El desembarco de José Antonio Kast en la Moneda ha estado lleno de declaraciones, con las que se pretende responder a un supuesto estado de emergencia, provocado por la mala administración del gobierno pasado. Estas declaraciones, derivadas de un discurso central catastrofista, han sorprendido a la ciudadanía, por su falta de vinculación con la vida cotidiana de los y las chilenas. Con estupor, se observa la propuesta de medidas que, de concretarse, solo harán más difícil el día a día de los y las trabajadoras. Estos, en su inmensa mayoría, viven de sueldos bajos, con los que ya no pueden cubrir todos los gastos del mes.
Hasta el momento y luego de casi dos meses de gobierno, las nuevas autoridades no muestran intenciones reales de dialogar con los distintos actores sociales, que representan a los trabajadores y sus organizaciones. Lo que se expresa más bien, es una vocación totalitaria, que busca imponer criterios tecnocráticos, centrados en una racionalidad económica de corte neoliberal.
La primera señal de lo expuesto, la dio el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, cuando a poco andar, declaró en un punto de prensa, que la caja del Estado no tenía recursos para financiar los gastos que se debían asumir a la brevedad. Lo que sucedió después y por varias semanas, implicó cambios en la cifra del dinero que tenía la dichosa caja, incluyendo la defensa que hacía el exministro de la cartera, respecto a los montos reales con los que se contaba. Al final, lo que sí logró el ministro de Hacienda, es alarmar a la ciudadanía y ponerla en un estado psicológico de emergencia.
Luego, otro golpe de efecto se produjo con el alza de los combustibles. De un día para otro, el ministro Quiroz traspasó en su integridad, el alza en los valores de las bencinas y el petróleo, a una gran cantidad de chilenos que utilizan sus vehículos para trasladarse a sus lugares de trabajo. Esta medida no solo afecta a los automovilistas, sino que al precio de los productos que se trasladan a lo largo del país y a los transportistas que realizan ese trabajo. Lo anterior comienza a sentirse en los bolsillos de los y las ciudadanas, que deben enfrentar nuevos precios de los insumos básicos para vivir. La guerra en oriente medio, ha servido a la autoridad como el argumento central de estas alzas, conflicto bélico que funciona como telón de fondo argumentativo insoslayable y definitivo. Es de esperar que estas alzas no sean permanentes y una vez que terminen las acciones bélicas, volvamos a tener precios más razonables para los combustibles. Lamentablemente, en Chile, la experiencia nos dice que los impuestos transitorios, terminan siendo permanentes y el costo al final, lo pagan todos los chilenos.
Los anuncios del ministro Quiroz han sido, como vemos, lapidarios para la clase trabajadora del país. En días recientes, la opinión pública ha tenido acceso a los oficios que la cartera de Hacienda envió a todos los ministerios, con indicaciones respecto a recortes específicos en cada uno de los servicios de dichas reparticiones, para elaborar el presupuesto de la nación del año 2027. Más allá del 3% en la reducción de gastos ya exigidos, los polémicos oficios del ministro, recomiendan ajustar o descontinuar el financiamiento de diversos programas que se encuentran en funcionamiento. Las recomendaciones más llamativas son las que se refieren a los Ministerios de Salud y de Educación. En el caso del primero, se verían afectados, entre otros, el Programas de Salud Trans, el Programa Nacional de Prevención del Suicidio y el de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS). Es sabido por todos los chilenos, que las urgencias y necesidades que tenemos en el ámbito de la salud pública, son impostergables y estos programas cubren muchas de esas necesidades y otras emergentes en el último tiempo.
En este espacio de reflexión queremos detenernos puntualmente en el oficio circular N°16 del 21 de abril del presente año, dirigido al Ministerio de Educación. Nos parece relevante observar con más detalle, algunas recomendaciones en cada uno de los Servicios de este Ministerio. Para comenzar, respecto a la Dirección de Educación Pública se aconseja descontinuar el financiamiento del Fondo de Apoyo a la Educación Pública, cuestión que resulta incomprensible ya que esta es la que forma a la mayor cantidad de jóvenes en el país. Del mismo modo, recomienda ajustar el presupuesto del Programa referido a Infraestructura y Equipamiento para la Educación Pública del siglo XXI. Sabemos que el ítem infraestructura es crítico, sobre todo en regiones, y estas recomendaciones sólo agudizan el problema. Claramente la educación pública no es una prioridad para este gobierno y de ser recogidas las propuestas de Hacienda, empobrecerán aún más las precarias condiciones en las que funcionan muchos establecimientos educacionales.
