A la opinión pública, a nuestras autoridades legislativas y al Gobierno electo:
Los ciudadanos y ciudadanas de este país, observando desde nuestras regiones —desde el Maule hasta los extremos de nuestra geografía—, exigimos verdaderos horizontes de desarrollo y justicia, no pactos de impunidad disfrazados de eufemismos legales. Hoy nos vemos en la obligación moral de alzar la voz frente a un proyecto de ley que ofende el sentido común y vulnera la confianza pública.
Primero: Rechazamos la impunidad disfrazada de "cumplimiento alternativo". La conmutación masiva de penas para más de doce mil reclusos no es un acto de compasión humanitaria; es una claudicación del Estado de Derecho. Que un inhalador para el asma o la simple sumatoria de años se conviertan en las llaves para abrir las celdas de quienes han cometido delitos gravísimos —incluyendo a violadores y pedófilos— es una bofetada a las víctimas. La verdadera seguridad ciudadana, esa que tanto se prometió en campaña, no se construye devolviendo a los victimarios a sus casas bajo el amparo de la conveniencia política.
Segundo: Condenamos la crisis ética en el Senado. Legisladores que, teniendo familiares directos condenados por abusos atroces, deciden no abstenerse en votaciones que los benefician directamente, demuestran que la brújula moral del Congreso está quebrada. La ética pública exige que los intereses privados, por dolorosos que sean, no dicten las leyes de la República.
Tercero: Exigimos una política exterior digna y soberana. Nuestra patria no es moneda de cambio. Observamos con profunda preocupación cómo, de cara a la cumbre "Escudo de las Américas", se prepara el terreno para una sumisión diplomática que atenta contra nuestros intereses estratégicos. Desdeñar infraestructura clave, como las telecomunicaciones transoceánicas, bajo excusas administrativas febles, para complacer a potencias extranjeras, no es patriotismo; es vasallaje. Ser una nación soberana exige relacionarse con el mundo desde la dignidad, no desde la genuflexión.
No toleraremos que el miedo sea utilizado solo como un eslogan de campaña para dividirnos, mientras en la práctica legislativa y diplomática se toman decisiones que nos dejan verdaderamente desprotegidos frente a la delincuencia y vulnerables ante el mundo.
Por la memoria de las víctimas, por la seguridad de nuestros barrios y por la dignidad de nuestra nación, exigimos que este proyecto sea detenido.
Alternativas Legales e Institucionales para Frenar la Ley Si bien el proyecto ya fue votado a favor en el Senado, el proceso legislativo y jurídico en Chile ofrece mecanismos para impugnar o detener una ley antes o inmediatamente después de su promulgación. Estas son las herramientas disponibles para la futura oposición y la ciudadanía:
1. Requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) Esta es la vía institucional más directa y efectiva antes de que la ley sea promulgada.
Cómo funciona: Un grupo de parlamentarios (al menos una cuarta parte de los miembros en ejercicio de la Cámara de Diputados o del Senado) puede presentar un requerimiento de inconstitucionalidad ante el TC.
El argumento: Se puede argumentar que la ley vulnera garantías constitucionales fundamentales, como el derecho a la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley (al otorgar beneficios arbitrarios a ciertos criminales frente a otros), y el deber del Estado de resguardar la seguridad nacional y dar protección a la población.
2. Control de Convencionalidad (Tribunales Internacionales) Si la ley incluye la liberación de criminales de lesa humanidad o de delitos gravísimos sin justificación médica estricta y terminal, colisiona con el derecho internacional.
Cómo funciona: Organizaciones de Derechos Humanos y víctimas pueden recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
El argumento: La Corte IDH ha establecido jurisprudencia estricta de que las penas para delitos de extrema gravedad (especialmente violaciones a los DD.HH.) deben cumplirse de manera proporcional. Liberaciones masivas encubiertas bajo "conmutaciones" violan el derecho a la justicia de las víctimas.
3. Impugnación de los Reglamentos Administrativos (Contraloría) Muchas de estas leyes requieren de "reglamentos" dictados por el Ministerio de Justicia para poder ejecutarse (por ejemplo, definir cómo se acreditará exactamente el "asma" o la enfermedad crónica).
Cómo funciona: Cualquier ciudadano o parlamentario puede acudir a la Contraloría General de la República para impugnar la legalidad de estos reglamentos durante el proceso de "Toma de Razón".
El argumento: Si el reglamento es arbitrario, excede lo que dicta la ley, o carece de rigor técnico, la Contraloría puede rechazarlo, congelando la aplicación práctica de la ley.
4. Presión Cívica y Social
Aunque no es un mecanismo estrictamente jurídico, el costo político es el idioma que mejor entienden las autoridades.
Cómo funciona: La articulación de manifiestos (como el propuesto arriba), recolección de firmas, y la presión pública sostenida pueden forzar al Ejecutivo a reconsiderar. Técnicamente, el Presidente tiene la facultad del Veto Presidencial (veto supresivo o sustitutivo). Aunque el actual presidente electo apoye la medida, un rechazo ciudadano masivo que amenace la gobernabilidad de sus primeros meses podría forzarlo a vetar partes específicas del proyecto, como la inclusión de delitos de abuso sexual.
