Cuando analizamos los movimientos migratorios en Chile, observamos un crecimiento exponencial de la población extranjera en el país. La comunidad venezolana se ha convertido en la más numerosa: según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, en 2023 había un total de 728.586 venezolanos en Chile, representando el 38% del total de migrantes. Entre 2018 y 2023, este grupo experimentó un crecimiento del 111,5%, convirtiéndose en el de mayor expansión en dicho período.
Este aumento no ha estado exento de conflictos. La Encuesta Bicentenario UC de 2023 reveló que el 78% de los encuestados percibía tensiones entre nacionales y extranjeros, consolidando la migración como una de las principales preocupaciones de los chilenos. Las razones detrás de esta percepción son múltiples: desde la asociación entre migración y delincuencia hasta problemas de convivencia en espacios públicos y privados.
El Estado ha respondido con diversas medidas. Durante los gobiernos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric, se han realizado al menos dos modificaciones a la Ley de Migración. La primera prohibió el cambio de estatus dentro del territorio nacional, y la segunda impuso mayores restricciones para la obtención de la residencia, incluyendo consecuencias más severas para quienes reincidan en faltas administrativas y la tipificación del ingreso irregular como delito.
Estas políticas han generado múltiples consecuencias, desde la precarización de la vida de los migrantes hasta un profundo temor a la persecución. Sin embargo, resulta paradójico que, pese a estos retrocesos, el conservadurismo político haya mostrado un particular interés en la fuerza electoral de este grupo. Figuras como Guarequena Gutiérrez, exembajadora de Venezuela durante la rebelión de Juan Guaidó, y Marcos Garzón, encargado de la elección ciudadana en el proceso de primarias opositoras de Venezuela en Chile, han estado vinculados a líderes de la derecha chilena como Evelyn Matthei, Jaime Bellolio y Mario Desbordes.
Mientras los sectores conservadores estigmatizan a los migrantes y limitan sus derechos políticos, también buscan capitalizar su potencial electoral. Esta contradicción, sumada a una izquierda en letargo, cada vez más distante del trabajo con comunidades migrantes, sugiere un posible vuelco hacia la derecha en futuras elecciones.
A lo largo de la historia, la migración ha sido un fenómeno intrínseco a la humanidad. Sin embargo, ciertos sectores han utilizado el dolor y la vulnerabilidad de los migrantes para profundizar divisiones sociales, especialmente entre nacionales y extranjeros. Este patrón se repite una y otra vez: basta recordar las primeras órdenes ejecutivas de Donald Trump, que terminaron persiguiendo a los mismos latinos que, en algunos casos, habían apoyado su candidatura.
Es imperativo que la política chilena aborde la migración desde una perspectiva integral y no solo como una herramienta electoral. Para ello, es fundamental construir políticas públicas que garanticen la inclusión real de los migrantes, asegurando su acceso a derechos básicos como vivienda, trabajo y salud, y fomentando un discurso que promueva la convivencia en lugar del enfrentamiento.
Existen ejemplos en el mundo que demuestran que una política migratoria bien diseñada puede generar beneficios tanto para los migrantes como para el país receptor. Canadá, por ejemplo, ha desarrollado programas de integración que no solo permiten a los migrantes acceder a empleo digno y estabilidad social, sino que también han fortalecido la economía del país al aprovechar el capital humano que estos aportan. Adaptar estrategias similares en Chile, promoviendo la regularización y la integración efectiva de los migrantes, podría ser una respuesta más eficiente y justa que la criminalización y el discurso de odio.
El futuro de la democracia en Chile dependerá, en gran medida, de la capacidad de sus actores políticos para comprender que la migración no es un problema, sino una realidad que requiere respuestas responsables y humanitarias. De lo contrario, seguiremos viendo cómo el oportunismo político prevalece sobre el bienestar de las personas, perpetuando un clima de exclusión y desconfianza que solo traerá mayores desafíos para el país.
José Gregorio Rodríguez
Activista LGBT y por los Derechos Humanos
