A lo largo de la post dictadura, los movimientos sociales anti sistema han desplegado ofensivas sectoriales y sucesivas que han afectado dinámicas importantes de los diferentes ordenamientos de la sociedad neoliberal, con resultados, respuestas e impactos diferenciados. El movimiento estudiantil, el medioambiental, el de pensiones, el feminista, el patrimonialista, el de la diversidad sexual, el de pobladores: todos han levantado, con mayor o menor claridad demandas sustentadas en visiones democráticas, anti neoliberales, anti conservadoras o anti patriarcales por la recuperación o el reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales; han fortalecido nuevos liderazgos y orgánicas democráticas permanentes; han dirigido sus demandas sectoriales no sólo al estado sino también a la sociedad civil, encontrando eco en la opinión pública, fracturando la hegemonía cultural dominante; han movilizado “pueblo”, “masas” y “ciudadanías” mediante acciones convencionales e innovadoras; han incidido en los programas de los partidos políticos de centro izquierda y derecha; inclusive, han influido en la formación de los nuevos actores políticos alternativos al duopolio; por último, parte de sus demandas, han sido integradas por la sociedad Neoliberal.
Sin embargo y a pesar de lo anteriormente señalado, los pilares del sistema se han mantenido inalterables. La capacidad de integración de las demandas sociales a la lógica del negocio-lucro de la sociedad neoliberal es aún total y está fundada tanto en la estructura económica como en el orden constitucional sagradamente resguardado por el Tribunal Constitucional, el verdadero parlamento del país.
Tras el fracaso del proyecto reformista de la Nueva Mayoría, comienza un nuevo ciclo político, en el cual observamos un repliegue de las otrora “fuerzas políticas progresistas”, una contraofensiva neoliberal y la aparición y el posicionamiento de un nuevo conglomerado político con una naciente representación parlamentaria, el Frente Amplio. Por el momento, los líderes progresistas de la Nueva Mayoría sólo llaman a “defender las reformas alcanzadas”, lamentándose que el nuevo ciclo económico -de probable crecimiento económico- “coincida” con el nuevo gobierno del Gerente General del Banco de Talca. Este repliegue del “progresismo” es un fenómeno regional, que afecta más allá de nuestras fronteras.
En este nuevo escenario y en relación con las tendencias señaladas, surge la pregunta ¿cuáles son los desafíos de los movimientos sociales anti-sistema? Levantaré 3 hipótesis que más que buscar respuestas concluyentes, esperan ser un punto de vista- y de partida- para promover el debate en las líderes y organizaciones que constituyen estos movimientos y en los actores políticos tributarios de los mismos.
El primer desafío: la convergencia interna.
La fuerza de los movimientos sociales anti-sistema se relaciona, entre otras, con una tendencia largamente discutida por los pensadores de la globalización: frente a la profecía del fin de la historia y la experiencia de mercantilización e individuación promovidos por la globalización, el surgimiento de las resistencias y las identidades locales que cuestionan esta hegemonía es la dinámica opuesta, con una acción colectiva que crece desde los territorios, desde “abajo hacia arriba”, desde lo local a lo global. Los movimientos, se nutren de aquello, alcanzando en su momento más efervescente y viral una experiencia profundamente comunitaria, horizontal, dialogante y radicalmente democrática.
Lo anterior no significa que la experiencia de la individuación deje de estar presente en los movimientos sociales. Darlo por sentado sería abstracto: quienes componen los movimientos son personas formadas y/o situadas en una sociedad neoliberal, personas con contradicciones, conflictos y disputas, que se agudizan cuando lo individual cobra más importancia que lo colectivo. En este sentido, un primer desafío de los movimientos es contrarrestar esta tendencia y fortalecer la convergencia interna de sus facciones y agrupamientos de modo de profundizar la densidad ideológica, el proyecto político y maximizar la capacidad operativa.
Algunos de los movimientos sociales más influyentes, han debido superar fuertes divisiones internas, destinando tiempo y energía en el desarrollo de jornadas de discusión y diálogo en terreno en pro de la unidad estratégica, operativa y táctica. Aquellos movimientos en crecimiento o en estado de latencia, deben tomar como referente esta experiencia acumulada. Las fuerzas políticas tributarias de los movimientos sociales deberían, prioritariamente, contribuir con esta tarea destinando personas y recursos concretos para promover los espacios de diálogo, acuerdo, trabajo conjunto y confianza mutua necesarios en las organizaciones sociales de base.
El segundo desafío: la convergencia con la institucionalidad parlamentaria.
