Las recientes declaraciones del ministro Quiroz, quien llamó a tener cuidado con estudiar carreras con "poco futuro" y endeudarse para financiarlas, abren una discusión legítima. Nadie podría estar en desacuerdo con advertir a los jóvenes sobre los riesgos del endeudamiento o con entregar información transparente sobre empleabilidad e ingresos.
El problema surge cuando comenzamos a confundir rentabilidad con valor. Porque existen profesiones que generan altos ingresos y existen profesiones que sostienen a la sociedad. El Trabajo Social pertenece a este segundo grupo.
Nunca ha sido una carrera especialmente rentable. No lo era cuando las primeras visitadoras sociales recorrían hospitales y barrios populares. No lo era cuando acompañaban familias afectadas por la pobreza, la enfermedad o la exclusión. Tampoco lo fue durante la dictadura cuando muchas trabajadoras y trabajadores sociales acompañaron a víctimas de violaciones a los derechos humanos, trabajaron junto a comunidades afectadas por la represión y defendieron la dignidad de las personas en contextos de profundo sufrimiento social, fueron perseguidas, exoneradas, encarceladas o hechas desaparecer. Tampoco lo es hoy. Y, sin embargo, seguimos siendo indispensables.
Cada día trabajadoras y trabajadores sociales acompañan a personas mayores abandonadas, familias que enfrentan enfermedades graves, niños cuyos derechos han sido vulnerados, mujeres víctimas de violencia, personas en situación de calle y comunidades que intentan salir adelante en medio de enormes dificultades.
Difícilmente ese trabajo aparecerá en un ranking de rentabilidad. Pero una sociedad sin él sería una sociedad más desigual, más injusta y más indiferente.
Quizás la pregunta no es cuáles carreras son rentables, sino cuáles profesiones son imprescindibles. Porque si la rentabilidad económica fuera el único criterio para valorar una carrera, también tendríamos que preguntarnos por la pedagogía.
La pedagogía tampoco suele encabezar los rankings salariales. Sin embargo, sin profesoras y profesores no existirían ingenieros, médicos, abogados ni ministros.
Antes de convertirse en ministro de Hacienda, usted fue estudiante. Y antes de ser estudiante universitario, hubo profesoras y profesores que le enseñaron a leer, a escribir, a comprender matemáticas, a pensar críticamente y a desarrollar las herramientas que le permitieron llegar donde está hoy.
La educación, el cuidado, la salud, la cultura y la intervención social son actividades que muchas veces producen escasa rentabilidad económica, pero un enorme valor social.
No todos queremos ser ingenieros comerciales. Algunas personas quieren enseñar. Otras quieren investigar. Otras quieren crear arte. Otras quieren acompañar a quienes sufren. Otras quieren trabajar en hospitales públicos, en escuelas, en territorios vulnerables o en organizaciones sociales. Y todas ellas merecen el mismo respeto.
Existe además un aspecto que rara vez aparece en estas discusiones: la dimensión de género. No es casualidad que muchas de las profesiones habitualmente catalogadas como poco rentables sean también profesiones altamente feminizadas. Trabajo Social, Enfermería, Pedagogía y Educación Parvularia son ejemplos evidentes.
Durante siglos, las tareas de cuidado fueron consideradas una responsabilidad natural de las mujeres y no un trabajo que mereciera reconocimiento económico. Cuidar, educar, acompañar, escuchar o sostener emocionalmente a otros fue entendido como una extensión de los roles domésticos y no como una contribución esencial para el funcionamiento de la sociedad.
Quizás por eso seguimos observando una paradoja persistente: cuanto más relacionada está una profesión con el cuidado de las personas, menor suele ser su valoración económica.
La desvalorización de estas profesiones no es solo un problema laboral. También es una expresión de las desigualdades de género que continúan atravesando nuestras sociedades.
Pero existe además otra confusión en este debate.Cuando se habla de rentabilidad, generalmente se hace desde una perspectiva individual: cuánto ganará un estudiante después de titularse y cuánto tardará en recuperar la inversión realizada en su educación.
