En una democracia hay dos reglas inviolables. La primera: el gobierno surgido de las urnas tiene el monopolio de la fuerza legítima. La segunda: ese poder está limitado por los Derechos Humanos y garantías ciudadanas que determinan y condicionan su uso.
En Chile, luego del 18 de octubre de 2019, la segunda de estas reglas se ha quebrado. La imposición del Estado de Emergencia y la violenta represión desatada violó la regla democrática que limita y condiciona la fuerza coactiva del Estado, lo que ha sido constatado y documentado en informes nacionales (1) e internacionales (2) , como los del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
Esta ruptura radica en caracterizar las manifestaciones sociales como una cuestión criminal. Se convirtió a manifestantes en presuntos delincuentes. Mientras el proceso de movilización social expresaba un momento de soberanía y empoderamiento ciudadano, el Gobierno lo convirtió en el episodio de violencia institucional masiva más grave sucedido en el Chile post-dictatorial.
Con el paso de los meses, lejos de enmendar, el Gobierno inició una ofensiva punitiva sin precedentes que ha llevado a la cárcel a un número muy relevante de manifestantes, en su mayoría jóvenes de procedencia popular. Desde entonces, miles de chilenos se han movilizado para exigir la liberación de quienes consideran presos políticos. Esto levanta la pregunta: ¿hay presos políticos en Chile? El Gobierno lo niega rotundamente. El motivo de su encarcelamiento –sostiene– es estrictamente legal, no político. Se señala que no han sido enviados a prisión por sus ideas, sino por delitos previstos en el Código Penal.
Este enfoque formal, puramente legal, tiene muchas debilidades. Por una parte, el párrafo 1 del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos afirma: "Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta". En ese sentido, todo está en orden en Chile.
El problema es que bajo esa óptica no habría presos políticos en ningún lugar. Por principio, ningún Estado acepta tener presos políticos. Siempre se encuentra un artículo del código penal que avale su encarcelamiento. Hasta la peor dictadura apela a la ley para encarcelar a disidentes. Nelson Mandela no fue reconocido como tal, ya que el gobierno sudafricano lo encarceló por 27 años por el delito de conspiración para derrocar al gobierno. Ghandi tampoco tuvo este reconocimiento, porque los británicos lo condenaron por sedición. Siempre los presos políticos están en otros países o en otro tiempo.
El momento en que se cambia de criterio se produce cuando se da una ruptura con el régimen que los encarceló, como se documenta abundantemente en la historia chilena (3) . En 1991 se promulgaron las denominadas “leyes Cumplido”, lo que puso fin a la prohibición constitucional de conceder indulto presidencial y libertades provisionales a procesados por delitos “terroristas”. A la vez, la dictadura militar por medio del Decreto Ley 2191 de 1978 implementó una autoamnistía destinada a los agentes del Estado que cometieron delitos luego de 1973. En el caso español, los presos antifranquistas pudieron ser liberados producto de la Ley de Amnistía de 1977, que se aplicó a los “actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delito y faltas”.
En síntesis, la aplicación de leyes de amnistía o indulto pueden obedecer tanto a la voluntad de garantizar la impunidad de crímenes de estado, como también, a motivaciones humanitarias en orden a la pacificación de conflictos políticos o sociales, bajo una lógica de la justicia transicional. En principio, se considera que la prisión política es resultado de la participación en actividades políticas, especialmente si muestran oposición o son críticas a un gobierno. No existe una definición universal aceptada sobre Prisión Política, y por eso el punto suele ser motivo de disputas irresolubles. En ausencia de violencia puede hablarse de presos de conciencia, pero los presos políticos no deben calificar como presos de conciencia para serlo.
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa elaboró en el 2012 cinco criterios. Considera la motivación política de los actos y la voluntad de las autoridades para proceder a encarcelar, pudiendo no hacerlo. También, cuando el proceso judicial es claramente injusto y con una intencionalidad política significativa. En Chile, la Comisión Valech dió una orientación al señalar que existe “motivación política” cuando la prisión es fruto de la aplicación de “normas jurídicas de mayor rigor en el juzgamiento de los hechos”, o “en virtud de normas especiales, como la Ley de Seguridad Interior del Estado”(4). No obstante, el debate de fondo siempre será político. Prueba de ello es la diferente vara de medir que utilizan unos y otros en función de quien es quien. Es crucial la opinión que se tenga del preso/a y del régimen que lo encarcela.
