Durante mucho tiempo asumimos que uno de los principales caminos de integración social era relativamente sencillo de describir: estudiar, encontrar un trabajo y, a través de él, acceder progresivamente a mayores niveles de seguridad. El empleo no garantizaba bienestar, por supuesto, pero ofrecía algo más que un ingreso. Organizaba cotizaciones, acceso a protección social, cierta estabilidad y, sobre todo, la posibilidad de proyectar la vida un poco más allá del mes siguiente. Esa relación parece hoy bastante menos evidente.
Las últimas cifras del mercado laboral chileno vuelven a mostrar un escenario complejo. La desocupación alcanzó un 9,4% en el trimestre abril-junio y la informalidad llegó al 27% de las personas ocupadas. Dicho de otra manera, más de uno de cada cuatro trabajadores se encuentra hoy en una situación de informalidad. El dato importa por sí mismo, pero quizás dice algo más profundo sobre la forma en que estamos organizando el trabajo y la protección social, porque el problema ya no parece estar solamente entre quienes tienen empleo y quienes no lo tienen. También está ocurriendo dentro del propio empleo.
Una persona puede trabajar todos los días, generar ingresos, sostener a su familia y aparecer correctamente registrada como ocupada en las estadísticas. Pero eso no significa necesariamente que tenga estabilidad, cotizaciones regulares, protección frente a una enfermedad o capacidad para enfrentar algunas semanas sin ingresos. Trabaja, pero sigue siendo vulnerable. Esa distinción importa porque buena parte de nuestra conversación pública continúa mirando el mercado laboral desde una frontera bastante tradicional: ocupados y desocupados. Es una división necesaria para comprender lo que ocurre con el empleo, pero cada vez parece menos suficiente para comprender lo que ocurre con las personas.
No todo trabajo produce el mismo nivel de seguridad y tampoco toda informalidad es idéntica. Sería un error imaginar a quienes trabajan informalmente como un grupo homogéneo o asumir que cada trabajador independiente se encuentra necesariamente en una situación precaria. Hay quienes han elegido determinadas formas de trabajo, poseen autonomía e incluso mejores condiciones que muchos trabajadores asalariados. Pero esa constatación no debería ocultar el problema general: cuando más de una cuarta parte de quienes trabajan lo hacen de manera informal, ya no estamos hablando solamente de una anomalía ubicada en los márgenes del mercado laboral. Estamos hablando de una característica relevante de cómo una parte importante de la sociedad chilena se relaciona con el trabajo.
Y probablemente deberíamos preguntarnos qué significa eso para nuestras políticas públicas. Durante décadas construimos buena parte de la protección social alrededor de la relación laboral. El contrato y las cotizaciones fueron mucho más que instrumentos administrativos: funcionaron como una de las principales puertas de entrada hacia la seguridad social. Salud, pensiones, protección frente a accidentes laborales y otros mecanismos de seguridad se organizaron, con distintas intensidades, alrededor de la capacidad de cotizar. Chile ha realizado esfuerzos importantes por ampliar esa cobertura, incluyendo progresivamente a trabajadores independientes, pero el problema no se agota ahí.
La pregunta de fondo sigue siendo bastante simple: ¿qué ocurre con una arquitectura de protección social que continúa descansando fuertemente sobre el empleo formal cuando una proporción relevante del trabajo real ocurre fuera de él? Tal vez sea necesario comenzar a mirar la informalidad no solamente como un problema laboral que debemos reducir, sino también como una advertencia respecto de los límites de nuestras políticas sociales. Esto no significa renunciar a la formalización. Un mercado laboral capaz de generar empleos formales, productivos y protegidos sigue siendo una de las herramientas más importantes de integración social. Pero esperar que todo el problema se resuelva cuando esas personas finalmente entren al empleo formal puede ser insuficiente.
