Hay una escena que vale más que cualquier programa de gobierno para comprender lo que este ciclo político es. A menos de un mes de asumir la presidencia bajo la promesa de un «gobierno de emergencia», José Antonio Kast organizó un almuerzo privado en el Palacio de La Moneda para cincuenta excompañeros de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, en medio de los recortes de gasto público que su propio gobierno proclamaba como inevitables. Las fotografías tomadas por el propio mandatario muestran personal de Palacio a cargo de la banquetería; el menú exhibe el escudo nacional en dorado como si se tratara de una actividad oficial. Cuando la polémica llegó al organismo contralor, Kast admitió un «error por desconocimiento» y aseguró que «no se va a volver a repetir».
Vale la pena detenerse en la fórmula. No es una disculpa accidental: es la superficie donde se anudan los dos registros que organizan este poder. El rigorismo punitivo se dirige hacia afuera —el migrante que debe salir, el funcionario que es parásito, el Estado que está en quiebra—, mientras la benevolencia opera sin límite hacia los propios errores, hacia la ignorancia de los protocolos más elementales del cargo. Esta disimetría no contradice el proyecto: es su estructura. Dicho de otro modo: el odio hacia el Otro y la impunidad del Yo son las dos caras del mismo modo de habitar el poder, y ese modo tiene nombre —«lumpenderecha»— aunque la palabra incomode a quienes prefieren que la degradación no tenga nombre. El término no circula aquí como insulto de clase. Designa algo más preciso: el proceso por el cual una élite política abandona los recursos de la respetabilidad institucional, el pacto, la norma compartida, la gramática mínima del reconocimiento mutuo, y adopta los repertorios del resentimiento y el desprecio como sustitutos de la deliberación. Lo que singulariza a la lumpenderecha chilena es que esta degradación no proviene de los márgenes del campo político. Proviene de su núcleo: del asesor que acuñó el «Estado en quiebra» y que, siendo el autor de la columna «Parásitos» —donde tildó a los funcionarios de organismos indeseables— recibe 80,9 millones de pesos en honorarios por nueve meses de servicios. La brecha entre el discurso de la austeridad y la recompensa al círculo propio no es hipocresía. Es la coherencia de un poder que ya no necesita justificarse ante ningún tribunal simbólico que no sea el suyo.
I. El vocabulario del desprecio
«Parásito» pertenece al campo semántico de la biología degradada: el organismo que se alimenta del cuerpo ajeno sin producir ni merecer. Nombrarlo así no es criticar la burocracia —que puede y debe criticarse con datos—: es retirarle al funcionario el estatuto de sujeto con derechos. La operación es precisa. Cuando el lenguaje renuncia al argumento y abraza la imagen de la infección, ya no está discutiendo política pública: está produciendo un campo perceptivo donde el Otro queda destituido como interlocutor antes de hablar. El Estado no está enfermo, estaba «podrido» —la palabra exacta de Valenzuela—; lleno de cuerpos que drenan y se reparten los restos «como si fuera un botín». Esta gramática no describe el Estado: lo imaginariza. Lo convierte en escena de una guerra biológica donde la purificación del cuerpo social es, simultáneamente, el programa de gobierno y la satisfacción que ese programa promete a quien lo apoya. El goce del desprecio no es un efecto secundario de la política: es su motor.
La segunda operación fue más perturbadora. La sede del ejecutivo difundió en sus canales oficiales que «nos dejaron sin plata. Un Estado en la quiebra», como argumento para justificar el alza de combustibles. La fractura vino de adentro: el propio titular de Hacienda rechazó el término, señalando que «jamás ocuparía como palabra que el Estado está quebrado», pues esa tesis enviaría a los mercados la señal de que Chile no puede pagar sus obligaciones. En apenas treinta y cinco días, el fiscalizador acumuló cinco requerimientos urgentes: el almuerzo con excompañeros, el cóctel de barra libre de la jornada inaugural, la frase del «Estado en quiebra», la salida de la subdirectora policial investigativa y los almuerzos de la primera dama en el palacio. Cinco requerimientos en un mes no son errores aislados: son el patrón donde la institución pública es tratada como extensión del espacio privado del poder —salón, bodega, tribuna, caja, todo a la vez.
Lo simbólico antecede y habilita lo económico: el programa del gobierno incluye una reducción del impuesto a las grandes empresas del 27% al 23% y un recorte del gasto público en salud que alcanzaría los 413 mil millones de pesos. El Estado sin plata para sus funcionarios tiene generosa disposición para aliviar la carga tributaria de los grupos que financiaron la victoria. Esta arquitectura —desprecio hacia lo público, beneficio hacia la cúpula empresarial— no es una contradicción interna. Es el programa en su forma más transparente. El desprecio al libro tiene aquí su versión más elocuente. Kast fue cuestionado por la comunidad científica por aludir a los resultados de investigación como «libros empastados en bibliotecas», declaración que condensa, con brutalidad sintomática, la misma lógica que llama «parásito» al funcionario: lo que no produce utilidad inmediata y medible no merece existir. En paralelo, el gobierno ordenó reducir el presupuesto de ANID, discontinuó once programas de investigación y suspendió las becas de posgrado en el extranjero. El régimen métrico y el desprecio presidencial no se contradicen: se complementan.