Hay razones fundadas que permiten considerar a detenidos/as del Estallido Social como presos políticos. La principal tiene que ver con la actitud anti-garantista con el que ha actuado el Gobierno. Son numerosas las denuncias que verifican el uso político del Derecho Penal, partiendo por el recurso a la Ley de Seguridad del Estado por parte del Ministerio del Interior. Vale la pena recordar que dicha Ley sólo puede ser invocada por el Ministerio del Interior o las intendencias regionales, por lo cual su aplicación siempre obedece a una determinación política.
Es llamativa la falta de acogida que tuvo el llamado de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quién en marzo de 2020 pidió a las autoridades “trabajar rápidamente para reducir la cantidad de personas detenidas” en el inicio de la cuarentena por Covid-19. En la ocasión, solicitó que “toda persona detenida sin fundamento jurídico suficiente, incluyendo prisioneros políticos y detenidos por haber expresado opiniones críticas o disidentes”, sean puestos en libertad para despejar la población en los recintos penitenciarios. Lo que ha ocurrió fue lo contrario: se masificó el uso desproporcionado de la prisión preventiva, aplicada a estas personas detenidas.
Esta actitud anti-garantista se evidencia en las denuncias documentadas por la Comisión Chilena de DDHH, referidas a violaciones del derecho a integridad física, la libertad personal, así como de diversas garantías judiciales de estas personas detenidas, lo que apunta a procesos de discriminación por parte de los Poderes del Estado. Se advierte la intencionalidad de aplicar un castigo ejemplarizante que desaliente las movilizaciones de un pueblo que se siente mayoritariamente humillado. No son hechos aislados. Forman parte de una lógica de excepción que se ha ido imponiendo en el último año, y que se puede interpretar bajo la racionalidad del “Derecho Penal del Enemigo”, que asume la tentación de castigar no por lo que se ha hecho, sino por lo que se es.
Con ello, el principio democrático que apela a que todas las ideas se pueden defender en escenarios de no violencia se ve debilitado, ya que la existencia de presos/as políticos abre la puerta a normalizar y extender medidas de fuerza a otros lugares y contextos. La falta de reacción ciudadana nos devuelve a la advertencia de Bertolt Brecht: “Primero les tocó a unos, luego a los otros, y finalmente a nosotros mismos, pero ya era tarde”.
Ojalá los que miran hacia otro lado y piensan que esto es sólo un problema de jóvenes pobres a los que se puede olvidar, puedan recordar el juicio que Nelson Mandela instala en la conciencia universal cuando afirma: “Suele decirse que nadie conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles. Una nación no debe juzgarse por como trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por como trata a los que tienen poco o nada”.
Álvaro Ramis, Rector Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC)
[1] Comisión de Observadores de Derechos Humanos de la Casa Memoria José Domingo Cañas https://observadoresddhh.org/wp-content/uploads/2020/10/informe_ddhh_oct_2020.pdf ; Seguimiento sobre violaciones a los DDHH ocurridas tras el estallido social de Documenta / Labot.https://documenta.labot.cl
[2] Informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU sobre la crisis en Chile:https://www.ohchr.org/Documents/Countries/CL/Report_Chile_2019_SP.pdf
[3] Lira, E. y Loveman, B. (2014) Poder judicial y conflictos políticos(Chile: 1925-1958), LOM, Santiago.
[4] Informe de la Comisión Nacional sobre PrisiónPolítica y Tortura (2004), p. 29 ss.
Este texto fue traducido y difundido también en Francia por el Colectivo Terre et Liberté:
Personne ne connaît une nation avant d’avoir été dans ses prisons
"Aucun État n’accepte de détenir des prisonniers politiques. Il y a toujours un article dans le code pénal qui soutient leur emprisonnement. Même la pire des dictatures fait appel à la loi pour emprisonner les dissidents..."
Par Álvaro Ramis, recteur de l’Académie universitaire de l’humanisme chrétien
Dans une démocratie, il y a deux règles inviolables. La première est que le gouvernement qui sort des urnes a le monopole de la force légitime. Le second : ce pouvoir est limité par les droits de l’homme et les garanties citoyennes qui déterminent et conditionnent son utilisation.
