La discusión migratoria en Chile ha comenzado a cruzar una frontera peligrosa: la de convertir indirectamente a niños y niñas en objeto de castigo político. Las recientes propuestas orientadas a restringir el acceso a salud, educación e incluso nacionalidad a hijos e hijas de personas migrantes en situación irregular no solo endurecen el control migratorio; avanzan hacia algo más grave: la vulneración directa de derechos fundamentales de la infancia.
Detrás de estas medidas se instala una idea profundamente preocupante, que la condición administrativa de los padres puede justificar que un niño pierda acceso a derechos básicos. Ya no se trata únicamente de controlar fronteras o regular ingresos, sino de decidir quién merece ser protegido y quién puede ser excluido del mínimo de dignidad que debería garantizar cualquier Estado democrático.
Las propuestas actuales terminan trasladando sobre las niñeces las consecuencias más duras de la política migratoria, pese a que muchas veces no son partícipes ni responsables de sus propios procesos migratorios.
Negar acceso a educación o salud no es una medida administrativa neutra. Tiene efectos concretos, profundos y duraderos. Un niño que no puede acceder regularmente al sistema educativo queda expuesto a mayores niveles de exclusión, precariedad y marginalidad. Un niño que teme acudir a un centro de salud porque su familia puede ser denunciada queda más vulnerable frente a enfermedades, violencia o abandono. La consecuencia no es orden: es desprotección.
Las medidas que se pretenden instalar transforman espacios históricamente concebidos para el cuidado en lugares de vigilancia y sospecha. La escuela deja de ser un espacio seguro. El consultorio deja de ser un lugar de atención. Profesores, médicos y trabajadores sociales pasan a ser vistos como posibles agentes de control migratorio.
Cuando una familia teme llevar a sus hijos al colegio o al médico por miedo a ser identificada o denunciada, el Estado deja de cumplir una función protectora y comienza a operar desde la persecución. La política pública ya no está orientada a integrar ni resguardar derechos mínimos, sino a producir miedo como herramienta de control. Y cuando esa exclusión recae sobre niños y niñas, el problema deja de ser únicamente migratorio para transformarse en una cuestión ética.
Es aquí donde las fronteras que delimitan territorios también se transforman en fronteras éticas. Existen diferencias legítimas respecto de cómo regular la migración, fortalecer fronteras o combatir redes de tráfico de personas. Pero otra cosa muy distinta es utilizar derechos básicos como mecanismos de presión política. La educación y la salud no son privilegios que se conceden según conveniencia administrativa; son derechos fundamentales reconocidos internacionalmente y especialmente protegidos cuando se trata de menores de edad. Se instala la idea de que restringir derechos puede servir como mecanismo de disuasión migratoria, estableciendo límites éticos que una democracia no debiera cruzar.
Muchos de quienes migran llegan a Chile se ven expuestos a su desplazamiento precisamente por contextos donde sus derechos ya fueron vulnerados. Familias que se ven en la necesidad de desplazarse por factores de crisis económicas, violencia, persecución o abandono institucional llegan buscando estabilidad y posibilidades de supervivencia. No migran porque el sistema de salud chileno sea perfecto ni porque las escuelas sean un privilegio extraordinario. Migran porque en sus lugares de origen las condiciones sociales y económicas dejaron de ser sostenibles.
En medio de esos procesos de vulnerabilización, las niñeces migrantes han debido enfrentar desarraigos, quiebres familiares y la pérdida de sus vínculos de sociabilidad de sus lugares de origen. Sin embargo, al llegar al país de destino, vuelven a encontrarse con un Estado que les dice que tampoco aquí tienen derecho a pertenecer plenamente. La revictimización se convierte así en política pública. Cambian los países, pero no la experiencia de exclusión. En pocas palabras, las niñeces migrantes quedan atrapadas entre dos violencias: la que obliga a migrar y la exclusión que enfrentan en el país de llegada.
La vulnerabilización las enfrenta a una profunda contradicción: se les exige integración, adaptación y respeto por las normas, mientras simultáneamente se cierran las puertas que permiten precisamente construir integración y cohesión social. Por eso es importante recuperar una distinción fundamental: regular la migración no es incompatible con respetar los derechos humanos. Un Estado tiene el derecho y el deber de ordenar sus políticas migratorias, controlar ingresos y exigir regularización. Pero ninguna de esas atribuciones implica abandonar el principio básico de protección de las niñeces, el cual debería constituir el mínimo civilizatorio de cualquier democracia.
El autor, Francisco Ramírez Varela, es Trabajador Social, Académico Investigador