La producción del cuerpo migrante como amenaza siguió la misma lógica. El migrante no necesita ser expulsado en la realidad para haber sido ya expulsado del espacio de lo simbólicamente legítimo. Cuando las 300.000 expulsiones prometidas retrocedieron a «metáfora que el electorado entendió mal», quedó al descubierto el mecanismo: el discurso violento nunca fue un plan. Fue un dispositivo de identificación. Alguien que odia lo mismo que yo. Eso es suficiente para votar, y suficiente para gobernar —al menos mientras dure el goce de ese odio compartido, que es el único lazo que este bloque ofrece a cambio de adhesión.
II. Genealogía de la lumpenderecha: capital sin sedimentación III.
¿Qué acumulación de tiempo político, qué ausencia radical de sedimentaciones, produce un gobierno que desconoce los protocolos del palacio presidencial, promete el 4% sin conocer el informe fiscal, anuncia el plan de seguridad sin tenerlo y llega a Codelco sin haber comprendido qué es lo que sostiene? La respuesta no está en la psicología de los actores: está en la estructura de la fracción de clase que los porta.
El gremialismo aglutinó jóvenes de Derecho e Ingeniería Comercial de la Universidad Católica; los cuadros formados en Santiago y Chicago fueron encontrando lugar en la dictadura, y la síntesis ideológica se volvió eje discursivo de la oposición bajo financiamiento empresarial opaco. Esa formación tuvo, al menos, coherencia interna entre su proyecto económico y su cultura institucional: sabía que el Estado era un campo a conquistar desde adentro, no un organismo a despreciar desde afuera ni un salón donde invitar excompañeros de facultad. La crisis de 2019 mostró los límites de ese entramado. Lo que vino después no fue una recomposición cultural. Fue radicalización por vaciamiento: el estallido involucró una profunda crisis de identidad de las derechas, producto del desplome del sistema de creencias que había entregado certezas y hegemonía ideológica durante treinta años.
Sin proyecto reformulado, sin capacidad intelectual para releer el malestar social (si acaso es posible hablar de Malestar) desde una gramática nueva, el campo conservador produjo lo único que podía producir desde esa precariedad: pánico moral, repliegue identitario y la candidatura de Kast como condensación de los resentimientos acumulados. Aquí emerge la clave estructural de la lumpenderecha: la fetichización del éxito y el lucro se transforma en aspiración cultural sin regulación simbólica alguna. Es lumpen no porque sea pobre, sino porque sus formas se disuelven en el acto mismo de querer ganar. El contenido es hacerla; en esa confusión las formas, los protocolos, las normas, las gramáticas del reconocimiento, se vuelven obstáculos a sortear, no condiciones del juego.
El propio Kast combinó el ejercicio del derecho con la empresa familiar, un respaldo patrimonial que le permitió cierta autonomía política. La trayectoria, del capital económico al campo político sin mediación simbólica elaborada, es sintomática de una clase que transita hacia el poder sin las sedimentaciones que ese tránsito exigiría: el conocimiento acumulado del Estado, la cultura de las instituciones, la comprensión de que las reglas del juego democrático no son opcionales sino el suelo sobre el que el poder se reproduce. Los grupos que sostienen a la lumpenderecha —(el retail, la agroindustria, la construcción, las cecinas) acumulan capital con notable eficiencia y gobiernan con notable torpeza, porque confunden las dos cosas. Creen que quien sabe vender sabe gobernar. No saben que gobernar requiere algo que el mercado no produce: la capacidad de habitar la falta, la propia, la institucional, la histórica, sin convertirla en espectáculo del desprecio.
Este diagnóstico exige su torsión crítica: el lumpen no es patología exclusiva de la derecha chilena. Atraviesa, de otro modo, al ciclo político que la precedió. La cultura político-organizativa de la izquierda no dio el ancho: no alcanzó a convertir la energía de 2019 en forma política sostenida. Pero hay una diferencia que no puede borrarse: la incompetencia de izquierda fue incapacidad de construir; la de la lumpenderecha es incapacidad de reconocer que hay algo que construir, que el Estado es una acumulación de tiempo, no una productora de eventos, no un palacio para invitados propios.
Lo que queda, después de leer este mapa, no es solo la imagen de un gobierno incompetente o una retórica violenta sin consecuencias. Es la imagen de una lumpenderecha que prometió gobernar con mano de hierro y descubrió, a los 69 días, que no tenía plan de seguridad; que prometió crecer al 4% y publicó con retraso el informe que demostraba que no llegaría al 2,3%; que llegó a Codelco sin saber todavía que el cobre no es una cecina. La «manoseca» no es exceso: es el síntoma de un orden simbólico que ya no regula nada, donde la obscenidad deja de ser transgresión para volverse protocolo. El funcionario llamado «parásito» por quien cobra del mismo Estado es la figura perfecta: no hay hipocresía, hay estructura. El sujeto que insulta lo que habita, que desprecia lo que necesita, que destruye el suelo sobre el que se para —ese sujeto no está confundido. Está, precisamente, en su lugar.
Dr. Mauro Salazar J.
Ufro/Sapienza
