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Narcogobiernos locales en tiempos de pandemia. Por René Fernández Montt y Felipe Pino Latorre.

Estamos ante una crisis sin precedentes, que genera inevitables consecuencias económicas. En dicho contexto, si pensamos en la economía norteamericana, podemos recordar como para superar la crisis subprime, el presidente de la FED de ese momento, Ben Bernanke, se inspiró en la gran depresión para proponer estímulos. Para el caso de Chile, son muchas las voces que recuerdan la crisis de 1982 por su magnitud.

Es posible observar como previo al COVID 19, existía un aumento del desempleo sumado a la tendencia de menor crecimiento de la economía. Ello daba cuenta de un período de bajo dinamismo para el futuro inmediato. Es más, se habla de una potencial recuperación, pero para el año 2022. Mientras tanto, el desempleo está cerca del 10% y algunos expertos vaticinan que este seguirá acercándose al 20%.

Desde hace un tiempo, importantes sectores de chilenos, al estar desbancarizados, deben acudir por necesidad a una modalidad de crédito usurero llamado popularmente como gota a gota. Lo preocupante es primero, el origen de dichos recursos, con investigaciones que indican que provienen del narcotráfico y si queremos hablar de las prácticas de cobranza tendríamos que dedicar días. También son preocupantes las tasas cobradas en este sistema de préstamos que, al ser ilegales, están muy por sobre la Tasa Máxima Convencional.

Si lo anterior ya era preocupante, es alarmante el lugar que está ocupando el narcotráfico en las economías de subsistencia, reemplazando a la banca y al Estado en su rol asistencial. Con la actual estrategia fracasada y repetitiva de abordar el narcotráfico desde una mirada de seguridad pública, persecución y uso de la fuerza bruta para enfrentarlo, -en vez de una mirada de salud pública y regulación integral de las drogas-, se puede generar una lucha de sangre y fuego entre quien acapara más “clientes” para dar préstamos; por una parte, la banca y la policía versus el narco y su mano armada.

Esta crisis y sus pálidas medidas, fundadas en el criterio de responsabilidad a ultranza en el gasto, se contraponen con la economía doméstica de quienes han disminuido sus ingresos a niveles mínimos y, además, tenían altísimos niveles de endeudamiento. Actualmente, según el último Informe de Deuda Morosa (Equifax-Universidad de San Sebastián), por ejemplo, en la comuna de San Ramón un 53,6% de sus habitantes presentan morosidades financieras. La situación de gran parte de las chilenas y chilenos antes de COVID estaba sumamente complicada, con altísimos niveles de endeudamiento por tener la aspiración de acceder a estudios, a un techo, a comer. Por ello, un día sin ingreso ya los deja en condiciones complicadas, viven al día. En este sentido, bonos bajo la línea de la pobreza y descendentes claramente no son lo óptimo, y sólo generan que el acceso que le niega la banca formal sea reemplazado por el acceso del “banco” del Narco. Así, argumentos del tipo “No queremos que la gente dependa del Estado” (Hoffmann, 2020) muestran la peor cara de una sociedad, de una casta que accedió al poder sin tener merecimientos para tenerlos. Que agradable sensación produce saber que ella podrá dejar de depender del Estado ahora con el límite de la reelección.

Todos quienes trabajan por cuenta propia, que han visto sus ingresos en el mínimo, están obligados a quedarse en casa, se les trata de irresponsables si no lo hacen y deben ver como sus autoridades se turnan para hacer un show de la catástrofe, repartiendo cajas de mercaderías con lentitud y asignando en base a criterios absurdos cajas por vivienda en lugar de cajas por familias. No hay que ser un experto en econometría para darse cuenta que una caja de mercadería repartida entre 30 personas no es lo mismo que para una familia promedio de 3,1 personas.

Detenidos porque ante la desesperación e impotencia de sus familias, intentan robar una caja de comida como ha sucedido en Conchalí, ello sucede en las tierras del otrora Chica Rica, no se ve en televisión. Mientras tanto, abundan los comentarios en redes sociales sobre la mala distribución de las cajas y más aún, sobre la situación que pareciera ser mucho más generalizada que el caso puntual de un funcionario de la municipalidad de Cabo de Hornos, que fue detenido y formalizado por el hurto de canastas familiares que estaban destinadas a la población más vulnerable.

Si volvemos a la situación económica en general, tenemos que los trabajadores que realizan tareas informales por las que reciben ingresos bordean el 30% de la fuerza laboral si queremos creer cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), -pero está cercano al 40% si preferimos la Organización Internacional del Trabajo (OIT)-, estos trabajadores al verse sumamente desprotegidos, sin ingresos, vulnerables ante la enfermedad, con exigencias de quedarse en sus casas, ¿Les queda alguna alternativa? Es en estos casos donde parece ser más sencilla la alternativa de colaborar con el narco, tener una mejor vida material, con mayor probabilidad de éxito y rentabilidad que ofrece el mercado de drogas que de lo que ofrece el mercado laboral o el Estado. Ya lo dijo el oriundo de Conchalí, Gary Medel: «De no ser futbolista, podría haber terminado como narcotraficante». En dicha frase se resume las opciones de éxito que contemplan muchos jóvenes de nuestro país.

En conclusión , tenemos la alternativa de seguir con una guerra sangrienta en donde el narco y su “banca” financia a sus “clientes” crea empleos informales para quienes son abandonados por el mercado, por la banca privada y el Estado; o abordar el fenómeno social de las drogas desde una mirada sociosanitaria, en donde la estrategia represiva de “guerra” pase a despenalizar el consumo.-para quitarle el negocio a los narcotraficantes-, crear políticas públicas integrales de salud, prevención, rehabilitación, reinserción, planes de empleo y acceso más igualitario al crédito de la banca. Lo anterior es aún más urgente en este contexto extraordinario de pandemia mundial. Desde el punto de vista financiero, potenciar el rol de Banco Estado, pero principalmente de Cooperativas y Microfinancieras como ocurre en otros países de Latinoamérica parece ser el camino a seguir.

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