El 14de julio, mediante una inserción publicada en el diario el Mercurio, y titulada “Reforma al Código de Aguas amenaza Certeza Jurídica y Bienestar de la Sociedad y las Personas” , un conjunto de organizaciones gremiales, lideradas por la Sociedad Nacional de Agricultura, la Sociedad Nacional de Minería, la Asociación de Bancos, y la Cámara Chilena de la Construcción, han notificado al país, a las comunidades y territorios, su oposición absoluta a cualquier iniciativa que tenga por propósito desprivatizar el agua.
Los argumentos contenidos en la inserción son en general conocidos, recurren una vez más a los derechos de propiedad de la aguas, los que se encuentran consagrados en el artículo 19, numeral 24 de la constitución del 80, y que sostienen “Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos y constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”. A renglón seguido sostienen que los derechos de aprovechamiento de aguas han sido legítimamente adquiridos, y que cualquier alteración al modelo privado de aguas, provocaría una pérdida del valor de la tierra, y una desvalorización considerable de la propiedad raíz como objeto de venta o garantía crediticia necesaria para poder desarrollar su actividad, y continúan sosteniendo que esto sería “un golpe muy grave para la agricultura Chilena, especialmente para los pequeños agricultores”.
La inserción mañosamente señala tener coincidencias con priorizar el uso del agua para consumo humano, y fortalecer a los comités de agua potable rural, pero nuevamente insisten en que no se pueden afectar los derechos de propiedad sobre el agua, por las “graves consecuencias que ello significaría para la certeza jurídica, y la institucionalidad política y económica del país”, así tal cual, moviendo las fronteras de declaraciones anteriores, y en este caso con una clara intención sediciosa y amenazante.
En Chile la privatización de las aguas se encuentra consagrada constitucionalmente, del mismo modo, y desde el año 1981 en adelante, sin discusión previa, y mediante el predominio de la fuerza y la exclusión, el código de aguas se encargó de separar la propiedad del agua del dominio de la tierra, dando origen al mercado del agua. Es más, le concedió la prerrogativa al Estado de ser este, a través de la Dirección General de aguas, el responsable de conceder los derechos de aprovechamiento de las aguas de forma gratuita y a perpetuidad a los privados, sí, a perpetuidad. Es decir, es bastante dudoso, por decir lo menos, hablar de “derechos legítimamente constituidos” como sostienen en la declaración en comento.
Desprivatizar el agua significaría para quienes suscriben la inserción publicada por el mercurio, no poder utilizarla como garantía crediticia, ¿parece inaudito?, para los dueños del agua no.
Han notificado al país de tener coincidencias con priorizar el uso del agua para consumo humano y fortalecer los comités de agua potable rural. Al respecto, una publicación reciente, titulada Pobres de Agua, de la fundación Amulen, sostiene que en Chile existen 380 mil viviendas rurales, más de 1,5 millones de personas que no tienen acceso al agua potable, que 8 de cada 10 recolectores de agua en el medio rural son mujeres, que en los últimos 5 años el Estado de Chile, más bien, los que lo han mal administrado, se han gastado 150 mil millones de pesos comprando agua dulce y arrendando camiones aljibes para satisfacer la demanda de agua dulce de la población, particularmente rural. No debemos engañarnos, no podemos permitir que los intereses de los que lucran con el agua vuelvan a ser verdades develadas, no es el bienestar de todas y todos, las y los Chilenos lo que ellos defienden.
Así las cosas, es necesario detenerse a evaluar quienes son los que firman la carta, para comprender que no es el Bienestar de la Sociedad y las Personas lo que ellos defienden, en rigor, su defensa corporativa del modelo privado de aguas responde a sus intereses y negocios privados con el agua ¿porque firma la asociación de Bancos?, porque de terminar con la privatización del agua, no van a poder seguir girando a cuenta del agua como garantía o empeño crediticio ¿ porque firma y lidera la Sociedad Nacional de Agricultura?, porque desde siempre han actuado sediciosamente contra el bien común, lo hicieron antes, conspirando sediciosamente contra la democracia los años previos y posteriores a 1973. Hoy la Sociedad Nacional de Agricultura sigue defendiendo los intereses de los grandes productores, ufanándose de contribuir a hacer de Chile una potencia agroalimentaria, potencia a costa de usurpar agua y tierra, tierra y agua.
Para finalizar, no es casual que la inserción la firme AGROPETORCA, donde se encuentran representados los grandes productores de Palta de la provincia de Petorca, y en cuyo seno se encuentra anidado el Cartel del Agua y la Palta, responsables de la pauperización de los campesinos y su cultura, responsables directos de la privación de agua de nuestras comunidades, responsables directos de la violación sistemática del derecho humano al agua. Dios los crea y el Diablo los junta, en simple, y como el conocimiento popular lo indica, los malos siempre se buscan para cometer y perpetuar sus fechorías.
MESA NACIONAL MODATIMA
15 de julio del año 2019.
