Uno de los hechos que ha dejado en evidencia el desarrollo de la COP-26 es el rol crucial que las y los jóvenes han adquirido en la defensa y protección del medioambiente. Esto no solo se demostró en el reconocimiento institucional que la cumbre les otorgó, al incorporarse un “Programa Jóvenes negociadores” y festejarse un día de “jóvenes y generaciones futuras”, sino que se expresó mayoritariamente en el ámbito de la participación y movilización ciudadana, liderada especialmente por figuras y organizaciones juveniles.
En efecto, frente a las reacciones contradictorias sobre los resultados del acuerdo final adoptado en el evento, lo más destacado de la COP-26 han sido las y los miles de jóvenes que se tomaron las calles de Glasgow para denunciar los reducidos avances en materia medioambiental y exigir acciones inmediatas a las y los líderes mundiales presentes en la cumbre.
Las y los jóvenes chilenos no han sido la excepción en este marco global de defensa del medioambiente, quienes han asumido una serie de iniciativas y de prácticas culturales en sintonía con esta conciencia de protección medioambiental. En este contexto, el actual proceso constituyente es visto por ellos, como la oportunidad más relevante del último tiempo para que nuestro país avance en materias medioambientales, siendo también el momento de reconocer e incorporar la visión juvenil acerca de este tema. Sobre este punto, encontramos una información relevante en el primer informe del proyecto “Voces de Chile”, estudio realizado por la Universidad Católica Silva Henríquez, que busca conocer qué piensan los jóvenes de colegios municipales, particulares subvencionados y particulares no subvencionados de todo el país, en relación con la nueva Constitución.
Dos de los resultados del citado estudio se destacan por su contribución al actual debate medioambiental. En primer lugar, el 98% de los estudiantes encuestados señaló tener una opinión favorable a que la nueva Constitución reconozca el valor propio de la naturaleza y asegure su protección. En segundo lugar, el 97% de los estudiantes encuestados también indicó una opinión favorable a que la nueva Constitución reconozca la protección y los derechos de los animales.
Sin duda, las conclusiones de la encuesta mencionada guardan sintonía con la perspectiva juvenil expresada durante los últimos años en Chile, la que muestra una generación consciente de la necesidad de avanzar hacia instituciones que defiendan el medioambiente. Hablamos de una perspectiva basada en la acción ciudadana y que se posiciona a favor de que la nueva Constitución asegure el reconocimiento y protección de la naturaleza y de derechos medioambientales para la población. Además, estos resultados se relacionan con lo planteado por otros estudios, como la encuesta “Jóvenes y medioambiente” del 2019 que señaló que un 78,4% de las y los jóvenes encuestados considera que sus “acciones individuales tienen consecuencias importantes para el medioambiente” y, por otra parte, la “IX Encuesta de Actitudes hacia el Medio Ambiente UNAB” del 2020, la que indicó el apoyo a incluir el medioambiente como un eje de la nueva Constitución.
En este debate, y dado que nuestro país es uno de los más afectados por el cambio climático en la región, según los índices globales de riesgo climático, al igual que como señalaron las y los jóvenes en la reciente COP-26, necesitamos precisamente que el actual debate constitucional incluya acciones reales, las que dado el tiempo en contra que tenemos, adquieren una mayor urgencia.
Esta necesidad de institucionalizar el cuidado del medioambiente busca ir más allá del impacto de los múltiples esfuerzos personales y grupales que crecientemente que realiza la ciudadanía, los que van desde acciones de reciclaje doméstico, la adopción del vegetarianismo y veganismo por motivos medioambientales, hasta la creciente –aunque mayoritariamente inorgánica– denuncia y difusión a través de redes sociales y medios electrónicos de acciones de maltrato de animal, desvíos de curso de agua y contaminación ambiental de procesos productivos, es decir, de los conflictos medioambientales que se viven en diferentes zonas del país. Sin duda, estas acciones han logrado posicionar estos temas en la agenda pública pero el éxito de estas – según un consenso mayoritario- dependerá de su inclusión en la nueva constitución.
Rodrigo Torres
Académico e Investigador, Universidad Católica Silva Henríquez
