Después de un cuarto de siglo de guerra contra el crimen organizado, México deja importantes lecciones para Chile.
El empleo de las Fuerzas Armadas (FFAA) en labores contra el crimen organizado ha militarizado la seguridad pública (no del conjunto del estado mexicano). De acuerdo a datos oficiales del INEGI[i], la cantidad de efectivos involucrados en estas tareas se multiplicó más de siete veces, pasando de 32 mil militares en 2000 a 234 mil en 2024. Sin embargo, en el mismo periodo, los homicidios anuales pasaron de 10 a 30 mil por año, o de 10 a 26 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Los homicidios son el principal indicador de la violencia asociada al crimen organizado, pero no el único. Delitos “comunes” como el robo, homicidio, violación, secuestro y fraudes también afectan a la ciudadanía. La tasa de delitos, que en 2020 fue de 23,323 delitos por cada 100 mil habitantes, aumentó a 32,965 en 2024, una cifra cuatro veces superior a la de Chile. La intervención militar masiva en efectivos y dirección de la seguridad pública tampoco tuvo efectos positivos sobre los delitos del fuero común, a cargo de las policías estatales y municipales, los que aumentaron 41%. El impacto social de esta violencia también se refleja en los desplazamientos internos forzados, que pasaron de 71 mil personas en el año 2000 a 262 mil en 2020, según cifras del Censo Nacional de Derechos Humanos, publicados por INEGI.
Salta a la vista que la militarización de la seguridad pública ha sido ineficaz para resolver el problema del delito. La política de “mano dura”, transformada en “guerra” al crimen organizado desde 2006 por el Presidente Calderón, no sólo ha sido ineficaz, sino que ha generado efectos contraproducentes. Si bien produjo una breve reducción de la violencia, rápidamente generó la creación de ejércitos de sicarios y la fragmentación de los cárteles, lo que a su vez intensificó la violencia. Como resultado, los homicidios se duplicaron en su periodo presidencial. Además, algunos intentos de impulsar una política de negociación con los carteles tampoco prosperaron.
Tras el periodo de Calderón, la militarización continuó, pero se buscaron alternativas. El Presidente Peña Nieto quiso enfocarse en el descabezamiento de los carteles, provocando la fragmentación y un incremento en la lucha por el control del poder y el territorio entre grupos. Aunque intentó formar un cuerpo de gendarmería especializado, esta iniciativa no prosperó. Posteriormente, el Presidente López Obrador adoptó un enfoque más integral, enfocado en abordar las causas estructurales –como la pobreza, la corrupción, abandono de los grupos en riesgo— y en crear una “Guardia Nacional”[ii], como una forma de retirar paulatinamente a las FFAA de las tareas de seguridad pública. Aunque en ambos gobiernos los homicidios aumentaron en términos absolutos, su ritmo de crecimiento comenzó a reducirse. Es muy significativo que los sectores que a inicios de siglo invocaban la mano dura usando militares, critican a López Obrador y a Sheinbaum por mantener todavía una alta militarización de la seguridad pública.
En 25 años, la guerra contra el crimen organizado ha cobrado más de 600 mil vidas, 12 veces superior a la masacre que sufre Gaza. Pero además tiene un enorme costo social. Al menos 110 mil personas han desaparecido; eso equivale a llenar todas las graderías y la cancha del estadio nacional en Santiago. A los homicidios y las desapariciones se suman las detenciones “extrajudiciales”, un patrón sistemático de torturas y tratos crueles, degradantes y robos, los que alcanzan miles de casos por año, con un índice de impunidad casi absoluto, según la Comisión oficial de Derechos Humanos. Para mediados de los años 2010, durante los enfrentamientos con las fuerzas del Estado, se verificaron 7,7 muertos por 1 herido, letalidad que indica una práctica sostenida de ejecuciones extrajudiciales[iii].
Esta situación no es exclusiva de elementos de las FFAA. Además, en México existen las policías federales, de los estados y municipales. Estos últimos han sido especialmente permeables a la penetración de los narcos. Ejemplos de esta debilidad son la remoción de 700 policías locales acusados de colaborar con el crimen organizado en Tamaulipas en 2005 por parte del Ejército; en 2012, en Monterrey, la Marina disolvió a la policía asumió sus funciones. En Nuevo Laredo, la policía municipal ha sido acusada secuestrar miembros del Cartel del Golfo para entregárselos a Los Zetas. Estos último son fruto de un cuerpo de elite del ejército creado para combatir al narco, que terminó por convertirse en un nuevo cartel. Y es que la corrupción debilita a los órganos de seguridad pública y a las FFAA. Un caso emblemático fue la colaboración con el Cartel de Sinaloa que llevó al Ministro (Secretario) de Seguridad Pública a lo largo de todo el periodo del Presidente Calderón 2006-2012, Genaro García Luna, a una condena de 38 años en prisión por narcotráfico y delincuencia organizada en EUA.
El involucramiento masivo e intenso de las FFAA en seguridad pública ha significado mayor cantidad de efectivos desplegados, así como un mayor poder e influencia en la toma de decisiones sobre la política pública. Actualmente, ocupan puestos claves en las Secretarías de Defensa y de Marina, en la Procuraduría General de la República y en las secretarías de seguridad de los estados. Además, están a cargo del control fronterizo, de las aduanas y puertos, del resguardo y distribución de combustible, de realizar construcciones, e incluso de la entrega de ayudas económicas, plantaciones forestales o capacitación laboral, entre otras tareas. La utilización prolongada de las FFAA en tareas no militares, puede fortalecer su autonomía corporativa y limitar el desarrollo de instituciones civiles especializadas.
