En 2017, el entonces diputado Gabriel Boric twitteó como ilegal una detención en contra de Héctor Llaitul, considerándolo como “violencia (por parte) del Gobierno de Chile con (contra) el pueblo mapuche”. 7 años después, la Araucanía ha estado en permanente estado de excepción durante todo el tiempo en que ha gobernado Gabriel Boric. Y hasta hoy no hay ningún ápice de que aquello vaya a cambiar.
No obstante lo anterior, no sólo la izquierda muestra esta ambivalencia. A mediados del 2019 la entonces Vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, señaló en referencia a la migración desde Venezuela que “se recibirán migrantes venezolanos hasta que el país lo resista”. Hoy vemos como esa misma derecha apunta con el dedo al Gobierno de Boric por las problemáticas vividas en las localidades fronterizas del norte del país, ligando oportunistamente la inmigración existente con la crisis de seguridad.
Fácilmente se podría señalar un sinfín de volteretas que han tenido tanto oficialismo como oposición, en un vaivén de declaraciones que a ratos son totalmente opuestas a lo dicho un tiempo atrás, pero aquello no abordaría la transmutación social que ha sufrido nuestro país.
Los distintos resultados electorales que van desde el 2020 en adelante, nos dan un ápice de la transmutación de la ciudadanía en sus preferencias y lo contrario que estas han llegado a ser, pasando de querer un nueva Constitución (2020) a rechazar dos propuestas constitucionales consecutivamente (2022-2023), elecciones que dieron como presidente electo a Gabriel Boric (2021) para tiempo después pasar a la conformación de un Consejo Constitucional con mayoría absoluta de derecha (2023); a esto incluso podríamos agregar que pasamos de un pueblo que protestaba por NO + AFP (2017) a uno que dice “Con mi plata no” (2022). Por esto, cabe preguntarse si los vaivenes dentro de la política son causa o consecuencia de la transmutación social, y a momentos resulta irrisorio cuando ciertos grupos políticos de izquierda enfocan su esperanza en un estallido social 2.0, siendo que las subjetividades de las personas en este lapsus de 5 años han cambiado vertiginosamente, y si bien las necesidades que llevaron a la gente manifestarse en 2019 no han sido cubiertas ¿qué les vamos a ofrecer?, ¿Una nueva Constitución? Cuando las propuestas de izquierda y derecha fueron rechazadas, ¿Mejorar las pensiones? Siendo que la reforma previsional está estancada en el Congreso, ¿Reformar Carabineros? Ahora que es una de las instituciones mejor evaluadas. Entonces cabe preguntarse ¿Cómo llegamos a este quinto aniversario del estallido social?
Desarticulados. Y pese a que quienes eran oposición en ese entonces son hoy Gobierno, la imposibilidad de capitalizar aquel descontento ha sido notoria, y no solo para el ejecutivo, sino que también lo fue para quienes apoyamos el apruebo. Aquello ha obligado a postergar varias de nuestras banderas de lucha y tomar otras totalmente distintas, principalmente en los actuales inquilinos del Palacio de La Moneda. Esto porque en el lapsus de cinco años, las prioridades han cambiado, y el ejecutivo ha buscado la forma de adaptarse a ello, ejemplo de esto es que, dada la demanda ciudadana por mayor seguridad pública, el Gobierno se ha jactado de promulgar la mayor cantidad de leyes desde el retorno de la democracia referente a este tema, alcanzando el número de 38 leyes.
Curiosamente, en su primer discurso como Presidente en ejercicio desde uno de los balcones del Palacio de La Moneda, Gabriel Boric no hizo referencia alguna al tema de seguridad como hito de su venidera gestión, pero sí lo hizo sobre feminismo, plurinacionalidad, vivienda digna, educación, entre otros temas, que curiosamente de todos ellos, el único que ha cruzado su gestión de principio a fin, es el asunto de seguridad; ni el feminismo, ni la plurinacionalidad, ni la vivienda digna, ni la educación, parece que serán el sello de la administración Boric, ¿Significa que estos temas dejaron de ser una problemática? No, y por lo mismo significa un gran desafío el que como sector podamos reposicionar estos temas en el debate público.
Si llegase haber un nuevo estallido social, las demandas no serían las mismas de hace cinco años, o al menos no en su mayoría, pese a que las problemáticas en salud, educación y pensiones persisten, y somos nosotros quienes debemos ver la forma de revelar, no solo el problema, sino también las potenciales soluciones. Y es cierto, se rechazó una propuesta constitucional que incluía varias de las demandas identitarias que permitiría posteriormente abordar estos temas sistemáticamente, pero con el tiempo y la madurez pertinente del fracaso, podemos decir que aquello solo era un menjunje de políticas identitarias, que al no estar enmarcadas en un metarrelato o en una especie de idea país, fue rechazada por la gente porque no logró hacerle sentido lo propuesto, y eso va más allá de las mentiras que levantó la derecha durante su campaña, dado que guste o no, a la gente le hizo sentido la idea de que se le iba a quitar la casa propia, incluso a aquellos que no tenían vivienda propia. Por ello, debemos salir de las micro luchas, las micro demandas y dar el salto a crear un proyecto país que converse con las necesidades medioambientales, feministas, de productividad, empleo, entre otras urgencias que necesita abordar el país como un conjunto.
