Chile ostenta el nada honroso primer lugar en el ranking de desigualdad de ingresos entre los países de la OCDE. Un récord preocupante que confluye con los fríos cálculos del propio organismo multilateral respecto a lo que le costaría a una persona de bajos ingresos alcanzar el anhelado ascenso social: seis generaciones bastarían. Es decir, 180 años de espera.
Esta cifra, que golpeó con un gélido frescor de realidad a los chilenos en 2018, es el reflejo de una sociedad que, al mirarse en el espejo de la región, lograba —a pesar de todo— construir ciertas expectativas de movilidad. Esto se debió, en gran medida, a que en las últimas décadas el nivel de escolaridad experimentó un aumento constante, producto de la explosión de oferta que trajo consigo el modelo de financiamiento diseñado por el Estado de Chile. Fue la respuesta institucional tras las grandes movilizaciones estudiantiles de 2001, 2005, 2006, 2008 y 2011; una década completa de presiones sociales para democratizar el acceso a la Educación Superior.
Sin embargo, ese ensanchamiento en la oferta educativa jamás estuvo sostenido sobre un plan nacional estratégico capaz de abordar los grandes dilemas de la sociedad chilena, en particular, la urgencia de inyectar vigor a las escuálidas cifras de investigación y desarrollo que nos permitirían sortear la denominada “trampa del ingreso medio”. La ecuación gubernamental pecó de una falta de visión alarmante: liberalizar el sistema para que los capitales privados, al amparo de la ley, proliferaran ofreciendo carreras sin mayor proyección, de dudosa calidad pedagógica y con una empleabilidad deficiente.
La dinámica terminó siendo profunda y estructural. Pese a la lúcida problematización que realizamos generaciones de dirigentes estudiantiles —quienes vimos cómo estos mismos conflictos ya estallaban en Europa bajo el alero del Plan Bolonia—, el país se negó a ver lo que hoy es una realidad dolorosa: más de un millón cien mil jóvenes frustrados, asfixiados por la deuda y sin posibilidad real de acceder a esa promesa de ascenso social que representaba el cartón universitario.
Los “cesantes ilustrados” eran del todo previsibles, al igual que los ilustrados endeudados. Pero los más golpeados por esta maquinaria son los cesantes, endeudados y deseducados. Hablamos de ese inmenso segmento de las capas populares y medias que intentó abrirse camino y que, tras fracasar por motivos casi siempre ligados a su fragilidad socioeconómica, terminó expulsado del sistema. Las cifras son lapidarias: cerca de un 40% de los deudores del CAE no logró siquiera terminar su carrera, pero cargan en sus espaldas con pasivos indexados a la Unidad de Fomento (UF) que crecen día a día de manera exponencial y asfixiante.
El sistema financiero se sostiene, en parte, sobre los pasivos de estos jóvenes; deudas que en muchos casos resultan incobrables debido a las propias fallas de su diseño. Pero toda esta estructura cuenta con un aval inexpugnable: el Estado de Chile. No son pocos los economistas que han advertido la dureza de este mecanismo, con créditos que en su génesis cobraban un altísimo 6% de interés por sobre la inflación. Un negocio redondo y carente de mayor riesgo para los bancos y empresas financieras, quienes, con el aval fiscal en el bolsillo, han visto cómo el Fisco les recompra carteras morosas pagando recargos bastante cuestionables. Es la socialización de las pérdidas y la privatización de las ganancias, amparada por una clase dirigente que parece desentenderse del impacto en las capas medias, dejando a una generación de jóvenes arrinconados económicamente.
El ciclo es evidente y sus resultados, inexorables. Costará cada vez más generaciones ascender socialmente en Chile, si es que aún sobrevive tal posibilidad. Las grandes fortunas del mercado financiero nacional seguirán consolidando sus posiciones, mientras los sectores populares sufrirán, generación tras generación, intentando alcanzar la mera sobrevivencia en dignidad. Esta hipoteca del futuro es lo que, en buena medida, logra explicar que este mismo país posea hoy una de las tasas de natalidad más bajas del mundo (otro récord lúgubre que nos apremia); es difícil traer hijos a un mundo donde el patrimonio heredable parece ser la deuda.
Mientras tanto, el gobierno y los sectores conservadores continúan realizando misas, persignándose ante las cámaras y cediendo espacios de culto al interior del Palacio de La Moneda a un sector de los evangélicos, en un afán constante por erigirse como las lumbreras de la moral cristiana en el continente.
La pregunta ineludible que nos cabe hacerles es si, en su rezo dominical del “Padre Nuestro”, habrán decidido extirpar deliberadamente aquella célebre frase enseñó el propio Jesús y que dice: "Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores".
Porque en Chile las deudas de los poderosos suelen renegociarse. Las de las grandes empresas suelen reestructurarse. Las de los grupos económicos encuentran mecanismos de alivio. Pero para cientos de miles de estudiantes y sus familias, la respuesta durante años ha sido exactamente la contraria.
El rezo del gobierno más bien dicta: “Perdona nuestras deudas. Nosotros, no.”