En diversos momentos las políticas de seguridad pública se han planteado desarrollar capacidades no militares para enfrentar la violencia del crimen organizado: Policía Federal (sexenio Calderón), Gendarmería (Sexenio Peña Nieto) y Guardia Nacional (sexenio López Obrador). En la actualidad es un eje de la administración Sheinbaum. En los dos primeros casos no constituyó una prioridad política efectiva, ni se le brindaron los recursos necesarios. Por su parte, la Guardia Nacional que busca sustituir la presencia de los militares en seguridad pública, está todavía en evolución. Por lo pronto, muestra las dificultades que existen en su construcción y que se trata de una tarea de mediano plazo. La experiencia muestra que bajo ciertas circunstancias puede ser necesaria la existencia de una fuerza “intermedia”, policial, civil, con capacidades de enfrentar la violencia del crimen organizado. Asimismo, que su consolidación requiere un esfuerzo consistente de mediano plazo.
El auge del narco en México y su posterior expansión en diversos estados se asocian a la política de ocupación de un territorio para erradicar por la fuerza al narco. La implementación del Plan Colombia y el control del tráfico de drogas por El Caribe hacia Estados Unidos (EEUU) generó un vacío de poder y convirtió al país en un paso obligado para abastecer el principal mercado de consumo del mundo: los EUA. Sin articulación internacional, la debilidad relativa del narco colombiano fortaleció al narco mexicano. De manera similar, la fuerza ejercida en algunos estados para erradicar un grupo criminal, sea por los órganos de seguridad o por el combate entre mafias, conduce al desplazamiento de operaciones por parte de los grupos criminales hacia otras regiones. Si bien el mapa de control por algunos cárteles de uno u otro estado se ha modificado a lo largo del tiempo, en su conjunto no ha hecho más que expandirse. La intervención focalizada en una zona (sea un país, región o barrio) puede reducir su incidencia en el corto plazo, pero a menudo tiene como efecto colateral el desplazamiento a otros territorios.
La experiencia analizada muestra que el descabezamiento de los líderes de un grupo criminal puede conducir a espectaculares capturas (por ejemplo, del Chapo Guzmán). Pero, por si sola no reduce la violencia, incluso puede aumentarla. Esto se debe a que se genera un fenómeno de fragmentación y lucha por el poder que enfrenta a los grupos entre sí, y de estos sobre la población para someterla.
Nada de lo descrito puede atribuirse en exclusiva a México. Pero su experiencia muestra, con claridad extrema, que las condiciones internacionales tienen un peso fundamental con relación al crimen organizado. Además de los efectos mencionados del Plan Colombia, en este caso destacan al menos tres aspectos. Primero, el impulsor de fondo del narco es la demanda del mayor mercado de consumo de drogas del mundo que son los Estados Unidos. Segundo, el volumen de tráfico de armas desde los Estados Unidos hacia México, como la principal fuente de abastecimiento de armamento de guerra. Tercero, muchas de las políticas y acciones ocurridas se deben a los enfoques y presiones que realizan los Estados Unidos. En la lucha contra el crimen organizado es necesario que la política exterior impulse medidas de cooperación internacional equilibradas, ajustadas a los desafíos y realidades de todas las partes.
En este artículo se han descrito las políticas seguidas en los último 25 años y sus resultados, pero la situación actual no tiene su origen en este periodo; existen antecedentes que condujeron a ella. Es necesario abordar los desafíos del crimen organizado en sus “etapas tempranas”, adoptar un enfoque integral a tiempo evita elevar los costos a mediano-largo plazo.
México ofrece mucho más que violencia criminal. Su riqueza cultural, económica, turística y gastronómica, entre otros aspectos, es innegable. Y se ha proyectado más allá de sus fronteras. Asimismo, la experiencia en seguridad pública descrita con datos de fuentes oficiales, muestra que el camino hacia la seguridad no tiene atajos. Pasa por una política integral y acciones simultáneas que combinen el desarrollo social, medidas contra la corrupción, el fortalecimiento profesional de la policía y, en el caso de México, por cuerpos intermedios y una política de cooperación internacional equilibrada.
Eso está muy lejos de las soluciones rápidas con mano dura e intervención militar que suelen ofrecer los candidatos en tiempos electorales, las cuales a pesar de que no conducen a resultados eficaces, tienen un alto costo social y erosionan las instituciones democráticas.
*Pedro Vuskovic Céspedes, Msc. Economía y Política Internacional (el autor agradece los comentarios de colaboradores mexicanos)
[i] El Instituto Nacional de Estadística y Geografía es un órgano oficial del estado mexicano.
[ii] Se trataría de una fuerza de carácter civil, pero con capacidades reforzadas para enfrentar la violencia, lo que comúnmente se llama “fuerza intermedia”.
[iii] http://www.animalpolitico.com/ 2015/07/choques-de-ejercito-y-pf-contra-civiles-mas-letales-que-guerras-de-vietnam-y-del-golfo/