“Queremos abrir las puertas del congreso a los movimientos sociales”[i]. “Como parlamentarios apostamos a abrir las puertas del congreso a la movilización social”[ii]. Estas fueron algunas de las declaraciones más significativas de la nueva bancada parlamentaria del Frente Amplio finalizadas las recientes elecciones. Es que, sin lugar a dudas, representar y facilitar la incidencia de los movimientos sociales en la institucionalidad legislativa es uno de los objetivos políticos más importantes esta fuerza política cuya procedencia son los propios movimientos. Desde esta perspectiva, varias tareas deberían ser prioritarias en esta relación que se pretende virtuosa.
La primera misión es desarrollar una oposición conjunta a proyectos de ley aprobados y/o que profundicen el neoliberalismo. La tarea es compleja, dado que implica un acuerdo estratégico en términos de priorización de iniciativas legislativas, cuestión que se complejiza aún más cuando constatamos que el Frente Amplio posee en su seno tendencias opuestas a los intereses de los movimientos anti sistema, donde priman los enfoques de economía social de mercado o neoliberales, alojadas en el ala derecha de Revolución Democrática y el Partido Liberal.
Ahora bien, en la medida que exista acuerdo y coordinación continua, la oposición a los proyectos de ley de corte neoliberal será llevada adelante por los movimientos sociales y la bancada parlamentaria en las calles y en el parlamento, respectivamente.
En complemento, dada la correlación parlamentaria donde la posición neoliberal es aún mayoritaria, en aquellos proyectos donde sea inevitable legislar, la coordinación entre los movimientos y la bancada parlamentaria debe estar dada por una mesa de trabajo con la participación vinculante de los liderazgos y dirigencias de los movimientos sociales en la toma de decisión. “Abrir el congreso a los movimientos” debe dejar de ser un mensaje de campaña electoral para convertirse en una práctica permanente radicalmente democrática.
La segunda tarea es el compromiso parlamentario con las iniciativas populares de ley. Esta es una dimensión desconocida para nuestro ordenamiento constitucional. El primer movimiento en presentar una propuesta legislativa construida por completo desde las propias bases sociales, fue el movimiento patrimonialista, a través de la Asociación de Barrios y Zonas Patrimoniales, con la denominada propuesta de ley que crea el Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio el año 2014. Este proyecto fue presentado tanto al ejecutivo encargado de presentar el proyecto como a la comisión de cultura del parlamento. Según la propia Asociación, “Al revisar el texto de ideas centrales, podemos constatar que una parte importante de nuestras propuestas expresadas en 2014 y 2015 han sido acogidas para la indicación que ingresará al congreso”[iii].
Hoy en día la coordinadora No + AFP ha comenzado el proceso de construcción de su iniciativa popular de ley para un nuevo sistema previsional[iv]. La coordinadora espera “Impulsar la movilización en torno a la recuperación de la soberanía popular mediante la elaboración colectiva y participativa de un proyecto de ley por parte de la ciudadanía a partir de la Propuesta de la CNT NO+AFP”[v]. La tendencia en el mediano plazo, debería ser el desarrollo de otras iniciativas populares de ley por los movimientos sociales. Por lo tanto, el compromiso de la bancada debería ser absoluto hacia las IPL, tal como ocurrió con la incorporación de la propuesta previsional de la CNT No + AFP en el programa electoral del Frente Amplio.
El tercer desafío: la convergencia para la participación, organización y movilización de los movimientos sociales.
Los movimientos sociales anti sistema han desarrollado cada una de sus ofensivas sectoriales en tiempos y espacios diferenciados de acuerdo a sus propios procesos de maduración estratégica, programática y táctica, aprendiendo de los aciertos y errores de cada experiencia previa. Por el contrario, el desarrollo de cada movimiento da la posibilidad a la sociedad neoliberal de integrar a su institucionalidad, también de manera diferenciada, los programas y demandas de cada movimiento. Esto, nos lleva al desafío de impulsar la convergencia entre los diferentes movimientos sociales para el fortalecimiento de una gran ofensiva contra el neoliberalismo.
Hasta el momento, esta convergencia ha estado en el orden de la coordinación orgánica. El año 2017 se constituyó la denominada coordinadora de movimientos sociales- instancia impulsada por dirigentes estudiantiles de la Confech, dirigentes sindicales y sociales de “No + AFP”, Colegio de Profesores; Coordinadora NiUnaMenos, Movimiento de Pobladores Ukamau y movimientos ambientalistas. Según los propios convocantes “la importancia de esta coordinación radica en que necesitamos fortalecer una posición de fuerza que nos permita conquistar nuestras demandas, sobre todo en un año electoral; necesitamos fortalecer a los movimientos sociales, hacer la coordinación entre las distintas demandas que están sobre la mesa. Es un espacio que propicia la unidad de los distintos sectores en lucha”[vi].