Au Chili, après le 18 octobre 2019, la deuxième de ces règles a été enfreinte. L’imposition de l’état d’urgence et la violente répression qui a été déclenchée ont violé le régime démocratique qui limite et conditionne la force coercitive de l’État. Cela a été confirmé et documenté dans des rapports nationaux et internationaux, tels que ceux du Haut Commissariat des Nations unies aux droits humains, de la Commission interaméricaine des droits humains, d’Amnesty International et de Human Rights Watch.
Cette rupture réside dans la caractérisation des manifestations sociales comme une question criminelle. Les manifestants ont été transformés en criminels présumés. Alors que le processus de mobilisation sociale exprimait un moment de souveraineté et d’autonomisation des citoyens, le gouvernement en a fait l’épisode le plus grave de violence institutionnelle massive dans le Chili post-dictatorial.
Au fil des mois, loin de faire amende honorable, le gouvernement a lancé une offensive punitive sans précédent qui a conduit à l’emprisonnement d’un nombre très important de manifestants, pour la plupart des jeunes gens issus de milieux populaires. Depuis lors, des milliers de Chiliens se sont mobilisés pour exiger la libération de ceux qu’ils considèrent comme des prisonniers politiques. Cela soulève la question suivante : y a-t-il des prisonniers politiques au Chili ? Le gouvernement le nie catégoriquement. Le motif de leur emprisonnement, dit-il, est strictement légal, et non politique. Il est souligné qu’ils n’ont pas été envoyés en prison pour leurs idées, mais pour des infractions au code pénal.
Cette approche formelle et purement juridique présente de nombreuses faiblesses. D’une part, l’article 9, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose : "Tout individu a droit à la liberté et à la sûreté de sa personne. Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi". En ce sens, tout est en ordre au Chili.
Le problème est que, dans cette optique, il n’y aurait de prisonniers politiques nulle part. Par principe, aucun État n’accepte de détenir des prisonniers politiques. Il y a toujours un article dans le code pénal qui garantit leur emprisonnement. Même les pires dictatures utilisent la loi pour emprisonner les dissidents. Nelson Mandela n’a pas été reconnu comme tel, puisque le gouvernement sud-africain l’a emprisonné pendant 27 ans pour le crime de conspiration visant à renverser le gouvernement. Gandhi n’a pas non plus été reconnu, car les Britanniques l’ont condamné pour sédition. Les prisonniers politiques se trouvent toujours dans d’autres pays ou à d’autres moments.
Le moment où ils changent leurs critères se produit lorsqu’il y a une rupture avec le régime qui les a emprisonnés, comme l’histoire chilienne le démontre abondamment. En 1991, les lois dites "Achevées" ont été promulguées, mettant fin à l’interdiction constitutionnelle d’accorder la grâce présidentielle et des libertés provisoires aux personnes accusées de crimes "terroristes".
En même temps, la dictature militaire, par le biais du décret-loi 2191 de 1978, a mis en place une autoamnistie pour les agents de l’État qui ont commis des crimes après 1973. Dans le cas de l’Espagne, les prisonniers antifranquistes ont pu être libérés grâce à la loi d’amnistie de 1977, qui s’appliquait aux "actes d’intention politique, quel qu’en soit le résultat, classés comme crimes et délits".
En résumé, l’application des lois d’amnistie ou de grâce peut être motivée par le désir de garantir l’impunité des crimes d’État, ainsi que par des raisons humanitaires de pacification des conflits politiques ou sociaux, dans une logique de justice transitionnelle.
En principe, l’emprisonnement politique est considéré comme le résultat de la participation à des activités politiques, surtout si elles montrent une opposition ou sont critiques à l’égard d’un gouvernement. Il n’existe pas de définition universellement acceptée de l’emprisonnement politique, et ce point est donc souvent une source de différends insolubles. En l’absence de violence, on peut parler de prisonniers de conscience, mais les prisonniers politiques ne doivent pas être qualifiés de prisonniers de conscience pour l’être.
En 2012, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a élaboré cinq critères. Elle examine la motivation politique des actes et la volonté des autorités de procéder à l’emprisonnement, et ne peut le faire. De même, lorsque la procédure judiciaire est manifestement inéquitable et qu’elle a une intention politique importante.