En relación a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, llama la atención que se recomiende el ajuste de presupuesto relativo a los Servicios Médicos (Asistencia Médica Prebásica, Básica y Media). Por otro lado, también se sugiere descontinuar el Programa de Alimentación Escolar y la Beca de Apoyo a la Vocación de Profesor. Es decir, la autoridad cree que la asistencia médica a niños y adolescentes en etapas de crecimiento, no es necesaria. También recomienda descontinuar el Programa de Alimentación, el cual ha sido clave para niños y niñas que cuentan con él, en ocasiones, como único alimento del día. Finalmente, sobre este Servicio, el ministro cree que el apoyo a la vocación de profesor no es necesario. En tal sentido, sabemos que el profesorado en su conjunto, necesita de todos los apoyos posibles para realizar con dignidad y excelencia académica su labor, ya que, en una medida importante, el desarrollo del país depende de ello.
Sobre el servicio que ofrece la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Hacienda recomienda ajustar el presupuesto del Programa Educativo Alternativo de Atención del Párvulo y el Programa Educativo para la Familia, cuestión que también se contradice con los valores que este gobierno dice defender y que debiesen fortalecer a las familias y a los infantes más pequeños. Esto se ve agudizado por la sugerencia de descontinuar el Jardín Infantil Transitorio-Estacional, cuestión que complica aún más la organización y protección de las familias y sus integrantes.
En el caso de la Subsecretaría de Educación, las sugerencias de ajustar y descontinuar programas, afectan a muchos de ellos. El ajuste presupuestario se recomienda, entre otros, para los programas de Educación Intercultural Bilingüe, el Fortalecimiento de la Innovación Educativa y el de Educación Rural. De este modo, se le resta importancia al multiculturalismo e interculturalismo que tenemos en Chile, con especial énfasis en la relación con nuestros pueblos originarios. Además, no se considera necesaria la innovación educativa en un mundo globalizado altamente cambiante, en el que las nuevas tecnologías están jugando un rol gravitante en los procesos educativos. Dentro de los programas que se sugiere descontinuar, nos parece particularmente grave, el Programa Nacional de Lectura, el de Promoción de Talentos en Escuelas y Liceos y el Plan Nacional de Escritura. El apoyo a la lectura y la escritura, resulta hoy prioritario y eso lo saben muy bien los profesores de lenguaje, pero también los demás docentes, pues estamos frente a una verdadera crisis respecto a la comprensión lectora y a la capacidad de expresión oral y escrita. Por otro lado, suprimir la ayuda a los alumnos y alumnas talentosos, provenientes de escuelas y liceos, es una gran injusticia social, para quienes, con mucho esfuerzo logran destacar, mereciendo mejores oportunidades en sus procesos formativos.
Para la Subsecretaría de Educación Parvularia, la cartera de Hacienda sugiere ajustar el presupuesto del Programa de Jardines Infantiles y Salas Cuna en Modalidad Convencional. En este caso, la recomendación es un poco menos drástica que la hecha sobre el Programa de Jardines Infantiles Transitorio-Estacionales, entregado por la Junta Nacional de Jardines Infantiles, pero da cuenta de la poca importancia que el gobierno le da al apoyo de las familias, precarizando salas cuna y jardines infantiles tan necesarios, para el desarrollo de las familias chilenas.
