En kioscos: Diciembre 2022
Suscripción Comprar
es | fr | en | +
Accéder au menu

Más participación para una mejor democracia. Por Marcela Guillibrand, Eiden Rojas y María José Tapia

Varios son los análisis que existen respecto al actual contexto sociopolítico en el cual nos encontramos como país. Nuestros años más recientes datan de una revuelta social - quizás la más significativa desde el fin de la dictadura - una pandemia y un proceso constituyente, todo esto enfrentado a su vez a la crisis de representación y desconfianza en las instituciones según se señala en estudios recientes como “10 años de auditoría a la democracia: Antes del Estallido” del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) del 2020.

Y es que analizar con perspectiva cada uno de estos procesos resulta una gran oportunidad para reflexionar sobre algunas temáticas que desde la sociedad civil organizada por años hemos venido trabajado, como lo es, la garantía del derecho a la participación, que para muchas de nosotras parte desde un enfoque de derechos humanos. Con todo esto y después de los últimos acontecimientos nos preguntamos ¿es posible ejercer efectivamente este derecho en nuestro país?

Desde Ahora Nos Toca Participar -articulación de organizaciones de sociedad civil organizada conformada en el marco de proceso constituyente 2021-2022- entendemos el derecho a la participación, dependiente del principio de inclusión y no discriminación, como un mecanismo esencial para fortalecer la democracia y la cohesión social desde diversas voces, grupos y territorios; como una práctica presente y efectiva para que le otorga legitimidad al desarrollo y profundización de nuestra democracia. Sin embargo, en nuestro trabajo en estos últimos años, hemos podido constatar la urgencia que existe por avanzar en políticas y prácticas de participación con enfoque de derechos humanos, en donde el principio de inclusión y no discriminación sea la base para impulsar cambios y adaptaciones, en lo narrativo y práctico, a las necesidades específicas que tienen los grupos históricamente excluidos, aquellas personas que por diversas condiciones físicas, sociales, económicas y/o culturales, están en una situación de desventaja en el goce y ejercicio de sus derechos con respecto a otros grupos de la sociedad, y que pueden requerir de acciones afirmativas de parte del Estado para suplir esta desventaja, según se indica en la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia. Parte de estos grupos son principalmente, mujeres, diversidades sexuales y de género, niñas, niños y adolescentes, personas mayores, migrantes y refugiados, personas con discapacidad, pueblos originarios, población rural, personas privadas de libertad, entre otros.

A pesar del desarrollo de instrumentos desde el enfoque de derechos humanos para combatir las desigualdades y discriminaciones hacia las personas pertenecientes a estos grupos, el escenario de exclusión es latente, y por tanto, urge la visibilización de estas personas como sujetas de derecho desde una perspectiva integral. Esto quiere decir que, para el ejercicio pleno de sus derechos civiles y políticos, y en específico de su derecho a la participación, deben existir garantías básicas que atiendan y/o acorten la brecha respecto de otros derechos fundamentales, como lo son la superación de algunas barreras sistémicas y discriminatorias multidimensionales, que hacen imposible el ejercicio pleno de este derecho.

La participación como un derecho humano

En los debates teóricos más actuales, la participación ciudadana se promueve como un complemento necesario para entender la democracia más allá de su carácter representativo -esto es, a través de la elección de autoridades- ya que una democracia de carácter participativo transforma la política “desde abajo” hacia sociedades más inclusivas, igualitarias y pluralistas, donde el debate entre las ciudadanías promueve y sustenta la legitimidad del pacto social.

La participación, además, está consagrada como principio, estándar y derecho humano en diversas convenciones, tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos. La participación como derecho, perteneciente a los derechos civiles y políticos, está establecida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y otros instrumentos sobre grupos específicos que Chile ha ratificado y tiene la obligación de respetar, proteger y promover, al estar inscrito en el marco normativo internacional de derechos humanos por medio del artículo 5, inciso 2° de la actual Constitución Política de la República.