Au Chili, la Commission Valech a donné des orientations en affirmant qu’il y a "motivation politique" lorsque l’emprisonnement résulte de l’application de "normes juridiques d’une plus grande rigueur dans le jugement des faits" ou "en vertu de normes spéciales, comme la loi de sécurité intérieure de l’État".
Toutefois, le débat de fond sera toujours politique. La preuve en est par les différents critères utilisés par les différentes parties, selon qui est qui. L’opinion du prisonnier et du régime qui l’emprisonne est cruciale.
Il existe des raisons fondées de considérer les détenus de l’explosion sociale comme des prisonniers politiques. La principale concerne l’attitude anti-garantie avec laquelle le gouvernement a agi. Il existe de nombreuses plaintes qui vérifient l’utilisation politique du droit pénal, à commencer par le recours à la loi sur la sécurité de l’État par le ministère de l’intérieur. Il convient de rappeler que cette loi ne peut être invoquée que par le ministère de l’intérieur ou les gouvernements régionaux, c’est pourquoi son application suit toujours une volonté politique.
L’appel de la Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, qui, en mars 2020, a demandé aux autorités de "travailler rapidement pour réduire le nombre de personnes détenues" au début de la quarantaine COVID-19, est remarquablement ignoré.
A cette occasion, elle a demandé que "toutes les personnes détenues sans base légale suffisante, y compris les prisonniers politiques et ceux détenus pour avoir exprimé des opinions critiques ou dissidentes", soient libérées afin d’innocenter la population carcérale. C’est le contraire qui s’est produit : le recours disproportionné à la détention préventive, appliqué à ces personnes détenues, s’est généralisé.
Cette attitude anti-garantie est évidente dans les plaintes documentées par la Commission chilienne des droits de l’homme, qui font référence à des violations du droit à l’intégrité physique, à la liberté personnelle et à diverses garanties judiciaires de ces personnes détenues, ce qui indique des processus de discrimination par les pouvoirs en place. La Commission met en garde contre l’intentionnalité de l’application de sanctions exemplaires qui découragent la mobilisation d’un peuple qui se sent surtout humilié. Il ne s’agit pas d’événements isolés. Ils s’inscrivent dans une logique d’exception qui s’est imposée l’année dernière et qui peut être interprétée dans la rationalité de la "loi pénale de l’ennemi", qui suppose la tentation de punir non pas pour ce qui a été fait, mais pour ce que l’on est.
Avec cela, le principe démocratique selon lequel toutes les idées peuvent être défendues dans des scénarios de non-violence est affaibli, puisque l’existence de prisonniers politiques ouvre la porte à la normalisation et à l’extension des mesures de force à d’autres lieux et contextes. L’absence de réaction des citoyens nous ramène à l’avertissement de Bertolt Brecht : « C’était, d’abord, le tour des uns, puis des autres, et enfin de nous-mêmes, mais il était trop tard ».
J’espère que ceux qui détournent le regard et pensent qu’il ne s’agit que d’un problème de jeunes pauvres que l’on peut oublier, se souviendront du jugement que Nelson Mandela a installé dans la conscience universelle lorsqu’il a dit : "On dit souvent que personne ne sait vraiment ce qu’est une nation tant qu’il n’a pas été dans une de ses prisons. Une nation ne devrait pas être jugée sur la façon dont elle traite ses meilleurs citoyens, mais sur la façon dont elle traite ceux qui n’ont rien ou peu ».
1] Commission des observateurs des droits de l’homme de la Casa Memoria José Domingo Cañas https://observadoresddhh.org/wp-content/uploads/2020/10/informe_ddhh_oct_2020.pdf ; Suivi des violations des droits de l’homme survenues après l’explosion sociale de la Documenta / Labot.https://documenta.labot.cl
2] Rapport du Bureau des droits de l’homme des Nations unies sur la crise au Chili : https://www.ohchr.org/Documents/Countries/CL/Report_Chile_2019_SP.pdf
3] Lira, E. et Loveman, B. (2014) Poder judicial y conflictos políticos(Chili : 1925-1958), LOM, Santiago.
4] Rapport de la Commission nationale sur les prisonniers politiques et la torture (2004), p. 29 et suivantes.