Sin embargo, existen profesiones cuyo principal retorno no es individual, sino colectivo.
Una intervención social oportuna puede evitar la deserción escolar, prevenir situaciones de violencia, fortalecer la salud mental comunitaria, favorecer la inclusión social, disminuir la institucionalización innecesaria y optimizar el uso de recursos públicos.
Desde esta perspectiva, el Trabajo Social produce un enorme retorno social de la inversión. Quizás no siempre genera riqueza para quien lo ejerce, pero genera valor para toda la sociedad.
Si el Trabajo Social desapareciera mañana, el Estado tendría que invertir mucho más en sistemas de emergencia, institucionalización, reparación, atención de crisis y respuestas tardías a problemas que pudieron haberse prevenido.
En otras palabras, el Trabajo Social sí es rentable. Lo que ocurre es que su rentabilidad se expresa en bienestar colectivo y no necesariamente en los ingresos de quienes ejercen la profesión.
Y aquí aparece una tercera contradicción. El propio Estado reconoce que estas profesiones son estratégicas para el funcionamiento de las políticas públicas. Las necesita en hospitales, escuelas, municipios, programas de protección, servicios de salud, ministerios y sistemas de cuidados.
Sin embargo, durante décadas hemos aceptado que quienes estudian estas carreras deban financiar su formación bajo lógicas de mercado para luego incorporarse a empleos cuyos salarios suelen estar limitados por las propias restricciones del sector público.
La pregunta entonces no es solamente cuánto ganan quienes estudian estas profesiones. La pregunta es si el modelo de financiamiento de la educación superior resulta coherente con las necesidades del país que dice querer construir.
Porque si una profesión es indispensable para el desarrollo social, para la protección de derechos y para el funcionamiento del Estado, entonces quizás el problema no está en quienes la estudian. Quizás el problema está en cómo decidimos valorarla.
Y conviene decirlo con honestidad: mientras ese modelo siga igual, la advertencia sobre el endeudamiento conserva toda su fuerza para el estudiante concreto.
Quien hoy se endeuda para estudiar una profesión de cuidado asume un riesgo real, porque el retorno de su trabajo no volverá principalmente a su bolsillo, sino a toda la sociedad.
Y ahí está el punto. Si es la sociedad la que recibe ese retorno, entonces es la sociedad la que debería asumir su costo, y no la persona endeudada.
El problema, por tanto, no es desalentar a quien quiere dedicar su vida a cuidar, enseñar o acompañar. El problema es haber construido un sistema en el que ese estudiante carga en soledad con un riesgo cuyo beneficio recogemos todos.
Durante décadas hemos naturalizado que profesiones vinculadas al cuidado, la educación, la salud y la intervención social reciban menores salarios, menos prestigio y menores oportunidades de desarrollo que otras ocupaciones consideradas estratégicas para el crecimiento económico. Sin embargo, basta una crisis sanitaria, una emergencia social o una catástrofe para recordar que son precisamente esas profesiones las que sostienen el tejido social cuando todo lo demás parece tambalear.
Quizás ha llegado el momento de dejar de preguntarnos cuánto dinero producen ciertas profesiones y comenzar a preguntarnos cuánto valor generan para la sociedad.
Porque una nación no se mide únicamente por el tamaño de su economía.
También se mide por la forma en que trata a quienes educan, cuidan, acompañan y protegen a los demás.
Y si realmente queremos construir un país más justo, el desafío no consiste en que todos estudiemos las carreras más rentables. El desafío consiste en dignificar aquellas profesiones sin las cuales la vida en común simplemente sería imposible.
Porque el Trabajo Social nunca ha sido especialmente rentable. Pero ha estado presente cuando las familias han necesitado apoyo, cuando las comunidades han necesitado reconstruirse, cuando el Estado ha necesitado proteger y cuando las personas han necesitado que alguien defendiera su dignidad.
El mercado es un excelente mecanismo para asignar recursos. Pero es un pésimo termómetro para medir la dignidad humana.
Exigirle rentabilidad financiera al Trabajo Social es tan absurdo como exigirle poesía a una planilla de Excel.