Porque mientras esperamos, trabajan. Venden, conducen, reparten, cuidan, prestan servicios, construyen, comercian o desarrollan pequeñas actividades por cuenta propia. Pagan arriendo, sostienen familias y enfrentan enfermedades, accidentes y periodos sin ingresos como cualquier otro trabajador. La diferencia aparece cuando algo falla. Un empleo formal puede ser también precario, mal pagado o inestable, y no conviene idealizarlo. Pero cuando una persona se encuentra fuera de determinadas redes de protección, un problema relativamente cotidiano puede tener consecuencias mucho más profundas: una enfermedad puede significar dejar de producir ingresos, un accidente puede interrumpir por completo una actividad y algunas semanas con menos trabajo pueden transformarse rápidamente en deuda.
Ahí aparece una fragilidad que las estadísticas de ocupación no siempre permiten observar. Podemos celebrar la creación de nuevos puestos de trabajo y, al mismo tiempo, estar produciendo una sociedad donde una parte de quienes trabajan vive permanentemente cerca de la inseguridad. Por eso la pregunta no debería ser solamente cuántos empleos está creando Chile, sino también qué clase de seguridad consigue producir ese empleo.
El propio mercado laboral parece estar obligándonos a revisar algunas categorías. Desde 2026, el INE identifica a los llamados “contratistas dependientes”: trabajadores que no son completamente autónomos, pero que tampoco encajan del todo en la figura tradicional del asalariado. En el trimestre abril-junio representaron un 7,7% de la población ocupada. No es solo un cambio estadístico. Es una señal de que el trabajo está cambiando más rápido que algunas de las categorías con las que aprendimos a pensarlo, y si cambia el trabajo, tarde o temprano también tiene que cambiar la forma en que pensamos la protección.
Eso no significa desvincular por completo los derechos sociales del empleo. El trabajo seguirá siendo una fuente central de ingresos, cotizaciones y autonomía. Pero probablemente necesitaremos mecanismos capaces de acompañar trayectorias laborales cada vez menos lineales: personas que pasan del empleo dependiente al trabajo por cuenta propia, luego a periodos de desempleo, vuelven a cotizar y cambian nuevamente de situación. La vida laboral de muchas personas ya se parece poco a una carrera continua dentro de una misma relación contractual; nuestras políticas, en cambio, todavía suelen funcionar mejor cuando esa trayectoria es estable.
Ese desajuste obliga también a revisar una idea muy instalada en la política social: que el trabajo constituye, por sí mismo, una salida suficiente de la vulnerabilidad. Muchas veces lo es, pero no siempre. Una persona puede salir estadísticamente del desempleo sin haber salido de la inseguridad. Puede conseguir una ocupación y continuar teniendo enormes dificultades para proyectar el futuro. Puede trabajar más y seguir sintiendo que cualquier imprevisto amenaza con devolverla al punto de partida.
Eso ayuda a entender ciertas contradicciones presentes en nuestra conversación pública: personas que trabajan y, sin embargo, sienten que no avanzan; familias con ingresos que no se reconocen a sí mismas como protegidas; sectores que no necesariamente se consideran pobres, pero viven permanentemente expuestos a caer. Tal vez hemos mirado demasiado la vulnerabilidad como una condición y demasiado poco como una relación con el riesgo. Y el trabajo informal expresa precisamente eso: no solamente cuánto gana una persona hoy, sino qué ocurre si mañana deja de ganar.
Ahí las políticas públicas enfrentan un desafío difícil, porque la respuesta no puede limitarse a subsidiar permanentemente la precariedad. El objetivo debe seguir siendo mejorar la calidad del empleo y favorecer la formalización. Pero, al mismo tiempo, una sociedad no puede organizar toda su protección suponiendo que quienes todavía no alcanzan ese estándar deben enfrentar solos las consecuencias. Entre el empleo formal plenamente protegido y la exclusión existe una zona bastante más amplia de lo que solemos reconocer.
Por eso quizás la discusión sobre el empleo debería dejar de preguntarse únicamente cuántos puestos de trabajo necesitamos y comenzar a incorporar otra dimensión: qué capacidad tiene el trabajo para producir integración, protección y alguna certeza sobre el futuro. Porque tener trabajo sigue importando muchísimo, pero puede que ya no sea suficiente.
Sergio Alejandro Valderrama Valderrama
Trabajador Social
Magister en Gobierno y Sociedad