Finalmente, en relación a la Subsecretaria de Educación Superior, los ajustes recomendados impactan los fundamentos más relevantes que dan sentido a las Universidades del Estado. De este modo, el Aporte para el Fomento de la Investigación y el Aporte Fiscal Directo, debiesen ser revisados en términos de su ajuste. Sabemos que la investigación aplicada, es una de las actividades más relevantes que puede realizar una Universidad pública, en el contexto de un país en vías de desarrollo. Por otro lado, el Aporte Fiscal Directo, es una obligación del Estado para con estas instituciones de educación superior. Sin embargo, hemos visto con preocupación, como dicho aporte disminuye año a año. Esto desvirtúa la condición estatal de nuestras universidades públicas, haciéndolas competir, además, en forma desigual, con instituciones privadas movidas finalmente por el lucro. Por último, sobre la Educación Superior, Hacienda sugiere descontinuar el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE), el cual ha sido muy importante para los estudiantes, cuyas competencias académicas deben ser reforzadas, en virtud de un buen desempeño en su vida universitaria.
Las recomendaciones o como quiera llamárselas, hechas por el ministro Quiroz, son mucho más que el resultado de un análisis técnico, con el que se busca optimizar el funcionamiento de los programas involucrados. Implican una reorientación ideológica en la comprensión del Estado, desde una racionalidad económica, que desconoce, en el caso analizado, la complejidad del sistema educativo en su conjunto.
La pura sostenibilidad financiera no puede imponerse por sobre el fortalecimiento de los derechos sociales. Se trata, en efecto, de un cambio de paradigma que se articula en una racionalidad tecnocrática neoliberal, en el que el gasto social se subordina a reglas macrofiscales. Los oficios de Quiroz constituyen un discurso de autoridad legal que pretende ser incuestionable y que, en el fondo, da cuenta de una propuesta política. El ajuste o el descontinuar programas, en realidad constituyen una opción política, disfrazada de una necesidad técnica inevitable. En este nuevo paradigma, el Estado debe ser un gestor eficiente y administrador de la escasez, suprimiendo su función social que debe expandirse hacia todos los chilenos y chilenas. Así, los Programas del Ministerio de Educación, como los de las otras carteras, son evaluados desde la variable del financiamiento sostenible en el tiempo, condicionando el gasto fiscal, sin considerar los contextos del funcionamiento de dichos servicios y la posibilidad de inyectarles recursos desde otras áreas de desarrollo. Lo que realmente se quiere, es la reducción del Estado, (eliminación de programas de inclusión, equidad o desarrollo integral), en su condición de garante de una igualdad estructural.
Más allá de las recomendaciones del ministro de Hacienda, vemos que el verdadero interés, es el de generar e instalar una hegemonía fiscal, definiendo criterios a priori y condicionando las decisiones sectoriales, dejando de lado el desarrollo de políticas sociales. Se establece, de esta forma, una verdadera jerarquía tecnocrática, que limita y restringe, de forma dramática la elaboración de políticas públicas, que mejoren la vida de los y las chilenos.
En síntesis, los oficios de Quiroz y en particular el referido a Educación, no son sólo documentos administrativos con recomendaciones analizables, en su forma y en su fondo. Corresponden a cuerpos discursivos ideológicos, que promueven la ejecución de los cambios, sin considerar la realidad de cada ministerio y la del país en su conjunto. En ellos, se subordina la política social a la economía, desde un Estado que, en el nuevo paradigma, no es más que un agente fiscal disciplinado y disciplinante. Todo lo anterior, controlado desde una lógica perversa que insiste en la existencia de una escasez estructural permanente.
Estos cuerpos discursivos ideológicos, como hemos señalado antes, dan cuenta, junto con muchos otros elaborados por el gobierno de Kast, de una modalidad política, esta es, la de la crueldad. Esta política infringe daño social, a través del abandono, la precarización y la exclusión sistemática, como hemos visto en las recomendaciones al Ministerio de Educación.
Los propios ministros, al referirse a los ajustes, han señalado que resulta doloroso para la ciudadanía, asumir estas medidas, pero que ellas resultan inevitables y necesarias. Se trata, simplemente, de una racionalización de la crueldad, basada en la “realidad económica”. Por otro lado, no se exhibe como la aplicación arbitraria del poder, sino que esa aplicación se esconde en “razones técnicas”. En consecuencia, se legaliza la política de la crueldad, haciendo que grupos amplios de la sociedad pierdan protección del Estado y, por tanto, queden expuestos a todo tipo de riesgos. Esto se ve con claridad en el recorte de los programas revisados y el consecuente debilitamiento de las redes públicas. La estrategia de la crueldad invisibiliza urgencias apremiantes, o bien, interviene de manera insuficiente, ya que no le interesa avanzar en la solución de problemáticas sociales que no son su prioridad. Cualquiera sea la modalidad en la que se ejecute la crueldad política, más activa o más pasiva, siempre obedece a un plan estructurado con un mismo fin.
