En una carta abierta al Presidente de la República, Gabriel Boric, organizaciones de la sociedad civil y académicas, además de cientos de personas rechazan la decisión del gobierno de no iniciar la regularización de personas migrantes empadronadas.
La misiva enfatiza que haber hecho el proceso de empadronamiento a la población migrante en situación irregular comporta una responsabilidad política y ética del gobierno del Presidente Gabriel Boric. Las organizaciones y personas firmantes recalcan que la actual administración contó con más de un año para concretar el proceso de regularización y que no se tomó esa decisión, pese a que la normativa vigente sí lo permitía.
“Es una falta de responsabilidad política, ya que las 180 mil personas empadronadas se acercaron y confiaron en el llamado gubernamental, con la esperanza de la regularización migratoria, entregando no solo sus datos personales y datos biométricos al Estado de Chile”, señalan y agregan que “esa esperanza fue alimentada por la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, quien aludió a la posibilidad de una “regularización acotada”.
Por otro lado, también destacan que comporta una falta ética, ya que este gobierno desarrolló un proceso público y abierto, llamando a dar datos personales sensibles, los que según la Ley de Protección de Datos, debieran haber sido recabados con un objetivo determinado, resguardándolos y no dejándolos disponibles para otras acciones del Estado. “Por tanto, estos datos se dejan sin el debido resguardo, y en el futuro pueden ser usados con distintos fines. Paradójicamente, quienes confiaron en este gobierno progresista y se acercaron al empadronamiento están actualmente menos protegidos/as que quienes no lo hicieron”, enfatiza la carta.
Según señalan en la misiva, las consecuencias de esta decisión política son múltiples: “desincentivos para la formalidad laboral y agudización de las condiciones de subempleo; agravamiento de la situación de exclusión e imposición de barreras para el ejercicio de derechos (INDH, 2025); limitación del acceso a prestaciones básicas de seguridad social (no pueden ser incluidas en el Registro Social de Hogares y por ello no pueden acceder al subsistema de seguridad y oportunidades, se asignan menos recursos a establecimientos donde estudian sus hijos/as, quienes cuidan no pueden ser visibles al registro de cuidadores/as, entre otras exclusiones)”.
Según plantean esta decisión política no sólo afecta a las personas migrantes, sino que perjudica a la sociedad en general, al incidir en la cohesión social de la comunidad residente y en el fomento del mercado informal laboral. “Las consecuencias van aún más allá, ya que la falta de acción oportuna, como hemos visto en otros países, instala las condiciones de posibilidad para una futura persecución y acoso de la población migrante en situación de irregularidad. En ese eventual futuro, también tendría responsabilidad el gobierno que implementó el empadronamiento sin una claridad de propósito”, destacan.
La carta reacciona a las palabras de la vocera de gobierno, Camila Vallejos, quien hace unos días salió al paso de las declaraciones de la ex ministra del Interior, Carolina Tohá, rechazando cualquier posibilidad de iniciar este proceso de regularización y señalando que el empadronamiento había sido un acto de transparencia por parte de este gobierno.
La misiva recuerda que el día 18 de diciembre se hizo entrega de una carta formal por más de 100 organizaciones sociales y académicas y más de cinco mil personas, en la que se solicitaba la regularización de la población migrante empadronada por el actual gobierno entre junio de 2023 y febrero de 2024 ya que se tratan, en su mayoría, de personas que poseen arraigo laboral y familiar.
Finalmente destacan que el Estado ha actuado con opacidad en este proceso ya que según indican no fueron claros “los mecanismos utilizados, de los fines perseguidos por el empadronamiento y de lo que va a pasar con esas personas en un próximo gobierno cuyas promesas de campaña incluyen expulsiones masivas, separación familiar y hostigamiento a personas migrantes en hospitales y escuelas, tal como lo hemos visto con la Policía Migratoria (ICE) en Estados Unidos", puntualiza.
Texto completo de la carta...
Carta abierta a la Presidencia de la República
Estimado Presidente,
Sr. Gabriel Boric Font
El día 18 de diciembre hicimos entrega de una carta firmada por más de 100 organizaciones sociales y académicas y más de cinco mil personas, en la que se solicitaba la regularización de la población migrante empadronada por el actual gobierno entre junio de 2023 y febrero de 2024. Se trata, en su mayoría, de personas que poseen arraigo laboral y familiar.
La escueta respuesta recibida señalaba que se consultaría sobre el tema a la Subsecretaría del Interior y el Servicio Nacional de Migraciones. El día 09 de febrero, la vocera de gobierno, Camila Vallejos, salió al paso de las declaraciones de la ex ministra del Interior, Carolina Tohá, rechazando cualquier posibilidad de iniciar este proceso de regularización y señalando que el empadronamiento había sido un acto de transparencia por parte de este gobierno.
Creemos que haber hecho este proceso de empadronamiento a población migrante en situación irregular comporta una responsabilidad política y ética que su gobierno, Presidente Gabriel Boric, no honró. Es un hecho que durante el 2025 se contó con el tiempo suficiente para desarrollar el proceso de regularización de manera completa y efectiva. La decisión política de este gobierno de no implementar mecanismos de regularización que comprendieran a un grupo amplio de personas se tomó pese a que la normativa[1] vigente lo autoriza.
