En las últimas semanas han cobrado notoriedad varias de las propuestas impulsadas por los candidatos presidenciales. Una de ellas atenta de manera directa contra estudiantes del país que son beneficiados en la atención de sus características cognitivas y que demandan el compromiso de profesionales de la pedagogía en pro de una plena inclusión en las comunidades escolares.
Le propuesta programática 707 de la candidatura conservadora (fuente: SERVEL), señala la derogación del Decreto 170/2009 derivado de la Ley Nº 20.201 que fija las normas para determinar quiénes son los alumnos con necesidades educativas especiales (NEE) que serán beneficiarios de la subvención para educación especial y que permite el desarrollo del Programa de Integración Escolar (PIE).
Desde el regreso a la democracia se ha buscado modernizar el sistema educacional y garantizar respuestas educativas de calidad que contribuyan a la inclusión social de las y los estudiantes. Un hito relevante en este proceso fue la instalación en el sistema educativo de los PIE. Estos se crean con el fin de atender las necesidades educativas especiales de los estudiantes, pues a través de este mecanismo, las comunidades escolares obtienen recursos que permiten la contratación de profesionales de apoyo, la adquisición de material didáctico, el perfeccionamiento docente e incluso las adecuaciones de infraestructura necesarias para este segmento educativos.
El proceso que ha desarrollado el país para que los y las estudiantes con capacidades distintas sean visibilizados y progresivamente incluidos en el sistema educativo chileno, reitero ha sido largo y ha logrado avanzar de manera significativa con los diversos prejuicios que la sociedad civil sigue reproduciendo sobre lo que se considera (a)normalidad en los contextos escolares.
¿Cuál es el propósito de que una candidatura presidencial proponga derogar una acción que promueve la atención de estudiantes con características diversas en su aprendizaje? La argumentación general de esta propuesta es de baja calidad y promueve una estrategia fracasada en la atención de las necesidades educativa especiales, al considerar, por ejemplo, que la “evaluación diagnóstica” debe ser “atendida” fuera de las escuelas. Tampoco hace referencia a procedimientos de atención, distribución de recursos ni condiciones laborales de docentes y usa la inclusión como una herramienta de campaña para fundamentar la derogación y no la concreción.
En este sentido, la propuesta 707, incluida en el programa del candidato conservador, es contradictoria con el camino educativo que recorre Chile, carece de todo sustento en evidencia investigativa que la respalde y, además, promueve una definición estigmatizadora de los y las estudiantes que presentan dificultades en su aprendizaje.
Hoy, requerimos de una mirada transformadora de la educación, comprometida con las comunidades educativas y con el aprendizaje de nuestros estudiantes. Transitamos hacia una educación que respete y valore la diversidad de todos y todas en las aulas escolares, por lo cual, es pertinente denunciar el retroceso que se propone al derogar esta iniciativa.
César Maldonado Díaz
Investigador y Académico
Centro de Investigación para la Transformación SocioEducativa - CITSE
