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Más allá del saber jurídico: La primera ministra no abogada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Por Natalia Cabrera Morales, Fabiola Miranda y Maite Henríquez

El viernes recién pasado fue el nombramiento de la cartera ministerial del presidente electo Gabriel Boric. Rompiendo con los esquemas, los trajes grises y los formalismos quedaron en el pasado. El espacio se empapó de la ternura como un valor político; niñas y niños junto a sus madres y padres se hicieron presentes en el espacio de la autoridad; vimos colores en la ropa de futuros y futuras ministras; los errores ser asumidos con naturalidad; y a ciudadanos y ciudadanas en las sillas del público. Así, tal como lo había prometido, la selección de ministros y ministras tuvo composición paritaria, con perspectiva intergeneracional, representación territorial y diversidad social. El programa de gobierno que se anuncia como uno feminista y con perspectiva de género, ha apuntado a tener ministras en puestos historicamente masculinizados, como lo ha sido el Ministerio de de Justicia y Derechos Humanos, el cual habia sido ocupado por mujeres solo en 3 oportunidades desde la transición a la democracia, y siempre por abogados. Pero la nueva ministra, no solo es la cuarta mujer en ocupar el cargo, sino que además es la primera no abogada.

Marcela Ríos Tobar es socióloga y cientista política y a diferencia de su antecesor, tiene una trayectoria impecable en la protección y promoción del respeto de los Derechos Humanos, en particular, de las reivindicaciones feministas, siendo experta en género. Pese a esto, su nombramiento ha causado revuelo en las instituciones de justicia, algunos y algunas se preguntan ¿por qué una no abogada? Pero más bien nos deberíamos preguntar ¿por qué debería ser abogada?

La Tercera, en una nota aparecida un par de horas luego del anuncio del gabinete, y en particular de esta noticia, nos hace saber una de las respuestas de uno de los integrantes de la Corte Suprema: “Acá hay un lenguaje en particular, un mundo y tradiciones, por eso me parece sorprendente la decisión del Presidente electo”. Es decir, para algunos, quien encabece el Ministerio de Justicia debe conocer el mundo jurídico -en particular judicial- y sus lenguajes y tradiciones.

El presupuesto de su aseveración sobre la existencia del mundo de la justicia, con sus propias tradiciones que se espera que sean mantenidas estrictamente, es difícil de negar. Dentro de sus instituciones son abogados quienes tienen el conocimiento y la palabra. Son ellos quienes las usan con las formalidades que les impone la estructura del derecho y la cultura de los espacios de justicia: son ellos los protagonistas de la justicia. A pesar de que no abogados participan y conforman día a día la justicia, pareciera que este es el espacio de las y los abogados ; con sus tradiciones y sus palabras. Esto, ciertamente lo sabe aquel integrante de la Corte Suprema. Decreta la hegemonía de abogados y abogadas, sabiendo y despreciando -o al menos obviando- que diferentes profesionales aportan con sus conocimientos a la tarea diaria de la justicia.

Y es que, en el fondo, la respuesta a la pregunta realmente interesante, es que hay quienes están interesados en la mantención de esa hegemonía. La expectativa es que un abogado o abogada encabece el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es porque se espera la reproducción de las dinámicas que otorgan a abogados y abogadas el poder entre sus instituciones. Estas tradiciones deben ser conocidas, respetadas y honradas porque perpetúan una cierta forma de hacer justicia.

Luego de ver el anuncio del gabinete de esta mañana, ya deberíamos enterarnos de que una nueva forma de hacer Estado y, por ende, de justicia, está comenzando a ser encarnada por las autoridades. Se construye una manera de hacer Estado que promueve el diálogo entre disciplinas de una manera que diluya las jerarquías actuales: las de los ternos grises, las caminatas altivas y las voces roncas e impositivas que se legitiman a través del uso excesivo de formalismos.

Con Ríos Tobar es que la épica -y ética- de los cuidados y la ternura que ha llenado de contenido el proyecto político de la izquierda en lo posterior a la revuelta popular aspira a ser mucho más que un discurso; aspira a ser constitutiva de una justicia que no se hace por y para abogados. Una justicia en que las voces expertas de diferentes disciplinas son válidas, legítimas y conforman la justicia en la misma medida que abogados y abogadas. Se concretiza la aspiración de que otros conocimientos expertos no son solamente “útiles”, “serviles”, “escuchados”, sino que comparten el poder de hacer justicia en el día a día, en una institución en la cual se abordan problemáticas complejas, que hoy enfrenta más desafíos y que necesita ampliar sus miradas. Una justicia que ya no es por y para abogados y abogadas, sino por y para víctimas e imputados; demandantes y demandados; reos y gendarmes. Con espacio para niños, niñas y jóvenes, para reparación y resocialización. Esperemos abrir los horizontes y seguir rompiendo el cerco de lo posible, aprendiendo que se necesitan nuevas miradas para el acceso a la justicia, en una institución compuesta por muchas más personas que encarnan otras profesiones y ocupaciones para llegar a la ciudadanía.

Por

Natalia Cabrera Morales, Abogada Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Alumna de Magíster en Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Fabiola Miranda, Académica Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Alberto Hurtado. Integrante de la Red de Politólogas.

Maite Henríquez, Socióloga, Diplomada políticas sociales: Desarrollo y pobreza, Universidad Alberto Hurtado

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