Hoy en día, las aulas de nuestro sistema educativo reflejan de manera directa los movimientos migratorios que se viven en este país. Sin embargo, la falta de regularización de muchas familias genera un escenario de vulnerabilidad que afecta gravemente la convivencia escolar. Ante esta realidad, sostengo que el Estado debe implementar políticas urgentes que refuercen la seguridad dentro de los establecimientos, asegurando que las escuelas y liceo sigan siendo espacios de protección para todos los estudiantes. La integración de estos no es un desafío aislado, sino un fenómeno estructural que atraviesa e impacta a todo el sistema educativo nacional.
Poner rejas más altas o llenar los accesos de los establecimientos educacionales de policías no va a solucionar la crisis que enfrentan nuestros colegios. Eso sería solo “tapar el sol con un dedo” y no abordar las causas profundas del problema. Un establecimiento educacional no es una oficina de migración: es el espacio donde se educa y se construye el futuro de toda la sociedad. Si realmente queremos enfrentar la violencia y el deterioro de la convivencia en las aulas, el Estado debería intervenir con urgencia mediante tres medidas concretas y efectivas:
1. Cuidado de la Salud Mental y Enfoque Intercultural.
El bienestar emocional es la base de todo aprendizaje. Muchos estudiantes migrantes cargan con el desgaste de viajes difíciles, la separación de sus seres queridos o la falta de estabilidad legal de su entorno familiar. Este estrés suele manifestarse en las salas de clases a través del aislamiento o problemas para integrarse. Pese a los prejuicios, los datos demuestran que la llegada de alumnos extranjeros no incrementa la violencia escolar. Investigaciones locales, como las del Centro de Estudios Públicos (CEP), confirman que una mayor presencia de estudiantes migrantes no empeora la convivencia ni baja las notas de sus compañeros. El camino correcto es potenciar la convivencia escolar usando equipos psicosociales y capacitando a los profesores en interculturalidad, lo que permite frenar el estrés y evitar la discriminación antes de que surjan los problemas.
2. Sinceramiento de Matrículas y Distribución Justa de Recursos.
Es urgente transparentar la cantidad real de alumnos por colegio para repartir los recursos de forma justa. Cuando hay estudiantes en situación irregular que no se registran de forma oficial, los colegios sufren por la falta de espacio, materiales pedagógicos y raciones de alimentos de la Junaeb. El Identificador Provisorio Escolar (IPE) ayuda a que puedan estudiar, pero muchas familias no lo tramitan por desinformación o por el miedo infundado a que sus datos se usen para una expulsión. Para romper esta barrera, el Ministerio de Educación debe hacer campañas informativas directamente en los colegios. Transparentar las matrículas garantiza que cada escuela reciba el dinero y la alimentación que le corresponde, beneficiando tanto a los estudiantes chilenos como a los extranjeros.
3. Entornos Urbanos Protegidos y Prevención Comunitaria.
La seguridad en los colegios no se detiene en la puerta de entrada. Muchas escuelas están en barrios vulnerables y quedan expuestas a la delincuencia o al narcotráfico de las calles, afectando a toda la comunidad educativa. Las familias migrantes en situación irregular sufren aún más este problema, ya que evitan denunciar los delitos ante las policías por temor a su situación legal, dejando los alrededores del colegio desprotegidos. Para solucionar esto, es clave reforzar la prevención vecinal, programar patrullajes municipales a las horas de entrada y salida, y asegurar caminos seguros para cuidar a los alumnos y profesores en sus trayectos diarios.
Pedirle al Estado que invierta en salud mental, ordene las matrículas y vigile los alrededores de las escuelas no significa dar beneficios exclusivos a un sector, sino cumplir con una obligación social urgente. Los problemas de convivencia y la delincuencia no se solucionan con prejuicios, sino con una administración pública eficiente, una inclusión verdadera y colegios protegidos. Esta transformación requiere que las autoridades dejen de actuar solo cuando hay crisis y diseñen estrategias preventivas a largo plazo. Es fundamental entender que la seguridad y el bienestar emocional en las aulas no son un lujo, sino el derecho mínimo que toda comunidad escolar necesita para desarrollarse de forma sana.
En conclusión, los problemas que existen actualmente en el sistema educativo relacionados con la migración no se pueden solucionar dejando de lado la seguridad o la inclusión. Ambas son importantes para que los colegios sean lugares donde todos los estudiantes puedan sentirse seguros y respetados. Por eso, el Estado debe tomar un papel más activo y buscar soluciones antes de que los problemas se vuelvan más graves, preocupándose de temas como la salud mental, los recursos que reciben los colegios y la seguridad de sus alrededores.
La migración tampoco debería utilizarse como una razón para culpar o discriminar a quienes llegan a nuestro país. Los problemas de convivencia y seguridad deben enfrentarse de manera responsable y considerando la realidad de toda la comunidad escolar. Al final, cuidar los colegios significa cuidar a todos los estudiantes, sin importar de dónde vienen o cuál sea su situación migratoria. Todos tienen derecho a estudiar en un lugar seguro, tranquilo y donde puedan desarrollarse.
Crisbelys N. Corredor Cedeño.
Estudiante de Liceo Municipal Metropolitano de Adultos.
