiones es firmar de inmediato el referido contrato de CORFO con CODELCO.
Lograr este objetivo será un homenaje del Presidente Boric y su gobierno al principal legado económico del Presidente Salvador Allende, en el cincuentenario de su heroico sacrificio en La Moneda en llamas, en aras de la lealtad de su pueblo.
Manuel Riesco. CENDA.
13 de mayo 2023
