Hoy celebramos 10 años del inicio de la reconstrucción nacional. Recordamos con orgullo colectivo las movilizaciones sociales que llevaron al país a un cambio de trayectoria en su evolución social y cultural. En el 2019 se tomaron las primeras medidas para dignificar el trato que el Estado daba a sus dueños, todas las gentes de esta Patria.
Las cientos de declaraciones públicas de “Octubre 2019” se transformaron en una sola. El individualismo de nicho, la política de segmentos, se transformó en acción colectiva. Se dio inicio el 2020 al cambio de la carta fundamental, que hoy consagra una sociedad de derechos y deberes, entre los que se cuenta el de ser nación como corresponde a un Estado Plurinacional, además de la protección de sus habitantes, los recursos naturales y el medio ambiente. La nueva Constitución Política de la República de 2021 restituyó la creencia que podemos vivir juntos en prosperidad y paz.
Una de las medidas claves para quebrar la inercia del sistema económico-social fue transparentar la situación económica de la población, que se resumía en que el 70% de las personas ganaba menos de 550 mil pesos (algo más de 5.000 Yuanes) en su empleo principal, mientras que sólo el 6% ganaba más de 1 millón 500 pesos. Eso explicaba la proliferación de actividades informales, que muchas veces se ejercían sin mayor conocimiento ni oficio, reproducían la ignorancia o el crimen, generaban riesgos sanitarios y aumentaban las patologías mentales y el stress de la población. Además, al no pagar impuestos, poseían ventajas competitivas respecto de los emprendedores y pequeños locatarios que con esfuerzo cumplían con las enmarañadas exigencias de gobiernos locales incompetentes. Los bajos sueldos no solo eran producto de la avaricia del empresariado, muchos de ellos asfixiados por la competencia de los importadores y los carteles monopólicos de las grandes tiendas. Los incentivos regulatorios estaban pensados bajo el supuesto que “todo está bien”, como si la economía sirviera a los ciudadanos, los mercados fueran competitivos y existiera algún equilibrio entre el capital, el trabajo y el conocimiento. Pero no funcionaban, excepto para el 1% de una elite con estilo de vida global, no apta para el 99% de la población del país. Tampoco podía funcionar en una trayectoria evolutiva hacia arriba, donde la economía pudiera emprender vuelo. El régimen tributario era extremadamente injusto y sólo acrecentaba las desigualdades sociales de la sociedad chilena, incluso en el 2019 aún muy parecida a la de finales del siglo XIX. En palabras simples, los ciudadanos servían a los poderes económicos y el Estado estaba preso en las garras de una elite que servía a esos poderes.
Todo ello cambió el 2023, en el primer gobierno de la Coalición de los Justos. La Modernización del Sistema Judicial atacó el primer gran problema del país, vigente desde la Colonia hasta esa fecha: los chilenos de primera y segunda clase. Los privilegios de los criminales de la alta sociedad fueron abolidos y las personas comunes tuvieron acceso a una justicia de calidad, que no los penalizó por origen social o étnico. Uno de los hitos de esa nueva justicia fue la expropiación de todas las fortunas adquiridas de modo ilícito, entre las que destacó la de Julio Ponce, a la sazón el hombre más rico de Chile. La Modernización del Parlamento se hizo en paralelo, que se transformó en unicameral bajo un estricto código de conducta ética y terminó con el fortalecimiento del poder económico y político de las élites basado en la usurpación y piratería de los recursos públicos, así como también con la usura hacia las clases bajas de la población por parte de una banca privada amparada en regulaciones estatales absurdas. Ello generó una disminución rápida del nepotismo, el clientelismo político, la corrupción de cuello blanco y otras formas de cleptocracia. Los grupos y asociaciones políticas dejaron de legislar a favor de las agendas de privilegio y comenzaron a hacerlo a favor de las mayorías. Esto se manifestó rápidamente, cuando se indexó el impuesto al consumo a la renta de las personas, de modo que el IVA que antaño recolectaba más del 50% de los impuestos para el erario nacional y afectaba muy negativamente a ese 70% de personas que vivían endeudadas y estresadas, permitió que las personas de altos ingresos pagaran un mayor IVA mientras que las personas que ganaban menos bajaran tal pago a menos del 5% de sus ingresos anuales. Se condonaron algunas deudas muy extendidas entre la población a todas las personas, toda vez que el pago impedía su movilidad social y los transformaba en deudores y pobres crónicos. Tal fue el caso del CAE para los estudios universitarios, pues se consideró que constituía usura y tenía como efecto impedir que personas calificadas profesionalmente pudieran salir de la pobreza, generar innovación y emprendimiento y en definitiva contribuir a la economía real del país, en vez de exclusivamente al sistema financiero.