Cuando se instala este tipo de política, cada instructivo u oficio, como el que hemos revisado, constituye a la vez, un instrumento pedagógico, con el que se adoctrina y recuerda permanentemente, cuáles son las directrices ideológicas de quienes ejercen el poder. En tal sentido, los oficios de Hacienda, exhiben la ruta diseñada, a los ministros de las diferentes carteras, recordando además las bases del nuevo paradigma del gobierno. El daño contenido en las recomendaciones, debería ser asumido en buena medida por las autoridades de cada área, de lo contrario, su desalineamiento podría costarles el cargo.
Como señala Segato (2018), la pérdida de la empatía es un rasgo distintivo de esta forma de gobernar. En los términos de la autora, la pedagogía de la crueldad introducida, pretende a más largo plazo, que la sociedad se desensibilice respecto al dolor ajeno, exacerbando el individualismo que promueve el sistema capitalista. Al respecto, Levitsky y Ziblatt (2022), nos aportan que estos gobiernos de ideologías extremas, establecen directrices que, en definitiva, atentan contra los valores y principios de la democracia, pues intentan imponer una visión de mundo, sin las instancias regulatorias que ofrece y exige el sistema democrático. Para Mbembe (2011), lo que se instaura en este tipo de regímenes, es una necropolítica, cuyo objetivo es fortalecer la estructura del poder económico occidental. La política de la crueldad es precisamente una puesta en acción de esta necropolítica (excluyente e inequitativa), desde la perspectiva de un capitalismo, cuyo telos es la superación absoluta del Estado.
Para terminar esta columna, podemos concluir que el cuerpo discursivo del Oficio N°16, al igual que los dirigidos a los otros ministerios, representa un poderoso mensaje ideológico, más allá de que las recomendaciones se acojan o no. Se trata de comunicaciones ordenadoras y son parte de una pedagogía del poder que se impone con autoridad técnica. El Oficio N°16, es un buen ejemplo de la puesta en discurso de la política de la crueldad. El daño se expresa como la ejecución de una gestión responsable. El sufrimiento que estas medidas puedan causar, se considera como legítimo, siendo el precio que se debe pagar para alcanzar el orden económico. En la medida en que dichos mensajes, empobrecen la comprensión y acogimiento del otro, hasta anularlo por completo, una necropolítica, respecto al funcionamiento de la democracia, va ganado terreno en favor de los intereses del neoliberalismo que no admite regulaciones y controles. No entraremos en las implicaciones filosóficas de la política de la crueldad. Solo basta decir, para finalizar, que el abandono o la exclusión progresiva del prójimo, desde la lógica tecnocrática, apunta en definitiva, a profundizar las desigualdades, en un proceso de deshumanización cuyo resultado es impredecible.
Prof. Dr. Jorge Brower Beltramin
Profesor Titular
Director del Programa Centro de Estudios de la Comunicación y la Cultura (CECC).
Departamento de Publicidad e Imagen (DPI)
Facultad Tecnológica
Universidad de Santiago de Chile.
jorge.brower@usach.cl
Referencias: • Ministerio de Hacienda. (2026, abril 21). Oficio N° 16 dirigido al Ministerio de Educación sobre Formulación del proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2027 y Programa Financiero 2028-2031. Ministerio de Educación.
• Segato, Rita. (2018). Contra-pedagogías de la crueldad I. Edit. Prometeo Libros. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
• MBEMBE, Achille. (2011). «Necropolítica / Sobre el gobierno privado indirecto», traducción del francés al español por Elisabeth Falomir, Editorial Melusina, Santa Cruz de Tenerife, 1.
• Levitsky,S. y Ziblatt, D. (2022). Cómo mueren las democracias. Editorial Booket.