A 5 años del estallido social y a 2 años del triunfo del rechazo, continuamos viendo como la clase política, con actores nuevos incluso, es incapaz de generar este metarrelato y así dar certezas a la población, lo que termina por aumentar el hastío y el rechazo a la clase política en su conjunto, que sumado a las revelaciones dadas por el caso audios de Hermosilla, a este hastío se le suma el Poder Judicial.
Sabíamos que el triunfo el rechazo no se iba a traducir en un rechazar para reformar, y peor aún, que las promesas de Gabriel Boric difícilmente llegarían a puerto ante un Congreso polarizado, incapaz de legislar, que sumado a la corrupción que se ve en todas las esquinas del poder, solo corrompe la confianza ante nuestro sistema democrático.
Si en algún momento se dijo que la Convención Constitucional era un circo, lo que vino después es algo así como el acto final. Corrupción en el Gobierno de Gabriel Boric con el caso convenios, dimes y diretes entre de las dos almas del ejecutivo, un Congreso de llegar a acuerdos en temas tan sensibles para la población, preocupados de levantar acusaciones constitucionales que no llegan a ningún puerto, el caso audio que de a poco ha ido destapando una red de corrupción dentro del Gobierno del difunto ex Presidente Piñera, donde también se ve involucrado el mundo empresarial y judicial; Municipalidades de todos los colores políticos con denuncias por fraude al fisco, por un monto conjunto que superaría los $200 mil millones. Y ahora vienen las elecciones de octubre.
La renovación de las autoridades locales marcará la agenda este mes, abriendo una doble incertidumbre para la clase política y sus partidos, primero por la obligatoriedad del voto, que si bien vendría siendo la cuarta elección con voto obligatorio (los tres anteriores fueron el 1er plebiscito de salida, la elección de consejeros constitucionales y el 2do plebiscito constitucional), es la primera elección con carácter obligatorio ajeno a un proceso constitucional. Adicionalmente existe la inquietud sobre la preferencia del electorado en medio de una ola de cuestionamientos que vive, ya casi constantemente, la clase política. acusación de mala gestión por parte del oficialismo, acusación de corrupción por parte de la oposición.
Hay un factor a considerar en la venidera elección, que sí bien para la elección de consejeros constitucionales las candidaturas independientes fueron invisibilizadas o cooptadas por los partidos políticos, veremos como estos actores resurgen en medio de diversas disputas partidistas a nivel territorial, y aun cuando -curiosamente- varias de las autoridades electas como independiente en las municipales anteriores van militando en esta elección, eso no significará una disminución en el apoyo a los independientes, más aún en las candidaturas a alcalde, donde es más factible su elección dado que solo basta la mayoría simple de los votos para ganar. Aunque las comunas emblemáticas seguirán en poder de los partidos políticos. Aquel será el caso de Santiago Centro, donde Irací Hassler mantendrá el sillón municipal, por el contrario, puede que en Puente Alto se dé una sorpresa tras los fiascos que ha tenido la candidatura de Karla Rubilar, solo basta que salga levemente mencionada en los chats de Hermosilla para sepultar su candidatura.
Pero como hemos visto últimamente, el tema de seguridad se ha ido tomando de a poco la campaña municipal y lo veremos con más claridad cuando se de inicio a la franja televisiva, donde candidatos a cargos locales, tanto regionales como municipales, se verán imbuidos en esta temática pese a que no vayan a tener injerencia en temas de seguridad pública, que es de exclusiva atribución del Ministerio del Interior, corriéndose el riesgo de que se prometan soluciones mágicas, dejando de lado aquellas promesas que realmente podrían cumplir como autoridades locales electas.
La falta de propuestas que vayan acorde a las atribuciones de las autoridades locales solo terminará aumentando la desafección ciudadana hacia la política, más cuando la ciudadanía ve en los alcaldes una autoridad que puede representarles de mejor manera y solucionar de mejor manera sus problemas cotidianos e inmediatos. Esto, tanto por la cercanía territorial que reflejan los ediles, así como también el poco conocimiento que tienen los votantes sobre las atribuciones reales que tienen los cargos de elección popular, ya sea a nivel comunal, regional u otro. Es por esto que sería adecuado y un verdadero aporte para la sociedad ver en estas últimas semanas de campaña propuestas que expliquen en cómo hacer más eficientes los presupuestos municipales, que eviten la corrupción, y medidas concretas que vayan en directo beneficio de vecinos y vecinas acorde a las atribuciones del cargo al cual se postula.
Como país corremos el riesgo de que el debate político se siga tergiversando y trivializando, por ello necesitamos generar un planteamiento de idea país que nos permita hablar del país que queremos y no solo del país que tenemos.
Axel Abarzúa Rodríguez
Licenciado en Historia, Universidad Academia de Humanismo Cristiano
Ex Asesor en la Convención Constitucional