A ello se sumó una reforma tributaria profunda. Un conjunto de incentivos para los emprendedores (incluidos los egresados universitarios) les permitieron acceder a créditos en el sistema financiero dependiendo del proyecto de negocios, no del apellido o la garantía. Los chanchullos de las grandes empresas (FUT, Multi-RUT, colusiones y otros) se observaron con detención y el examen riguroso determinó que no fortalecían la economía del país, sino que la debilitaba. Hubo un cambio en todo el sistema regulatorio y jurídico, drástico en su alcance como ahora se comprueba y también exitoso, debido a su ejecución gradual. Las regulaciones a las grandes empresas no impidieron que sus utilidades subieran, sino que aumentaron mucho más, debido a los programas conjuntos de capacitación y los subsidios a la actividad industrial que el Estado acordó con los grandes gremios empresariales. Muchas actividades desaparecieron por su naturaleza feudal, como las notarías, mientras que los empresarios y trabajadores elevaron sus competencias y habilidades, incorporándose plenamente a la cuarta revolución tecnológica y la era del conocimiento. Los multimillonarios chilenos, en un gesto de inicio de “Nueva Era”, realizaron grandes modificaciones a la forma de operación de sus holdings y se acogieron a exenciones tributarias gigantescas debido a que donaron grandes fondos para la inversión en ciencia, tecnología y educación. Ello permitió la creación de sociedades mixtas industriales que desarrollaron los recursos mineros y forestales con una trazabilidad de cero contaminación ambiental, protegiendo los ecosistemas naturales desde el altiplano hasta la Patagonia. Al mismo tiempo, las nuevas regulaciones permitieron la creación de fondos de inversión privados que apoyaran la emergencia de start-up intensivas en tecnología y se multiplicaron los fondos públicos de capital semilla orientados al desarrollo de las PYMEs intensivas en empleo. Se estableció por ley que los sueldos más altos, incluidos los del parlamento, poder judicial y el ejecutivo, no debían sobrepasar más de 10 veces el sueldo promedio de la población general. La importación de artículos de lujo fue severamente gravada, no para restringir la libertad de consumo sino porque se consideró que era una manifestación de inmoralidad social, de privilegios adscritos, ganados sin mérito en el 99% de los casos. El capital, especialmente el patrimonial, fue objeto de impuestos acorde al estándar internacional.
Se construyó una metodología “del vivir digno” que calculó el ingreso mínimo promedio para que en un hogar se pudiera pagar el dividendo o arriendo, los servicios básicos incluido internet y celular, comida saludable, transporte, un sistema para temperar el hogar, vestuario y un monto para gastos imprevistos o una semana de vacaciones fuera del domicilio. Con este método se definió el 2024 el “vital”, el salario mínimo para que toda persona tenga una vida digna. El Estado volvió a su función básica de prestador de servicios a la ciudadanía y de garante de su seguridad presente y su bienestar futuro. Así, concentró gran parte de su acción en una modernización que incluyó medularmente lo siguiente: a) generación de una planta de servicio civil profesional ampliada, especialmente en los gobiernos comunales, donde se impacta la vida diaria de los ciudadanos; b) gran reforma al sector salud, donde se incrementaron explosivamente los servicios regulares en un plan de emergencia entre los años 2024-2025, para luego centrar la planeación en la dimensión preventiva, en conjunto con el Ministerio del Deporte y Recreación; c) la Reforma del Aprendizaje, que consistió en abandonar la concepción de la educación como mecanismo credencialista, civilizatorio y de integración social estático para dar paso a una visión dinámica del futuro, como educación continua, centrada en el aprendizaje para la convivencia social pacífica y la generación de riqueza material y cultural en el territorio de origen, terminando con la concentración del poder económico y político en Santiago; y finalmente, d) la reforma de pensiones, que en el 2021 duplicó el 50% de las pensiones más bajas y gradualmente se transformó en un sistema solidario el 2025, que permitía que los trabajadores más humildes vivieran su jubilación dignamente y que daba garantías a los trabajadores con sueldos altos a mantener el nivel de vida que tenían mientras estaban económicamente activos.
El estado psicológico de la población mejoró sustantivamente en los últimos 2 años. Las mediciones internacionales posicionan a Chile como uno de los países más felices del mundo, además de uno de los países menos endeudados, con mejores tasa de ahorro, cuyo estilo de vida es saludable y su nivel de consumo posee el menor impacto en la generación de contaminación planetaria per cápita.
