A solo horas del cambio de mando, el ultraconservadurismo de Kast se prepara para ser gobierno con una agenda privatizadora y anti derechos. ¿Qué significa esto para el pueblo trabajador? ¿Qué implica para las mujeres y para el trabajo que realizamos?
La exitosa estrategia de campaña de Kast incluyó, entre otras cosas, evitar referirse a los temas de la llamada “agenda valórica” con el propósito de ocultar -relativamente- el núcleo ideológico detrás de su agenda política. Un núcleo ultra conservador que finalmente salió a la luz en la “VII Cumbre Transatlántica por la Libertad de Expresión en Bruselas”, tribuna elegida para ofrecer un discurso ideológicamente explícito y socialmente preocupante, en el que planteó: “Hoy estamos experimentando los frutos de una cultura dominada por los ismos, el ambientalismo extremo, el animalismo radical, el feminismo ideológico” (...) “Mientras más se habla de derechos, más se restringe la libertad”.
Sin embargo, la pérdida de libertad, lejos de ser causada por el avance en derechos sociales, se debe al aumento de la desigualdad, el retroceso en derechos colectivos y de protección social, y la voracidad de las empresas transnacionales que siguen profundizando la crisis ambiental para romper récords de acumulación de riqueza. A nivel mundial, entre 2004 y 2024 el 1% más rico acumuló más del 40% de la riqueza y en Chile es aún peor: al 2025 el 1% más rico acumulaba casi el 50% de la riqueza nacional. Así, mientras el 50% de la población chilena vive con un ingreso menor a $611.162 mensuales, el 0,01% más rico vive con un promedio de 875 millones de pesos mensuales.
Y esta realidad es aún más difícil para las mujeres trabajadoras: la mitad percibe ingresos mensuales de $555.362 o menos, se ocupan en sectores menos valorados económicamente, más inestables y con mayor presencia de trabajo informal, al mismo tiempo que mantienen la mayor carga del trabajo doméstico y de cuidados.
Según un estudio realizado en marzo de 2026 por la Plataforma de Gestión de Personas BUK, Chile tiene una de las brechas salariales entre hombres y mujeres más altas de la región, lo que se traduce en que las trabajadoras ganan hasta un 18,4% menos que los hombres por el mismo trabajo. El estudio identifica que las razones de esa desigualdad se centran en la negociación de sueldo, que, dada la alta fragmentación sindical, tiende a realizarse de manera individual entre la trabajadora y la empresa. Asimismo, perpetuar la idea de que las mujeres son las responsables del cuidado de las y los hijos ha generado una pobreza de tiempo que, según un estudio de Fundación Sol, a 2026 se traduce en que un 51,4% de las mujeres somos pobres de tiempo.
Lo cierto es que no existen datos que sustenten los supuestos “peligros del feminismo ideológico” que nos alerta Kast. Por el contrario, hace un año Naciones Unidas advertía que uno de cada cuatro países en el mundo ha sufrido retrocesos en los derechos de las mujeres: aumento en los niveles de discriminación, reducción de la protección jurídica, menor financiamiento a programas con enfoque de género y destrucción de institucionalidad de género.
Es decir, no se trata de casos aislados. Se trata de una agenda de derecha coordinada a nivel mundial, representada en Chile por Kast, en Argentina por Milei, en Estados Unidos por Trump. Al observar sus políticas laborales, el patrón anti mujeres, anti derechos y anti sindical es evidente. Ejemplo de esto fue la eliminación en 2024 del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en Argentina y más recientemente, la reforma laboral que legaliza la precariedad y debilita la capacidad de las organizaciones sindicales, bajo un discurso oficial de "modernización", "desregulación" y "fomento a la inversión".
El discurso suena familiar. Aparece también en el programa de gobierno de José Antonio Kast: traspasar los costos del empleo a los y las trabajadoras, reducir la capacidad fiscalizadora y reguladora de la Dirección del Trabajo y en general, aplicar medidas de flexibilización del mercado laboral. En general, desregular el mercado laboral para “incentivar la creación de empleo”.
Pero lo que Kast decide omitir, es que en Chile ya existe una regulación laboral insuficiente y flexible. En el caso de las mujeres, otorga derecho a sala cuna solo a quienes trabajan en empresa con 20 mujeres o más, privando de este derecho a casi el 30% de mujeres que trabajan de manera informal y a toda mujer que trabaja en una micro empresa, además de desincentivar su contratación. Centra en la madre el permiso para el cuidado por enfermedad grave de menores de un año insistiendo en que el trabajo de cuidados es responsabilidad de las mujeres. Entrega al empleador la decisión de otorgar teletrabajo en caso de personas que estén al cuidado de menores de 14 años o de personas con dependencia. Solo por mencionar algunos ejemplos.
Frente a esta realidad, la única manera de “dignificar a hombres y mujeres por igual”, como propone el presidente electo, es reconocer las desigualdades que existen. En el caso de las mujeres, desconocer la brecha de género, la crisis de cuidados o la violencia a la que estamos expuestas, solo busca invisibilizar el problema para eximir al Estado de su responsabilidad.
Así, el argumento aparentemente sencillo de Kast, resulta extremadamente peligroso. Llama “ideología” a enfoques que visibilizan problemas reales e impulsan alternativas para un mejor vivir. Tilda de “ismos” a lo que se encuentra consagrado en el artículo 19 numerales 2 y 3 de nuestra Constitución política: el derecho a la igualdad ante la ley y su protección, y a no ser discriminadas por el hecho de ser mujer. Se trata de una ideología extremista conservadora que pone en riesgo lo avanzado por décadas y trae la crisis laboral dentro de su agenda de Gobierno.
Las trabajadoras permanecemos alertas y, sobre todo, preparadas para defender lo avanzado.
Por Ignacia Caballero, Abogada laboralista y Vocera DPT y Jadira Fontana, Socióloga DPT
