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Miedo a la democracia. Por Jaime Vieyra-Poseck

La penúltima campaña del terror de la derecha, ahora contra una nueva Constitución, es otra operación más para mantener una acumulación sin precedente de poder y riqueza en una élite, tan insostenible que ha provocado el estallido social.

Han tenido todo el poder desde el 11 de septiembre de 1973. La derrota del dictador y la Transición a la Democracia no se lo quitó porque su Constitución ha resistido ―para eso está construida― a cualquier intento por cambiar su statu quo.

El ideólogo de la Constitución del dictador, Jaime Guzmán, lo explicitó magníficamente: “si (…) llegan a gobernar los adversarios se [verán] constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque el margen de alternativa que la cancha de hecho impone a quienes juegan en ella, [es] lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario” (1997:17-18) ⁽¹⁾.

Sin embargo, las campañas del terror de la derecha política y económica han sido sintomáticas en la historia de Chile. La de ahora contra el Proceso Constituyente anuncia una vez más el “derrumbe socioeconómico” y el fin del “orden público”.

Entre las campañas del terror referenciales, se destaca la que se orquestó entre 1964 y 1970, con excesos como que los niños iban a ser enviados a la Unión Soviética para un “lavado de cerebro” si ganaba Salvador Allende. En el plebiscito de 1988 por el Si o el No a la perpetuación de la dictadura, planteaba el dilema entre Pinochet o el caos que provocaría el regreso a la democracia. Ahora se repite el mismo argumentario: el mantenimiento de la Constitución pinochetista o el caos.

Lo único que verifica esta nueva campaña del terror para sembrar el miedo, es una subestimación del electorado que lo considera manipulable, y confirma un déficit de propuestas constructivas tan crónico como endémico.

La violencia social ―el argumento central de la campaña del terror para inducir el miedo― que se ha desatado dentro del estallido social, no es la causa del problema, sino el efecto que produce la vigente institucionalidad excluyente y autoritaria de la dictadura que continúan apoyando. Si ésta se mantiene, se mantendrá la violencia social.

La trayectoria política de la derecha chilena frente a encrucijadas históricas, ha sido la solución violenta para mantener su monopolio de poder y riqueza, con una cumbre: el golpe de Estado de 1973 y 17 años de terrorismo de Estado. Todo indica que esta nueva campaña del terror apunta a usar el efecto de la crisis ―la violencia social― para abortar el Proceso Constituyente y, así, continuar manteniendo sus exorbitantes privilegios.

Pero la sorpresa ahora (y el anhelo que desechen la solución violenta), es que hay una fracción en la derecha que apoya una nueva Constitución. Sin duda, un cambio histórico de enorme relevancia para el futuro de Chile.

Esta (¿nueva?) derecha ―que está siendo furiosamente atacada con fuego amigo― parece haber entendido la imposibilidad de mantener la Constitución de Pinochet porque ha producido un inmovilismo político crónico que imposibilita hacer cualquier reforma estructural.

La institucionalidad pinochetista y su democracia maniatada, impide el despegue de Chile hacia el desarrollo socioeconómico, con justicia social, para ingresar al concierto de Estados democráticos desarrollados. La única forma posible de tener paz, cohesión social y orden público, tres elementos interdependientes y esenciales para el desarrollo económico, es avanzar en la consolidación de un Chile solidario que institucionalice derechos sociales garantizados con una repartición equitativa de la riqueza, del ingreso y del poder. Para iniciar esta nueva etapa histórica, la jubilación de la constitucionalidad pinochetista es tan inevitable como imprescindible.

La plena democratización de Chile permitirá cualificarlo y dotarlo para enfrentar los problemas supranacionales del siglo XXI, como son la amenaza del cambio climático, que está irremisiblemente unido al modelo económico neoliberal que sobreexplota y destruye los recursos naturales y que, además, ha creado una lacerante desigualdad socioeconómica que debe corregirse si no se quiere un estallidos social permanente.

Estas dos variables ―superar el cambio climático y la desigualdad social― sólo se pueden abordar en forma global, pero teniendo en casa tanto la conciencia e institucionalidad como las infraestructuras para realizar los cambios impostergables.

Las transformaciones en Chile en este momento, son una nueva constitucionalidad, más democrática e incluyente, que garantice una economía sostenida, pero con respeto al medio ambiente, y la creación de los mecanismos institucionales para la distribución equitativa de la riqueza y del ingreso.

Aunque ninguna Carta Magna es cien por ciento incluyente, la nueva lo será muchísimo más que la autoritaria de Pinochet, que sólo representa a una élite. Esta élite, sin duda, tendrá representación plena en la nueva Constitución, sólo que deberá compartir el poder con las grandes mayorías, que es la condición esencial de toda Constitución que pretende ser lo más democrática y representativa posible.

No perderán el poder sino que lo compartirán. No serán excluidos sino incluidos. No será el “caos” ni el “fin del mundo”, sino un nuevo ordenamiento constitucional que otorgará mayor calidad a la convivencia democrática. Por lo demás, este proceso histórico no está supeditado a izquierdas o derechas, ni menos a abuso electoralista partidario: es transversal; es un proyecto de país.

Démosle esta oportunidad histórica a la democratización plena de Chile. Y, aunque la Constitución de la dictadura está diseñada para otorgar representatividad sólo a una élite excluyendo a las grandes mayorías, la nueva incluirá, por supuesto, a la élite pinochetista.

Porque, con miedo a la plena representación democrática de toda la ciudadanía en una Constitución, no se construye nunca un buen país. La Constitución de la dictadura así nos lo ha enseñado.


¹ En: Boeninger, E., Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad. Editorial Andrés Bello. Santiago de Chile, 1997.

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