En tiempos de debate presupuestario y candidaturas presidenciales, la discusión pública se llena de cifras y promesas. Todos buscan el dinero que parece faltar, pero pocos se detienen en el agujero invisible por donde se escapa. Según estimaciones de diversas organizaciones internacionales tales como el Banco Mundial y las Naciones Unidas, la corrupción cuesta alrededor del 5% anual del PIB. Es decir, para Chile implica una pérdida aproximada de US$ 16.513 millones cada año. No es una cifra muda: equivale al presupuesto completo de varios ministerios combinados o a duplicar la inversión en salud pública.
Hablar de corrupción no es solo referirse a grandes escándalos judiciales y a indignarse ante la flagrante impunidad. Es también esa erosión cotidiana de la eficiencia del Estado: licitaciones amañadas, sobreprecios, favoritismos más otras sinvergüenzuras. Cada pillería—aunque parezca menor— se traduce en camas que no se abren, medicamentos que no llegan, patrullas que no se renuevan, escuelas que no se reparan. La corrupción es, en realidad, un recorte presupuestario encubierto.
Si a quienes ostentan el poder les da un ataque de decencia y logran reducir este flagelo a un quinto, Chile dispondría de más de US$ 13.000 millones adicionales cada año. No habría que subir impuestos ni endeudarse: bastaría con gastar bien lo que ya se recauda. Esos recursos permitirían acortar las listas de espera hospitalarias, reforzar la vigilancia de las fronteras, mejorar la educación básica y modernizar la infraestructura pública sin necesidad de nuevos tributos.
Los candidatos presidenciales deberían comprometer esta mínima meta con las mismas ganas con que ofertan otras obviedades. Hablar de crecimiento sin hablar de probidad es tan ilusorio como llenar un estanque que tiene fugas. La verdadera reforma del gasto público no comienza con una nueva ley, sino con una cultura de gestión que premie la integridad y castigue el abuso.
Chile no necesita inventar más dinero: ya lo tiene, pero mal usado. Aumentar el presupuesto de la nación no siempre requiere recaudar más, sino perder menos. Combatir la corrupción —con control y castigo— es la política económica más rentable y sencilla del siglo XXI. Porque cada peso que se desvía de su propósito legítimo empobrece a millones.
En vez de fusionar ministerios o subir impuestos, basta con cerrar la caja chica de los malhechores. Para ello tan solo se requiere que cada chileno cuide el dinero público tanto como cuida su bolsillo.
Lucio Cañete Arratia
Facultad Tecnológica
Universidad de Santiago de Chile