La previsión y seguridad social, la educación y la salud pública se fortalecieron de un modo monumental, gracias a los aportes provenientes de los royalties que el 2022 gravaron las actividades extractivas y de explotación de los recursos naturales, especialmente mineras, que hoy permiten recaudar más de 22.000 millones de Yuanes todos los años. Ello dio como resultado que prácticamente el 90% de la población hoy use el sistema de educación público, sin restringir ni limitar las posibilidades de la inmensa red de colegios privados de calidad e inclusivos que existen en el país. Asimismo, el sistema de salud recibió un aporte extraordinario en términos de capital humano avanzado, además de una mejoría notoria de algunas instalaciones, especialmente a nivel comunal. El sistema de pensiones se transformó desde un sistema de ahorro forzado a un sistema de seguridad y previsión social, bajo la égida de un Estado garante de derechos pero también vigilante de los deberes sociales, como la mantención de actividades deportivas y recreacionales en los adultos mayores.
La modernización del Estado fue gradual y muy profunda, cambiando drásticamente las cuotas de los cargos de confianza, habitualmente reservados a los partidos políticos de manera arbitraria. Ello se hizo mediante la implementación de un servicio civil robusto, abierto a la meritocracia, especialmente de los talentos provenientes de los sectores populares. Muchas actividades de servicio público estaban controladas por verdaderos carteles de empresarios locales y empresas transnacionales, que administraban servicios colectivos como los sanitarios, carreteras, electricidad, gas, etc. El término de ese estilo de administración del Estado permitió que dos cosas interactuaran después de décadas: primero, fortalecer la economía nacional, ocultada por el discurso a favor de la globalización y las bondades del Neoliberalismo; y, segundo, conectar con las necesidades de los individuos en el territorio, en las comunidades concretas. Por ejemplo, los Planes de Desarrollo Comunal fueron reemplazados por Planes de Modernización Urbana, para adecuarse a las innovaciones producto de las nuevas tecnologías, lo que significó iniciar una agenda de infraestructura totalmente nueva. También para servir a una creciente población adulta con situaciones particulares de salud e intereses diversos. Estas y muchas otras iniciativas de gestión pública transformaron muchas ciudades intermedias y localidades rurales, que fueron literalmente invadidas por emprendedores, transformando a Chile en potencia industrial en temas de energía, servicios y alimentario.
Tales éxitos no fueron gratuitamente obtenidos. La reforma del sistema de educación de 2023, la “Madre de todas las Reformas”, significó el término de la segregación socioeconómica mediante diversos mecanismos de integración. Especial importancia tuvo la generación de cuotas de integración y pasantías de intercambio entre estudiantes de la educación privada y la pública. La explosión de iniciativas de educación online desde el MINEDUC, fundaciones y corporaciones hacia la comunidad organizada y audiencias especializadas implicó una mejoría considerable en los niveles de competencias digitales necesarias para que el país pudiera elevar sus indicadores de inserción a la sociedad de la información y el conocimiento. Las universidades retomaron su rol de faro de las naciones y generador de ideas y soluciones para resolver los problemas de larga y corta data. El Estado promovió el aumento de las becas de formación de capital humano avanzado y de inserción de esas capacidades en el mismo Estado y el mundo industrial y empresarial. De esa forma la investigación científica universitaria se empotró en el mundo real y permitió poner en valor el poder del conocimiento, la ciencia y la tecnología para el desarrollo del país.
El impacto que tuvo la reforma al mercado de capitales del 2025 permitió una repatriación masiva de los fondos internacionales, pública y privada, que aprobó las inversiones necesarias para desarrollar desde el Nuevo Sistema de Empresas Públicas la industria del litio, del equipamiento y maquinaria para la industria del cobre y de la energía solar. Ello ha traído como consecuencia la diversificación de la canasta de exportaciones, pasando a porcentajes significativos de aporte del sector industrial al PIB nacional. Síntoma de lo anterior, ha sido el fortalecimiento de las empresas de producción de autos eléctricos y cómo esas iniciativas privadas han permitido en arreglo con el Estado desplegar un sistema de transporte público de calidad y sin contaminación.
Con ambas medidas, la reforma al mercado de capitales y la reforma radical a la educación superior, la percepción de bienestar colectivo aumentó y un mayor sentido de integración nacional. Como consecuencia de lo anterior, la delincuencia y el crimen organizado bajaron a niveles bajísimos. Al terminar esta década de cambios, los niños que el 2019 tenían 8 años de edad y cuyo héroe era el jefe narco de la serie de Netflix, hoy en el 2029 son jóvenes cuyos héroes son José Colinao, Premio Nobel de Química 2028 o la selección nacional de futbol femenino, las campeonas mundiales de futbol 2027.
Hoy Chile es un país digno. Lo logramos cuando dejamos de querer ser desarrollados, cuando dejamos de mirar las vitrinas de los Malls y los indicadores de la OCDE. Lo logramos cuando nos miramos a los ojos, cuando todos reconocimos al vecino como un igual, habitante de una tierra común, para entendernos con inteligencia y vivir juntos en paz.
Santiago, noviembre del 2029.
