La inteligencia artificial no solo exige innovación y productividad: también requiere diálogo social, confianza y participación de las organizaciones sindicales
Mientras gobiernos y empresas celebran la inteligencia artificial como la nueva promesa de productividad, millones de trabajadoras y trabajadores en América Latina permanecen fuera de la conversación sobre el sentido de estas transformaciones. Uno de los grandes errores de la región es asumir que la inteligencia artificial constituye, ante todo, un problema tecnológico relacionado con algoritmos, innovación y competitividad, antes que un desafío de modernización de los sistemas de gobernanza del trabajo, que necesariamente debe incorporar la participación de quienes verán modificadas -o eventualmente amenazadas- sus trayectorias laborales y condiciones de empleo.
El debate, además, suele instalarse desde posiciones extremas, ya que, por un lado, están quienes presentan la automatización como una oportunidad inevitable de eficiencia, productividad y crecimiento, mientras que por otro se encuentran quienes anuncian un escenario igualmente inexorable de desempleo masivo y reemplazo humano. Ambas posiciones, aunque aparentemente opuestas, dejan fuera la pregunta fundamental acerca de cómo nuestras sociedades administrarán esta transición.
La historia demuestra que las grandes transformaciones tecnológicas nunca han sido neutrales. Desde el siglo XIX, la mecanización industrial, la automatización de procesos y la revolución digital modificaron ocupaciones, desplazaron funciones y redefinieron competencias. Sin embargo, sus efectos no dependieron únicamente de las tecnologías disponibles, sino también de las decisiones políticas, las instituciones laborales y la capacidad de las sociedades para construir (o no) acuerdos frente al cambio.
La inteligencia artificial ya está transformando el mundo del trabajo, la llevamos cotidianamente en nuestros teléfonos móviles, herramientas automatizadas redactan informes, procesan grandes volúmenes de información, responden consultas, optimizan cadenas logísticas y reorganizan procesos completos en sectores tan diversos como salud, comercio, educación y administración pública. El proceso ya está en marcha y la pregunta central es: ¿qué ocurrirá con las personas trabajadoras que deberán adaptarse a nuevas exigencias laborales, muchas veces sin marcos claros de acompañamiento ni protección?
La Organización Internacional del Trabajo ha advertido que la inteligencia artificial no necesariamente eliminará ocupaciones completas, pero sí transformará profundamente diversas tareas y funciones, exigiendo nuevas capacidades, sistemas de protección y mecanismos de adaptación laboral. De acuerdo con la OIT, en América Latina, la informalidad laboral sigue afectando a casi la mitad de las personas ocupadas: en 2024 alcanzó un 47,6% y, hacia 2025, se mantuvo cercana al 47%. Esta realidad presenta fuertes diferencias nacionales, por ejemplo, en el segundo trimestre de 2024, la informalidad alcanzó un 26,9% en Chile, 36,6% en Brasil, 46% en Argentina, 52,5% en México, 54,7% en Colombia, 68,2% en Ecuador y 72% en Perú. A ello se suman mercados laborales marcados por desigualdades estructurales y por una limitada capacidad institucional para anticipar conflictos sociales y laborales. En este contexto, pretender una modernización acelerada sin fortalecer mecanismos de reconversión, protección social y, especialmente, diálogo social tripartito puede terminar profundizando las brechas que ya existen.
Recientemente, esta preocupación por el carácter, los usos y las consecuencias de la inteligencia artificial también se ha instalado en la reflexión ética. En su primera encíclica, Magnifica Humanitas (2026), el papa León XIV advierte que la inteligencia artificial no puede transformarse en un nuevo mecanismo de concentración de poder ni reducir a las personas a meras variables de eficiencia económica. La encíclica sostiene que la gran discusión de nuestro tiempo es profundamente humana, insistiendo en que el progreso técnico debe estar subordinado al bien común, la justicia social y la responsabilidad con la humanidad, alertando sobre nuevas formas de desigualdad y dependencia digital cuando las decisiones terminan concentradas en pocos actores económicos y tecnológicos. Esto abre otra pregunta fundamental: ¿qué lugar tendrá la dignidad del trabajo en sociedades crecientemente organizadas por algoritmos?
A fines del siglo XIX, la encíclica Rerum Novarum respondió a los efectos sociales de la Revolución Industrial defendiendo derechos laborales básicos frente a nuevas formas de explotación que produjeron la cuestión obrera. Más de un siglo después, la pregunta se actualiza, en tanto la revolución algorítmica amenaza con abrir una nueva cuestión social, marcada por la concentración tecnológica, incertidumbre laboral y nuevas formas de desigualdad.
Es precisamente en este contexto donde se vuelve indispensable fortalecer las condiciones para un diálogo social efectivo, capaz de reunir no solo a las instituciones, sino también a las distintas visiones e intereses que atraviesan el mundo del trabajo. Gobiernos, organizaciones de empleadores y, especialmente, organizaciones sindicales deben participar en procesos sostenidos de conversación, deliberación y construcción de confianza que permitan anticipar impactos, reducir incertidumbres y generar respuestas compartidas frente a los cambios tecnológicos.
Solo bajo marcos de gobernanza democrática será posible que las transformaciones impulsadas por la inteligencia artificial dejen de percibirse como una imposición o una amenaza y comiencen a entenderse como una oportunidad de desarrollo laboral, inclusión y bienestar compartido.
El problema, entonces, no es la inteligencia artificial en sí misma, ni mucho menos la automatización. El verdadero problema aparece cuando las decisiones sobre cambios cada vez más vertiginosos se adoptan sin incorporar a quienes verán transformado su trabajo cotidiano. Por eso, más que discutir exclusivamente sobre regulación tecnológica, América Latina necesita discutir sobre la gobernanza de la transición, ya que esto implica fortalecer sistemas de capacitación permanente, políticas activas de empleo bajo las condiciones del Trabajo Decente y espacios institucionalizados de diálogo social tripartito entre empleadores, personas trabajadoras y Estados capaces de anticipar impactos laborales y prevenir conflictos sociales.
Las definiciones sobre el futuro del trabajo seguirán siendo profundamente humanas y políticas. El verdadero riesgo no radica en que la inteligencia artificial sustituya a trabajadoras y trabajadores, sino en naturalizar una modernización donde estas personas, sus organizaciones y sus experiencias dejen de formar parte de la conversación y de la toma de decisiones sobre el rumbo del desarrollo. Si algo nos enseña la historia, es que los cambios impuestos generan resistencia y conflicto social, mientras que el diálogo basado en el reconocimiento de la contraparte y la comprensión de sus intereses, genera oportunidades compartidas.
FRANCISCO RIVERA TOBAR
francisco.rivera@usach.cl
Profesor Visitante Magíster en Gestión de la Innovación y el Emprendimiento Tecnológico (MAGIET), Depto. de Tecnologías de Gestión, Facultad Tecnológica, Universidad de Santiago de Chile.
Director ejecutivo Dialógica Consultores
Ex jefe de la División de Diálogo Social y Participación Ciudadana
Ministerio del Trabajo y Previsión Social – Chile.