Sin embargo, y a pesar de los avances normativos y la obligación de cumplimiento de los principios de igualdad y no discriminación, la participación aún no está suficientemente garantizada, ya que se mantienen fuertes desigualdades en el trato a personas pertenecientes a distintos grupos tal como lo indica el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La desigualdad se acentúa de la mano de situaciones de discriminación y exclusión social en razón de la edad de una persona, sus características étnicas, raciales, culturales, religiosas, lingüísticas, de género e identidad, orientación sexoafectiva, expresión de género, así como cualquier otro tipo de intolerancia. Dicha discriminación e intolerancia a la diversidad también impide, anula y reduce el ejercicio pleno de los derechos humanos de estas personas y sus comunidades. Los esfuerzos por corregir estas prácticas discriminatorias son tan importantes como los elementos esenciales de una participación activa, libre y significativa, donde se incluyen la proactividad, la inclusión, la responsabilidad compartida, la apertura, el acceso, la transparencia y el respeto por los aportes de lo público, según se señala en la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia.

Estándares mínimos para ejercer el derecho a la participación

El reciente proceso constituyente y las megaelecciones, sumado al contexto de pandemia, permitieron dar luces para volver a revisar el ejercicio pleno - o insuficiente - de la garantía del derecho a la participación. Más allá de la voluntad genuina de quienes toman las decisiones políticas y de querer ser parte de diversas instancias, aún no se cuenta con algunas condiciones estructurales para poder participar en igualdad. ¿Cuáles son a nuestro juicio estos mínimos?

La formación ciudadana es una base fundamental para la participación. Conocer cuáles son los mecanismos con los que contamos para participar o de garantizar acceder información necesaria y veráz para votar en procesos eleccionarios es un mínimo para poder ejercer este derecho. Este es uno de los desafíos más importantes al que nos enfrentamos como sociedad y donde actualmente vemos que desde la institucionalidad hay una deuda importante. En este sentido, los esfuerzos y el trabajo por años que han desarrollado organizaciones de la sociedad civil, los movimientos ciudadanos y territorios ha sido esencial para poder suplir lo que debiese ser una política de Estado.

Son justamente los Estados quienes deben realizar esfuerzos por involucrar a las personas en el establecimiento de las reglas de participación, capacitar a las personas para acceder a los procesos participativos, garantizar la participación en condiciones de libertad y seguridad, asegurar el acceso a la información y ofrecer oportunidades razonables para influir en la toma de decisiones, tal como lo ha señalado en base a recomendaciones emanadas desde el PNUD y distintas convenciones y tratados internacionales sobre derechos humanos.

En esta misma línea, para que la participación sea inclusiva y efectiva, necesita de algunas condiciones habilitantes, como que las ciudadanías alcancen un reconocimiento social y jurídico pero, en particular, que se lleven adelante acciones afirmativas por el Estado, que respondan a las condiciones, necesidades sentidas, requerimientos y realidades diversas de grupos históricamente excluidos. Lograr este entorno habilitante, es una tarea ardua e importante a la hora de garantizar, promover y respetar, el derecho a la participación desde la perspectiva de derechos humanos.

En el actual contexto en que nos encontramos de agitación política y ad portas de resolver si tendremos un nuevo proceso constituyente, la gran pregunta y desafío que tenemos por delante es cómo avanzamos para alcanzar un pleno ejercicio del derecho a la participación inclusiva. Nuestro país, no es el mismo de hace 30 ó incluso 10 años atrás, somos una sociedad que se ha ido reconociendo en la diversidad y esto implica trabajar por la apertura de espacios donde todas las personas seamos parte de manera equitativa y paritaria; un espacio propicio para el diálogo y para que surjan y se instalen nuevas voces que por años han sido invisibilizadas. Para lograr la anhelada legitimidad social ante la toma de decisiones, debemos seguir profundizando y fortaleciendo nuestra democracia, a través de esta inclusión política y social.

Reconocer, (in)formar, incluir. Estos son solo algunos de los mínimos que el Estado de Chile debe considerar en su recorrido para hacer de nuestro sistema uno que acoja y no excluya, uno que reconozca y no ignore. Esta seguirá siendo nuestra hoja de ruta, desde quienes, impulsados por la diversidad de las ciudadanías y las organizaciones de sociedad civil que trabajan con ellas, seguiremos impulsando por una participación inclusiva para una democracia participativa que sea efectiva.

Marcela Guillibrand, Eiden Rojas, María José Tapia de Ahora Nos Toca Participar.

Compartir este artículo