Este 2018, La Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), la Confech, No + AFP, el Colegio de Profesores, Ukamau por las viviendas y el Movimiento por el agua y los territorios (MAT) conforman la Plataforma por los Derechos Sociales. Según su manifiesto del 3 de abril “Las organizaciones sociales que suscriben, manifiestan su más absoluto compromiso por avanzar hacia la unidad de todos aquellos que reivindican la restitución de derechos fundamentales. Los chilenos, hace más de 30 años perdimos todos nuestros derechos: el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda digna, a la previsión, fueron convertidos en bienes transables, privatizados y administrados bajo la lógica del lucro, que ha sido en estos años la piedra angular sobre la que se ha construido la sociedad chilena”[vii]. El primer resultado público de la plataforma fue la coordinación operativa de las marchas convocadas por el CONFECH y la Coordinadora No + AFP el pasado 19 y 22 de abril del año en curso, respectivamente.
En este escenario de convergencia de los movimientos sociales, hemos presenciado el extraordinario hito de la movilización social convocada por el movimiento feminista. Este no sólo agrupa las demandas tradicionales del movimiento de emancipación de mujeres, sino que también apunta su programa a la desigualdad y la violencia estructural generada por el patriarcado y el capitalismo. Su potencial anti sistémico pareciera ser mayor que cualquier otro movimiento en la actualidad, por lo que su (re)ingreso a la plataforma (ya cooperó en la coordinadora de movimientos sociales) debiera ser una prioridad de los actores que la componen en miras al fortalecimiento inmediato, pero también estratégico.
Una Plataforma de Derechos Sociales fortalecida con el movimiento feminista, debiera dar cuenta de un horizonte amplio de convergencia ideológica y programática de los diferentes movimientos, la que ofrece condiciones para direccionar el proceso a futuro. Sin embargo, en el ejercicio del desarrollo de la función de integración- vale decir de formar parte de un todo- la plataforma debe complementar la movilización social, necesariamente, con el desarrollo coordinado y común de formas de participación y organización concretas que en el corto y mediano, fortalezcan la convergencia estratégica en contra del neoliberalismo. Cada movimiento desarrolla iniciativas de esta índole por separado “Encuentros por la Educación”, “Congreso No + AFP”, “Encuentro Plurinacional”, “Encuentros Feministas”, por nombrar algunas. El paso siguiente- y necesario si la plataforma realmente desea crecer en el tiempo- es la convergencia de los espacios de participación y organización en encuentros o congreso comunes de los movimientos sociales.
Mención aparte merece la cuestión del desarrollo de los medios de comunicación masiva, como otra iniciativa en la perspectiva de fortalecer la participación convergente. No se necesita ser un avezado analista para saber que una de las grandes debilidades de los movimientos anti sistema es la carencia de medios de comunicación de masas que informen de manera permanente sus programas, demandas y actividades a la sociedad en general. Las tendencias tecnológicas actuales favorecen el desarrollo de medios de comunicación independientes.
La convergencia de los espacios de participación y organización, pondrá en evidencia la necesidad de fortalecer una unidad estratégica y programática en relación a la lucha contra el neoliberalismo, superando la lógica sectorial de cada movimiento social. El cambio constitucional debiera ser el horizonte estratégico, pero ya no sólo en el discurso, sino en la acción. Sólo después de llegar a esta conclusión, este nuevo “movimiento de movimientos”, estará en condiciones de plantear un programa ascendente de movilización social que culmine con un nuevo proceso de huelga general que demande e impulse una asamblea constituyente. Todo el espectro político anti neoliberal deberá plegarse a esta convocatoria.
El camino hacia la convergencia de los movimientos sociales antisistema será largo y dificultoso. Tomará 2 o 3 años, quizás más, en los cuales la dinámica del sistema y el estatus quo, obrarán con todas sus energías para profundizar las diferencias señaladas: al interior de los movimientos; con la representación parlamentaria de los actores políticos aliados y en la propia plataforma de derechos sociales y sus formas futuras. Esto implica que desde ahora ya, quienes habitan el espectro político crítico del neoliberalismo deben tomar posición: o colaboran con las tendencias del sistema y contribuyen a la derrota del “movimiento de movimientos”, o sustituyen a los movimientos pactando sus demandas en el parlamento con las fuerzas políticas conservadoras, o caminan mano a mano con los movimientos, preparando todo su arsenal para la gran ofensiva de la convergencia de movimientos contra la sociedad neoliberal.
Notas:
[v] https://werkenrojo.cl/chile-5/
Jorge Andrés González San Martín
Sociólogo. Universidad Academia de Humanismo Cristiano
Secretario General Asociación de Funcionarios de Cultura
Región Metropolitana