Quienes firmamos esta carta, consideramos que haber realizado el empadronamiento y no regularizar a quienes demostraron arraigo familiar o laboral es una falta de responsabilidad política, ya que las 180 mil personas empadronadas se acercaron y confiaron en el llamado gubernamental, con la esperanza de la regularización migratoria, entregando no solo sus datos personales y datos biométricos al Estado de Chile, sino que también, en el marco de este empadronamiento, se auto denunciaron ante la policía por haber ingresado por pasos no habilitados: tal era la confianza en el llamado que su gobierno hizo y la importancia de cumplir con las normas del país de acogida que incluso con miedo y temor a ser expulsadas, cada una de estas 180 mil personas dijeron “aquí estoy”. Esa esperanza fue alimentada por la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, quien aludió a la posibilidad de una “regularización acotada”.
Por otro lado, también comporta una falta ética, ya que este gobierno desarrolló un proceso público y abierto, llamando a dar datos personales sensibles, los que según la Ley de Protección de Datos, debieran haber sido recabados con un objetivo determinado, resguardándolos y no dejándolos disponibles para otras acciones del Estado. Por tanto, estos datos se dejan sin el debido resguardo, y en el futuro pueden ser usados con distintos fines. Paradójicamente, quienes confiaron en este gobierno progresista y se acercaron al empadronamiento están actualmente menos protegidos/as que quienes no lo hicieron.
Las consecuencias de esta decisión política son múltiples: desincentivos para la formalidad laboral y agudización de las condiciones de subempleo; agravamiento de la situación de exclusión e imposición de barreras para el ejercicio de derechos (INDH, 2025); limitación del acceso a prestaciones básicas de seguridad social (no pueden ser incluidas en el Registro Social de Hogares y por ello no pueden acceder al subsistema de seguridad y oportunidades, se asignan menos recursos a establecimientos donde estudian sus hijos/as, quienes cuidan no pueden ser visibles al registro de cuidadores/as, entre otras exclusiones).
Pero esta decisión política no sólo afecta a las personas migrantes, sino que perjudica a la sociedad en general, al incidir en la cohesión social de la comunidad residente y en el fomento del mercado informal laboral. Las consecuencias van aún más allá, ya que la falta de acción oportuna, como hemos visto en otros países, instala las condiciones de posibilidad para una futura persecución y acoso de la población migrante en situación de irregularidad. En ese eventual futuro, también tendría responsabilidad el gobierno que implementó el empadronamiento sin una claridad de propósito.
El gobierno saliente muestra una falta de sensibilidad frente a las expectativas y la esperanza de tener una vida estable en el país de miles de personas, que fueron avaladas por el llamado a empadronamiento.
Todo lo anterior da cuenta de que la única “transparencia” de este proceso la aportaron las personas migrantes, porque desde el Estado sólo ha habido opacidad: respecto de los mecanismos utilizados, de los fines perseguidos por el empadronamiento y de lo que va a pasar con esas personas en un próximo gobierno cuyas promesas de campaña incluyen expulsiones masivas, separación familiar y hostigamiento a personas migrantes en hospitales y escuelas, tal como lo hemos visto con la Policía Migratoria (ICE) en Estados Unidos".
FIRMAS
Organización Migrantas
Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile
RESAMA - Red Sudamericana para las Migraciones Ambientales
Amnistía Internacional
Miranda Intercultural
Núcleo Diversidad y Género: abordajes feministas interseccionales UCH
Corporación Humanas
Corporación Mujeres con Energía Positiva
Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC)
Red Interuniversitaria de investigación feminista
Fundacion Libera contra la Trata de Personas y la Esclavitud en Todas sus Formas
Observatorio de Género y Equidad
Mujeres por la Vida
ONG Mamitas migrantes de Valparaíso
Mesa por una Educación Intercultural (MEI)
Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados UDP
Revista Digital Descentrados.cl
Asociación Abierta de Migrantes de TARAPACÁ
Programa Psicología Social de la Memoria (PSM) Universidad de Chile
Asomisca
Red de Interseccionalidad, Género y prácticas de resistencia (REDIGER- Latam)
Red de Periodistas Migrantes
Fundación Madre Josefa - Misión Santiago
ONG ESE:O Escritura para liderar
Red de Investigadoras en Niñez (RIN)
Fundación Migra Mujer
Junta de Vecinos Unidos por el Buen Vivir UV 32 Recoleta
Fundación Cónclave Investigativo de las Ciencias Jurídicas Y Sociales (CIJYS)
Organización comunidad Haitiana en Chile
Casa Memoria José Domingo Cañas
Grupo de Dominicano en chile
Movimiento Acción Migrante
Corporacion de Desarrollo de la Mujer La Morada
Territorio Constituyente
Secretaria de migracion y trabajo /central unitaria de trabajadores CUT/ CHILE
Centro Cultural y de Información El Monte
Corporación Opcion
Cooperativa migrante para las artes y los servicios
Asociación Cultural Teatro Sur
Memorias Colectivas del Biobío
Kilombo Negrocentricxs
Fundación Familia Migrante - Infomigra
Partido Solidaridad por Chile / Izquierda Libertaria
Observatorio Ciudadano
AMPRO Tarapacá
Fundación Andres Bello Migrantes Venezolano
Fundación Chile bello
Sonos amigos somos familia
Red de inclusión y apoyo Viña del mar RIA
Fundación María virgen madre
Corporación Colectivo Sin Fronteras
Agrupación social y cultural Colombianos por Siempre
Misión de la Iglesia Universal Organizada
FUNDACIÓN CERRO NAVIA JOVEN
Centro de Apoyo Migrante
Siguen las firmas hasta completar más de 6.500 organizaciones y personas
[1] La ley N° 21.325, en su artículo 155 N°8, establece la facultad de la Subsecretaría del Interior para disponer de mecanismos de regularización de extranjeros/as que se encuentren en condición migratoria irregular, en concordancia con los objetivos de esta Política, fijando los requisitos correspondientes, que deberán ser determinados prudencialmente para facilitar y promover la regularidad migratoria.
