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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Chile del 2030. Por Álvaro Ramis

Estamos a pocos días de la Cumbre Especial sobre Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Este evento tiene un doble sentido. Es el momento en el que culminará el plazo para el cumplimiento de los Objetivos del Milenio (ODM), sancionados en la Cumbre del año 2000. Y dará lugar al lanzamiento de un nuevo programa de desarrollo, orientado a los próximos 15 años, llamado “El camino hacia la Dignidad en 2030”, compuesta por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estas metas -en parte- profundizan los 8 ODM del 2000, pero en otros aspectos constituyen una auténtica novedad, ya que amplifican y ensanchan la noción de desarrollo.

Chile llega a este momento sin una clara evaluación de sus avances reales y efectivos respecto a los ODM. Esta carencia es una primera limitación a la hora de asumir nuevas exigencias. El último informe del gobierno chileno, presentado en 2014, es muy genérico y se limita a destacar la persistencia de graves inequidades y desigualdades en distintos niveles y aspectos( 1) . Al menos este reconocimiento es importante ya que los ODM no apuntaban a la desigualdad como un aspecto central en su diseño y propuesta, más bien se centraban en un enfoque basado en la “superación de la pobreza”, entendida como carencias básicas y ausencias de capacidades fundamentales. La referencia a los aspectos ambientales (objetivo 7) tampoco era asumida plenamente como una estrategia transversal, sino más bien era un aspecto complementario a los objetivos netamente sociales.

Chile se instala en el proceso de los ODS como país rentista/extractivista. El año pasado el 57% de las exportaciones tuvieron su origen en la minería, lo que representó un 13% del PIB entre 2008 y 2013. Aunque paradojalmente sólo un 9% de los ingresos tributarios tuvo origen minero en 2014. Ello también se expresa en otras áreas clave de la economía chilena: la pesca de arrastre, la industria forestal y la banca/sistema de AFP son casos particularmente sensibles, ya que generan millonarias ganancias, altamente concentradas, pero sin producir beneficios sociales relevantes, acordes a la magnitud de su peso financiero. En todos estos casos se constatan enormes costos asociados directamente a estas actividades, que se traspasan a la ciudadanía bajo la forma de “zonas de sacrificio” ambiental o “capturas de renta” que expolian ilegítimamente los ingresos de los asalariados. ¿Cómo afrontar la agenda de los ODS en este contexto? No es lo mismo asumir la agenda de la dignidad 2030 con una economía basada en el conocimiento y la innovación científica, que bajo condiciones altamente dependientes del precio de los commodities.

Además, la presidenta Bachelet asistirá a la Cumbre Especial sobre Desarrollo Sostenible en medio de un debate nacional que tiene directa relación con el cumplimiento de su agenda de reformas. Sometida al criterio del “Realismo sin renuncia”, parece tensionada entre las dificultades del contexto económico, las desavenencias políticas de su coalición, las contradicciones a nivel de gestión y las altas expectativas a nivel social. Si el gobierno tiene una mirada estratégica, los ODS pueden ayudar a superar estas disputas, constituyendo un marco ideal para retomar la iniciativa política, e integrar el impulso al cumplimiento del programa desde una perspectiva más amplia, que apunta a la responsabilidad internacional de nuestro país.

Este difícil contexto revela que alcanzar avances significativos en los ODS exigirá a Chile que su contenido tenga el máximo respaldo institucional y legal, al más alto nivel y de manera estable en el tiempo, más allá de los gobiernos de turno. ¿No sería adecuado que la agenda de los ODS, con el horizonte puesto al 2030, se constituya en el gran relato que impregne el Proceso Constituyente, y permita orientar el contenido de la Nueva Constitución? Esta idea no es menor, si se piensa que una Constitución no sólo es un conjunto de procedimientos orgánicos institucionales. También debe tener una dimensión teleológica, basada en un programa de desarrollo nacional ampliamente respaldado a nivel nacional e internacional. Los ODS pueden constituirse en esa “mirada-país”, asimilada y compartida, que otorgue a la Nueva Constitución la profundidad conceptual y la legitimidad ciudadana que necesita.

Álvaro Ramis es Doctor en ética y democracia. Consultor de la Asociación Chilena de ONGs ACCIÓN.

Nota 1) Gobierno de Chile (2014) Objetivos de desarrollo del Milenio, Cuarto Informe. Ministerio de Desarrollo Social, p. 8.

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