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Necesitamos una política de protección a la población migrante venezolana. Por Alena Gutiérrez

Los tristes hechos de este fin de semana con la población venezolana en Chile nos deben hacer reflexionar, no sólo respecto de cómo estamos relacionándonos con las personas migrantes en nuestra cotidianidad sino también visualizar cómo son importantes las políticas gubernamentales que se instauren de acogida y recepción de estos colectivos. Un camino político erróneo, puede tener efectos negativos en la ciudadanía, tal como quedó demostrado con la quema de enseres de personas en Iquique. En estos días, nos duele profundamente Chile.

Nuestro estado democrático se fragiliza si damos espacio a tolerar violencias racistas y xenófobas como ha sucedido en otros países con población migrante. Tenemos la oportunidad de crear un camino de cohesión efectiva y de poder responder a una crisis humanitaria al nivel de un estado que coloque por delante el respeto a los derechos humanos y la protección de las personas y sus vidas.

En los últimos años hemos transitado por el camino inverso: una política discriminatoria, restrictiva y selectiva que ha establecido diferenciaciones no sólo entre la población nacional y extranjera residente, sino también entre las mismas personas migrantes. La aporofobia se ha entrelazado con un nacionalismo extremo, generando estas prácticas xenófobas y racistas tanto institucionales como cotidianas.

Estamos en una crisis regional, y la solución debe ser compartida por un acuerdo de diversos países. Pero en el intertanto, hay vidas en juego y no pueden esperar. Este gobierno con su enfoque de seguridad y de cierre de fronteras, ha favorecido el aumento de la entrada de personas por paso fronterizo no habilitado, con el riesgo que esto implica para sus vidas y el aumento de las redes de tráfico. Resulta al menos contradictorio que el gobierno utilizara la crisis venezolana y fuese a Cúcuta a abrir un camino de tránsito a Chile y, luego, se retrotrajera convirtiéndoles en una suerte de “chivo expiatorio” de males sociales, mediatizando expulsiones masivas que contradicen los tratados internacionales y sacando provecho político en su último tiempo de gobierno.

Nuestra democracia necesita una cohesión social que implique e involucre planes de inclusión efectiva de la población migrante que vienen a residir a nuestro territorio. Quedo demostrado que las personas no dejarán de venir porque se les coloque visados en origen. Necesitamos que exista una visión responsable que respete los derechos humanos, que establezca procesos de regularización, de protección y refugio, y que ampare los derechos de niños/as y adolescentes.

No podemos seguir construyendo una política de Estado que fomente el racismo y la xenofobia porque sólo genera discriminación social e institucional como la evidenciada en estos días. Es deber del Estado asegurar la inclusión de personas migrantes en igualdad de condiciones que las personas nacionales, además de combatir la falta de información, la proliferación de prejuicios y estereotipos y fomentar una cultura de paz y respeto mutuo.

Estamos en un momento de renovación de nuestro Estado y en poco tiempo más, tendremos una nueva Constitución, un nuevo marco social que implica pensar en todos/as quienes habitan el territorio, incluida las personas migrantes residentes. Caminar hacia un Estado intercultural es inevitable, y necesitamos que sea ajeno a cualquier expresión de racismo, xenofobia y discriminación.

Alena Gutiérrez. Activista y feminista

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