Cada vez que en Chile se intenta discutir seriamente el fortalecimiento de los derechos colectivos del trabajo, como ocurre hoy con la negociación colectiva ramal, reaparecen los mismos argumentos de siempre: que afectará la productividad, que rigidizará el mercado laboral, que aumentará la informalidad y que, en definitiva, lo único realmente importante es volver a crecer. Estas ideas, presentadas como advertencias técnicas neutrales, no son nuevas ni particularmente sofisticadas. Son, más bien, lugares comunes del neoliberalismo, cuya eficacia empírica ha sido cuestionada.
Hoy estas nociones vuelven a instalarse con fuerza en el debate público, impulsadas desde una mirada económica que apuesta por “activar” la economía mediante desregulación, reducción de impuestos y debilitamiento del rol del Estado. Como ha destacado La Tercera, esta visión encuentra en Jorge Quiroz a uno de sus principales articuladores, influyendo no sólo en el diseño del programa económico del futuro gobierno de José Antonio Kast, sino también en la forma en que se observa el derecho del trabajo: como un obstáculo al crecimiento y no como una pieza estructural del desarrollo.
Uno de los supuestos centrales de este enfoque es que el crecimiento económico —especialmente cuando se estimula mediante rebajas tributarias y beneficios a los sectores de mayores ingresos— termina beneficiando al conjunto de la sociedad. El conocido trickle-down effect. Sin embargo, la evidencia empírica comparada ha sido clara en desmentir esta promesa.
Un estudio publicado en Socio-Economic Review, que analizó datos de 18 países de la OCDE entre 1965 y 2015, concluye que las rebajas de impuestos a los más ricos no generan efectos significativos ni sobre el crecimiento del PIB ni sobre el empleo, pero sí producen un aumento sostenido de la desigualdad de ingresos. En términos simples: el chorreo no ocurre, pero la concentración sí. Informes recientes de la OCDE refuerzan esta conclusión, advirtiendo que estas políticas reducen la capacidad fiscal del Estado sin ser compensadas por mayores ingresos derivados del crecimiento.
Algo similar ocurre con el argumento de la productividad. Durante décadas se ha sostenido que primero hay que “hacer crecer la torta” y luego discutir su reparto. Sin embargo, incluso en economías avanzadas existe amplia evidencia que dicha política genera un desacople estructural entre productividad y salarios reales, fenómeno documentado por la propia OCDE. La productividad puede aumentar -y de hecho ha aumentado- sin que ello se traduzca en mejores condiciones de vida para la mayoría de las personas trabajadoras.
Chile es un ejemplo paradigmático: un modelo de crecimiento con baja densidad sindical y negociación atomizada por empresa no produjo un mercado laboral inclusivo ni equilibrado, sino uno marcado por desigualdad salarial, precariedad, alta rotación laboral (de hecho, el tercero en la OCDE) y debilidad estructural del poder colectivo de los trabajadores. Insistir en que más productividad resolverá estos problemas, sin modificar las reglas de distribución del poder y del ingreso, es desconocer esta trayectoria histórica.
Finalmente, la crítica a la negociación colectiva ramal descansa casi siempre en una noción de flexibilidad laboral entendida como facilidad de despido, reducción de derechos y transferencia del riesgo económico al trabajador. Así, la negociación colectiva multinivel atentaría contra esta posibilidad, impidiendo la necesaria y rápida articulación frente a escenarios cambiantes y de incertidumbre. Este es el argumento que incluso el próximo ministro del trabajo ha señalado sobre la materia.
Sin embargo, hace décadas que se ha desmontado esta concepción. La idea es fundamental: la verdadera adaptación requerida para hacer frente ante escenarios inciertos y nuevos desafíos productivos no se construye contra el empleo, sino a partir de su fortalecimiento. Las economías que descansan en trabajo inestable y precario no son más eficientes, sino más frágiles. La rotación permanente, la desprotección y la individualización del riesgo que plantea el concepto de flexibilidad que se enarbola en estos debates sólo destruyen saberes productivos, desincentivan la formación y reducen la cooperación al interior de las empresas.
De hecho, según el Work Institute reemplazar a una persona trabajadora puede costar a la empresa un tercio de su salario anual y, según el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales la excesiva rotación dificulta que las y los trabajadores mejoren su nivel y ganen experiencia generando pérdidas de habilidades específicas.
El empleo protegido permite a las empresas adaptarse a cambios tecnológicos y organizacionales sin desarticular el tejido productivo ni descargar todo el costo del ajuste sobre las personas trabajadoras. La seguridad en el empleo, lejos de ser una rigidez, es una condición de posibilidad de la adaptación que permite precisamente hacer frente a estos nuevos contextos.
Desde esta perspectiva, la negociación colectiva ramal aparece no como un problema, sino como una herramienta central de adaptación económica. La evidencia comparada muestra que los sistemas de negociación colectiva más coordinados —incluidos los sectoriales— no presentan peores resultados de empleo, y sí mejores indicadores de igualdad salarial y cohesión social. Así lo reconoce la propia OCDE en su estudio de 2019 Negotiating our way up sobre negociación colectiva.
La negociación ramal permite enfrentar transformaciones productivas, crisis sectoriales o cambios tecnológicos mediante reglas colectivas y soluciones negociadas, en lugar de ajustes unilaterales vía despido o precarización. La informalidad no es consecuencia natural de la negociación colectiva, sino de debilidades institucionales, fiscalización insuficiente y estructuras productivas desiguales. Presentar la centralización como sinónimo de informalidad es una simplificación ideológica, no una conclusión técnica.
En todo este contexto, resulta llamativo que se acuse a la negociación colectiva ramal de ser anacrónica, mientras se revive lo que a estas alturas es un dogma que confía ciegamente en recetas cuya ineficacia ha sido demostrada: desregulación, rebajas tributarias, debilitamiento de derechos colectivos y fe en un crecimiento que nunca llega a todos, sino a unos pocos.
El verdadero anacronismo no es fortalecer la negociación colectiva, es seguir creyendo que mercados laborales frágiles producen economías fuertes. Como advertía Supiot hace décadas, el desafío contemporáneo no es elegir entre empleo y flexibilidad, sino construir instituciones que permitan adaptarse gracias al empleo. Y en ese diseño institucional, la negociación colectiva ramal no es el problema: es parte esencial de la solución.
Por José Ignacio Portiño, Presidente de la DPT.
