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Migración en Iquique. Las preguntas no hechas a Interior… o cómo la política burocrática nos cuestiona nuestra humanidad. Por Caterine Galaz

En “Eichman en Jerusalén”, Hannah Arendt se plantea la pregunta de por qué el burócrata coronel de las SS en las respuestas al tribunal parece alguien totalmente normal, después de analizar su contribución al genocidio judío, su aporte a un horror mundial. En su descripción, Arendt va estableciendo a un funcionario alemán común: aquel que cumple su tarea, que no se cuestiona los actos realizados porque sigue órdenes y porque dentro de su lógica justifica que lo hecho estaba dentro de lo que el Estado y la ciudadanía dominante permitían y consideraban como normal. Un humano común.

Cuestionada Arendt por dotarle de humanidad a Eichman, planteó un punto de inflexión sobre actos y discursos éticos/no éticos: la banalidad que existe en el mal. Esto para cuestionarse sobre los caminos que llevan a que una persona común y corriente, que no es malvada en sí misma, se apega a ideas dominantes y puede llegar a involucrarse en acciones negativas de manera totalmente acrítica. La autora enfatiza que esta manera acrítica de pensar, hablar y actuar sucede en nuestras sociedades occidentales pero que, en situaciones extremas, puede convertirse en una posibilidad para dejar florecer aquello impensado y encontrar, para ello, diversas justificaciones.

Las reflexiones de Arendt sobre el papel de las responsabilidades individuales y colectivas en determinadas situaciones críticas es lo que se me viene a la cabeza al mirar los últimos hechos en el norte chileno. ¿Qué es lo que lleva a que personas comunes actúen de esta manera frente a otras que, en su mayoría, viene buscando acogida ante una crisis social, económica y política? ¿Cómo se ha ido construyendo este sentimiento de rechazo en nuestro entorno? ¿qué agentes se han visto involucrados y qué intereses están implicados? ¿qué discursos y qué políticas han generado las condiciones de posibilidad para que esto pase?

A tan solo unas horas, el ministro del Interior habla de cómo al gobierno de Sebastián Piñera se le ha bloqueado desde la oposición la posibilidad de “reconducción” pero que, con el reglamento de la nueva ley migratoria, podrán hacerlo.

Usa un eufemismo para plantear la expulsión exprés de las personas migrantes que entran a Chile por paso fronterizo no habilitado. Exactamente lo que señala es: “…tal vez la más importante, la reconducción. (…) Es una herramienta, que permite que una persona que está ingresando por paso irregular a Chile, que cruza la línea de la frontera, mediante un protocolo y resguardando todos sus derechos, esa persona será reconducida de dónde venía, es decir al otro lado de la frontera”.

Imagino un/a periodista ficticio que podría contra preguntar: “perdón, ministro, ¿está diciendo que esta “reconducción” que plantea será dejar fuera de la frontera de Chile de forma literal a estas personas…es decir, en el desierto sin ningún tipo de apoyo? ¿O significa devolverlas a su país de origen? Y si es esto último, ¿cuánto es el presupuesto que se dejará para ello y existe ese dinero para la cantidad de personas que están viniendo? ¿Y si es lo primero, cómo se tomarán esto Perú, Bolivia y Argentina…no podría afectar estas “reconducciones” a las relaciones diplomáticas con dichos países? Señala que será resguardando sus derechos… ¿cómo se asegura esto si es solo sacarlos de la frontera y cerrar la puerta? ¿Qué responsabilidad tendría nuestro país y este gobierno si comienzan a morir más personas en dicha frontera? ¿Cómo plantea el gobierno incidir en las redes de tráfico de personas, cree que éstas se desarticularán sólo producto de estas reconducciones? ¿no encontrarán estas redes otras vías de ingreso? ¿Cree que estas “reconducciones” desincentivarán la venida de personas migrantes? ¿Estas “reconducciones” han sido exploradas en otros territorios: en el Mediterráneo mueren cada año más de mil personas y los/as migrantes de todas las edades no dejan de aventurarse al mar… en la frontera mexicana la misma cifra y no dejan de seguir cruzándola, qué le hace pensar a este gobierno que en Chile funcionará diferente frente a una crisis tan urgente como la que afecta a las personas venezolanas? ¿La vida de las personas se puede tratar de esta forma táctica?”.

Achille Mbembe, en 2011, siguiendo la noción de gubernamentalidad de Foucault, acuñó el término “necropolítica” para referirse a las lógicas de gobierno neoliberal que implican decisiones de quienes deben vivir y quienes son arrojados a morir en un momento dado, atendiendo criterios económicos preferentemente y en muchos casos, de protección nacionalista y clasista.

En Chile en los últimos años hemos asistido a diversas actuaciones que podrían pensarse de necropolítica ya que distribuyen de manera desigual la oportunidad de exponer o cuidar a su población residente; es decir, el desarrollo de una política basada en la idea de que algunos cuerpos y colectivos valen más que otros. Y, por tanto, se ha ido instalando como algo común y normal, la precarización y exclusión a un determinado grupo de la población, por considerarlo inferior.

Lo anterior nos planteó una gran paradoja en este contexto de pandemia reciente: mientras unos cuerpos fueron llamados al confinamiento, la protección y el autocuidado, otros fueron arrojados a servicios catalogados como esenciales pero invisibilizados, precarizados, desprotegidos y estigmatizados. Fue el caso del servicio de delivery, el trabajo en casas particulares o el trabajo informal (que son nichos donde parte de la población extranjera se ha situado). Son cuerpos vulnerados que cargaron con la responsabilidad social y económica para que otros pudieran cuidarse.

En los últimos años resulta que la gestión de la movilidad internacional implica la instauración de un discurso que sostienen imaginarios de clase, de nacionalidad, de cultura y de ciudadanía legítima e ilegítima, en un profundo desconocimiento de la heterogeneidad social. El cierre de las fronteras y la promulgación de la actual ley migratoria que enfatiza la lógica de control del anterior decreto de la dictadura, vino acompañado de un fuerte ‘boom’ nacionalista.

En este contexto la tendencia ha sido el aprovechamiento comunicacional por parte de sectores conservadores para fundar y extremar narrativas racistas y xenófobas, utilizando la condición de migrante como chivo expiatorio de la seguridad local y nacional. Se han profundizado discursos que presentan a los/as migrantes como una amenaza externa/interna que viene a corromper el cuerpo de la nación, un cuerpo abyecto para la ciudadanía que, al igual que el virus Covid-19, debe ser expulsado…o “reconducido”.

¿Qué costos en nuestra humanidad estamos dispuestos/as a pagar por mantener esta idea artificial de pureza ciudadana? Ante la crisis humanitaria que vivimos, y otras sociales y económicas, tenemos que cuestionar los dispositivos políticos que sostienen la reproducción del capitalismo neoliberal y que utilizan la gestión de los riesgos de muerte y la clasificación de los cuerpos entre vecinos/as legítimos/as versus desechables. Si dejamos sólo paso a la burocracia actuar sin ver los rostros e historias detrás de esos cuerpos, sin hacer distinciones, cayendo en homogenizaciones del actuar individual a todos los miembros de los colectivos por su procedencia nacional, concretaremos lógicas tácticas políticas que para algunos resultaran efectivas y apegadas a la norma… pero sacrificiales.

Caterine Galaz, académica de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile

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